Charito Rojas
14 Agosto, 2013
“Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma”. Sir Philip Gibbs (1877 – 1962), novelista y periodista inglés, fue uno de los cinco oficiales británicos que sirvieron como corresponsales en la Primera Guerra Mundial.
Si hay un terrible defecto en el corazón humano, ese es la ingratitud, definida como “desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos”. Nada habla mejor de la calidad de las personas que el agradecimiento a quienes lo han ayudado. Por eso este artículo se refiere a lo desagradecidos que son el finado, sus correligionarios y ese evento que llaman “revolución bolivariana” con esta Venezuela amplia, generosa, que les dio cabida aun habiendo cometido pecado mortal.
Y desde que llegaron al poder, no han mostrado un ápice de agradecimiento. El comandante llamó “moribunda” a la misma Constitución que le permitía estar asumiendo la Presidencia después de tanta conspiración y golpe. Los venezolanos olvidaron los más de 350 muertos, soldados y civiles, víctimas de las asonadas de 1992. Ese fue el precedente de ingratitud hacia un país que le dio estudios, que lo hizo militar y le dio la oportunidad de llegar al máximo cargo de elección popular.
En 14 años que se mantuvo en el poder ni una vez mostró tolerancia, compasión, piedad y mucho menos gratitud, hacia este pueblo noble. Menos aún si se trataba de opositores. Sin piedad, desguazó la industria petrolera y echó a la calle a 20.000 venezolanos, el 70% de un capital humano formado durante años a costa de Pdvsa. Los resultados, a la vista: miles de calificados petroleros laboran para empresas de otros países haciéndolas resurgir, como en el caso de Colombia, Ecuador y Panamá. Otro resultado del pitazo impío del despido: 41 accidentes mayores, con saldo de muertos, heridos y daños severos en instalaciones y transportes petroleros.
El autoproclamado “Corazón de mi Patria” no se conmovió ante las gigantescas manifestaciones de millones de ciudadanos venezolanos quienes le pedían rectificación. Las muertes, pérdidas de carreras militares, heridos, exiliados, no le perturbaron en absoluto. Como no le quitaron el sueño la protesta de los expropiados, de quienes de un plumazo perdieron el esfuerzo de una vida. Esos ciudadanos venezolanos no eran de su interés, ya que su única motivación era permanecer en el poder a costa de lo que fuese. Y encontró el camino: tomar todos los poderes a través del aceite que afloja todo: el botín. Engordados los poderes, reinó sin piedad hasta que Dios le dio chance. Seguramente en el camino de la eternidad se encontró con Keyla, la muchacha de 17 años asesinada de un balazo en la Plaza Altamira. O con Franklin Brito, que con generosidad lo invitaría a tomarse al menos un café.
Escribimos estas líneas porque no queremos que se tope con Simonovis. El Comisario espera, con su salud deteriorada, una medida humanitaria; hasta el mismo corazón de cemento de José Vicente Rangel se ha dado cuenta que es un peligro para la estabilidad del régimen que el comisario se les muera en la cárcel.
Por los sucesos de abril de 2002, fueron detenidos ocho funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero y el entonces secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas Iván Simonovis. Un juicio de varios años y muchas incidencias: 230 audiencias, 265 experticias, 5700 fotos y 20 vídeos, 198 testigos y 48 expertos. Finalmente el 3 de abril de 2009, la jueza 4ª del estado Aragua, Maryorie Calderón, junto a tres escabinos, dictó sentencia, condenando a 30 años de prisión a los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.
Es curioso que la juez los condenara por presuntamente ser responsables de la muerte de dos ciudadanos en Puente Llaguno, cuando la escena del crimen no fue preservada y todas las pruebas fueron circunstanciales. La juez recurrió a la figura de la “complicidad correspectiva” prevista en el artículo 421 del Código Penal, la cual permite a los tribunales enviar a la cárcel a un grupo de sospechosos de un delito, aún cuando no se hayan podido individualizar las responsabilidades. Haciendo maromas legales, les dio la pena máxima de 30 años, un exabrupto que hoy se estudia como caso insólito en las universidades.
