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Primero insulta —miserables, balurdos, dijo de los periodistas— y acto seguido se declara “comunicador” y le pide al sindicato de la prensa que salga en su defensa. En vez de gobernar Diosdado Cabello conduce un programa en la televisión pública secuestrada por el poder. Cuando se trata de ejercer de ministro del Interior, su cargo nominal, siempre llega tarde. El 3 de enero se uniformó, cogió el chaleco y un fusil, convocó a unos cuantos más y grabó un video mientras Maduro y Cilia esposados ya iban rumbo a Estados Unidos. Infinidad de testimonios posteriores al doblete sísmico del 24 de junio desnudan la incapacidad de las instituciones públicas y de la cúpula al mando para actuar rápido y de manera coordinada y eficiente para proteger a la población, como lo ratifica la Conferencia Episcopal Venezolana.
Antes del 3 de enero, Cabello hubiera ordenado encarcelar a los periodistas —y ciudadanos comunes— que contradijeran la línea oficial sobre la cobertura de los terremotos. El jefe de la furia bolivariana y gran censor de los medios está reducido a un “denunciador” en su espacio televisivo. Eso sí, con audiencia en vivo en el estudio, algunos aún con franelas rojas, y más con uniformes militares. Así se responde a la emergencia nacional.
El ministro del mazo pretende ser juez y parte. Ministro y comunicador a la vez. No es lo uno ni lo otro, pero sí uno de los responsables de la destrucción del sistema comunicacional público y privado del país. Un buen número de medios siguen bloqueados y, aunque los periodistas han vuelto a las calles a buscar información, el temor a las represalias de las supuestas autoridades y de sus grupos de choque y de redes de difamación al servicio del poder sigue intacto.
Los ataques permanentes del ministro al periodismo y a los medios, además de amedrentar, persiguen implantar una realidad alternativa frente al desastre evidenciado por los sismos del 24 de junio. Primero, en la responsabilidad sobre edificaciones desplomadas o seriamente dañadas en la zona cero de la tragedia, construidas con prisas políticas que desatendieron un plan de reordenamiento que se engavetó; segundo, la paralización de los organismos públicos para responder con prontitud a la emergencia.
Quienes están al mando del país no gobiernan. Su principal preocupación es como conservan el poder, a lo que queda supeditado toda la actividad pública. El régimen es responsable de las grandes desgracias del país, por acción y omisión; de la represión de los ciudadanos; de la desaparición de las libertades consagradas en la Constitución; de expulsar a millones de venezolanos de su patria, de la demolición institucional del Estado y del aprovechamiento criminal de las riquezas del país para provecho propio.
