EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/07/el-mundo-al-reves-la-cpi-persigue-al-pueblo-venezolano/
El canciller nombrado por Delcy Rodríguez, de nombre Félix Plasencia, dirigió una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas siguiendo instrucciones de la interina para notificar “de manera firma e irrevocable” la denuncia del Estatuto de Roma e iniciar el retiro de la Corte Penal Internacional (CPI). Todo en consonancia con el artículo 127 del Estatuto, que dispone ese procedimiento. Se desconoce si Plasencia leyó el artículo siguiente, el 128, donde se lee:
“La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto…”. La denuncia tarda un año en tener efecto y las investigaciones en la CPI sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela comenzaron en 2018 y de manera formal en 2021.
Al diligente Plasencia le pareció oportuno difundir el pasado 24 de julio -al conmemorarse un mes del doblete sísmico- su comunicación a las Naciones Unidas en la que él, Delcy y toda la cúpula del régimen se desentienden de las miles de víctimas de la represión oficial. La justicia es otra cosa, dice Plasencia siguiendo instrucciones.
No fue eso lo que pensó el presidente Hugo Chávez en junio del año 2000 cuando ordenó ratificar la adhesión al Estatuto de Roma. No es una herencia de la maldecida cuarta república. Hace 27 años, el afiebrado comandante era el titán de los derechos humanos y de la justicia social. ¿Cómo no iba a estar Venezuela en la CPI?, y más cuando Estados Unidos, que firmó el documento fundacional, nunca lo ratificó. Ahora los caminos de uno y otro país se encuentran: Marco Rubio quiere desmantelar la CPI y Delcy se arrima presurosa.
Plasencia en su post para las redes sociales -dictado por Delcy o de cosecha propia- sostiene que la actuación de la CPI “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano”. La sentencia del funcionario o de la jefa se puede interpretar de dos maneras: una, la CPI es la que manejaba los cuerpos represivos del Estado y sus execrables cárceles; otra, la CPI no hizo lo suficiente para castigar a los responsables de “perpetuar la persecución del pueblo venezolano”. Es decir, los que están más arriba de Plasencia. Si pensara lo segundo, tendría razón y su cargo estaría en peligro.
La denuncia del Estatuto es una prueba más de las intenciones perversas de quienes mandan. Jorge Rodríguez rechazó -hasta que Washington lo aplacó- cualquier conversación política con la oposición compungido como decía estar por el dolor de las víctimas de los terremotos. Pero le quieren echar tierra a los miles de testimonios consignados ante la CPI que configuran un grueso expediente de denuncia de crímenes de lesa humanidad.
