Gobierno reprime críticas con procesos judiciales y económicos

En:  http://www.lapatilla.com/site/2013/08/11/gobierno-reprime-critica-de-medios-y-periodistas-con-procesos-judiciales-y-economicos/

Una nueva forma de hegemonía comunicacional está surgiendo. Los investigadores Marcelino Bisbal y Andrés Cañizález coinciden en que el control de los medios de comunicación no puede medirse sólo por el número de medios en manos del Estado o de una entidad política. La aplicación de medidas administrativas, judiciales y económicas contra los medios particulares por el Gobierno constituye un mecanismo de dominación.
“La política comunicacional del Gobierno es reprimir la crítica a través de procesos judiciales y económicos”, afirma Cañizález, profesor e investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB. “La presencia del sector privado en los medios es notable respecto al sistema de medios de propiedad estatal, pero los medios privados operan bajo un esquema no libre, con fuertes presiones y controles, incluso en el ámbito de los contenidos”.
Bisbal considera que varias leyes y procedimientos jurídicos impulsados por el Gobierno se configuran para “generar mecanismos de autocensura e intimidación, tanto en los medios como en sus profesionales de la comunicación”.
Esta semana, el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela publicó un estudio que coincide con la apreciación de Bisbal. Señala que el “uso desproporcionado del poder estatal, a través de mecanismos legales”, se ha empleado para limitar la labor de “periodistas y medios de comunicación privados e independientes en varias entidades del país en los últimos meses de 2013”. El estudio se refiere a los casos del Correo del Caroní en el estado Bolívar y el diario La Mañana en el estado Falcón, donde se ha denunciado censura en ciertos contenidos por autoridades judiciales.
También menciona las acciones contra los periodistas Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, y Leonardo León, locutor de ULA 107.7 FM y corresponsal del diario El Nacional en Mérida, acusados de difamación, así como los señalamientos y citación a un tribunal al periodista Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director de la página web runrun.es. Este balance no incluía la multa y prohibición de publicación de imágenes de violencia impuestas a El Nacional y Tal Cual el jueves por la publicación de una foto en 2010 que mostraba el estado de la morgue de Bello Monte.
“El debate sobre los medios es más amplio de lo que quieren hacer ver. Los dueños de los medios burgueses no fueron electos por el pueblo. Entonces, ¿por qué ellos son los que deben dirigir la agenda? En cambio, el Presidente, elegido por la mayoría, tiene más pertinencia a la hora de elegir los temas que se deben discutir”, asegura Alberto Aranguibel, investigador en comunicación, en defensa de la “política” del Gobierno hacia los medios.
Cañizales recuerda que la función de los medios, más que surgir de un proceso de legitimación electoral, es fiscalizar el poder. “La naturaleza de un medio de comunicación es contener los desafueros del poder. Por eso se dice que un medio debe ser independiente y autónomo para tener esa función contralora”.
Palabras intimidatorias. En una investigación reciente, Bisbal presenta una radiografía de la situación de los medios en Venezuela en los últimos 14 años, y analiza tres aspectos: libertad de expresión, marco regulatorio e inventario de las entidades comunicacionales privadas y estatales.
En relación con la libertad de expresión, en el texto se describen varios episodios de presión desde 2002. “La prensa y sus periodistas sólo han recibido palabras intimidatorias, ofensivas y descalificadoras por sus posiciones críticas y mucho más por la agenda privilegiada que le habían concedido a los temas como delincuencia, costo de la vida, hechos de violencia, crimen, inseguridad y crítica a la gestión gubernamental. Desde 2010 se dan decisiones judiciales que representaron clara censura hacia algunos medios impresos. En agosto de ese año, el diario El Nacional publicó en primera plana una foto que mostraba un grupo de cadáveres desnudos acumulados en mesones y en el suelo de la morgue de Caracas, y un tribunal le dicta una orden judicial que le prohíbe ‘publicar imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror y agresiones físicas”.
Leer más: El Nacional