ARMANDO
DURÁN.
La disyuntiva la formuló el propio Nicolás Maduro al denunciar al
empresario Lorenzo Mendoza y al economista Ricardo Hausmann de conspirar con el
FMI contra la economía venezolana, al exigir a las autoridades judiciales
actuar en consecuencia y al advertirles a quienes lo adversan que no se pongan
cómicos. O actúan como opositores (léase, sumisos cooperantes del régimen), o
son contrarrevolucionarios, en cuyo caso irán presos. Amedrentamiento al por
mayor y sin ningún recato.
Lo cierto es que a Maduro no le basta que su CNE impida ilegalmente
algunas incómodas candidaturas de la MUD. Ni siquiera le basta la maniobra de
obligar a renunciar ahora a los magistrados del TSJ cuyos períodos terminan el
próximo año, para que sea esta Asamblea Nacional, no la que surja de las
elecciones de diciembre, la que designe a sus sustitutos, grosera artimaña para
mantener el control absoluto de la justicia en Venezuela, paso imprescindible
para eludir “legalmente” la inevitable derrota del 6-D y sus inciertas
consecuencias. Es en este escenario donde debemos encuadrar su nuevo ataque a
lo poco que queda en pie del sector privado de la economía.
Un tweet publicado hace pocos días trata de desafiar esta penúltima
ofensiva oficial señalando que lo que Venezuela necesita es un empresario que
ponga en orden la economía. Su autor ilustra sus 140 caracteres rebeldes con
una caricatura de Lorenzo Mendoza sosteniendo en alto un paquete de harina PAN.
Mensaje nada críptico para destacar 2 certezas que se han venido adueñando del
ánimo nacional a medida que la crisis se ha hecho más profunda e insoportable:
la escasez de alimentos y medicinas, y la hiperinflación que la acompaña, son
los problemas que abruman a los venezolanos más allá de lo imaginable y los
hace coincidir, al margen de sus preferencias políticas, en la necesidad de una
rectificación a fondo de las políticas económicas.
Se trata de una verdad y de una mentira. En efecto, las decisiones
económicas del gobierno Maduro son la causa de la crisis que devasta a
Venezuela, pero de ningún modo es suya toda la culpa, pues la política
económica de su gobierno apenas es la continuación fiel de las que aplicó Hugo
Chávez desde que se instaló en Miraflores. Por otra parte, no se trata de
políticas públicas disparatadas, gestionadas por gobernantes incapaces, sino la
expresión cabal de un proyecto político que se fundamenta en concepciones
esenciales del Estado totalitario según la más ortodoxa doctrina
marxista-leninista, todo lo apolillada que se quiera, pero doctrina
marxista-leninista al fin y al cabo, cuya meta es el gobierno unipersonal y
antidemocrático, la expropiación de los medios de producción, la lucha de
clases y el fin de la dictadura de la burguesía.
De esta línea de acción se desprenden dos ingratas conclusiones. La
primera es que la requerida rectificación económica, sin la cual resulta
imposible superar el desastre actual, es impracticable mientras no se sustituya
el sistema político de la llamada quinta república por otro, que posea los
perfiles de lo que para entendernos podríamos calificar de democracia liberal.
La segunda, que el régimen no puede ceder ni un ápice de su poder en estas
elecciones ni en ninguna otra, porque hacerlo equivaldría a propiciar una
insuperable contradicción teórica y práctica. Como la que fulminó a la
revolución sandinista en las elecciones de 1990, ganadas por la opositora
Violeta Chamorro, porque Daniel Ortega se negó a escuchar las reiteras
advertencias de Fidel Castro de no contarse en las urnas.
Esta realidad ha
llevado a Maduro a declararle la guerra al último gran grupo económico privado
que queda en el país y a reiterar que la revolución ganará estas elecciones (y,
por supuesto, las que vengan, si es que vienen) “como sea”, porque a Venezuela
solo la “pueden gobernar los revolucionarios”. Las dos auténticas y ominosas
caras de la moneda chavista. Lo demás, queridos lectores, es pura paja.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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