Los comisarios fueron encerrados en celdas de la DIM bajo condiciones penosas, sin luz solar, sin atención médica oportuna, sin visitas conyugales. Eran los presos de la furia de un golpista perdonado que castigaba así a quienes osaban retar su poder.
En este país de sordos, ninguna instancia legal osaba interceder por tamaña injusticia. Como dijo Simonovis: “No estoy envejeciendo, me estoy muriendo”. Forero y Vivas, víctimas de enfermedades mortales, obtuvieron de los tribunales una medida de casa por cárcel. Pero Simonovis continuó en un encierro que ya cumple 9 años. Su inocencia ha sido demostrada en todas las etapas del juicio, pero fue la declaración jurada y enviada desde Costa Rica por el fugado Magistrado del TSJ Eladio Aponte Aponte, la que dio luces de la verdad sobre este caso.
El Magistrado confesó cómo se había resuelto el recurso de Casación introducido por los comisarios en esa instancia: “La orden que expresamente me dio el Presidente Chávez era “Salir de eso de inmediato sin más tardanza” “Condénelos de una vez” así lo hice, y al tener el proyecto lo firmamos el 18 de mayo de 2010 y se publicó el fallo el 21 de mayo, sentencia 173 con la aprobación mía, Deyanira Nieves, Miriam Morando y Héctor Coronado Flores, y a cada uno de ellos les hice saber, que esa era la orden de Chávez por lo que se apresuraron a firmar. Salvo el voto de Blanca Rosa Mármol.” Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas.
La actual Fiscal Luisa Ortega Díaz, cercana colaboradora del finado comandante, fue quien presentó la acusación contra los tres comisarios, cuando ella era Fiscal 6ª con competencia nacional. Ha declarado en innumerables ocasiones que en el caso de los comisarios no procede la amnistía porque cometieron delitos de lesa humanidad, cuando en realidad fueron condenados por homicidio y lesiones. La Juez Maryorie Calderón tiene vínculos innegables con el Psuv, partido en el cual su esposo es dirigente en Aragua. La Fiscal acusadora es Haifa El Aissami, hermana del ex ministro y actual gobernador de Aragua Tarek El Aissami.
Todos los pistoleros que aparecían en las declaraciones, vídeos y gráficas, disparando contra la oposición, fueron absueltos, declarados “héroes de la revolución” y Puente Llaguno declarado “sitio histórico”. Los responsables de la muerte de las 17 víctimas restantes y de los más de 100 heridos, no han sido determinados.
Durante el juicio no se encontró ni una sola prueba concluyente que demostrara que los comisarios hubiesen dado órdenes a sus subalternos de disparar contra la ciudadanía. Ninguno de los 198 testigos del juicio atribuyó responsabilidad a ninguno de los acusados.
Iván Antonio Simonovis Aranguren nació el 3 de marzo de 1950, nieto Honorio Aranguren, fundador de la PTJ (ahora Cicpc) e hijo de César Simonovis, funcionario de larga data del mismo cuerpo. Es experto en criminología y seguridad con instrucción nacional e internacional. Perteneció al Grupo BAE (Brigada de Asuntos Especiales). Es uno de los policías mejor formados del país, cuya carrera se vio truncada el 22 de noviembre de 2004, cuando es detenido en el Aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, por efectivos de la Disip. Allí comenzó su calvario de este juicio injusto e interminable y también el de su familia, que ha sufrido su ausencia. Iván Simonovis es considerado prisionero político por Human Rights Foundation y otras organizaciones que defienden los derechos humanos.
Hace pocos días, Simonovis estuvo al borde de la muerte, producto de una peritonitis biliar, que no fue diagnosticada ni atendida a tiempo. El mismo día del alta, fue enviado de regreso a Ramo Verde, donde no tiene los cuidados y la dieta que su frágil salud exigen.
Y esa es la diferencia vital entre democracia y revolución. Un Presidente democrático, presionado por las fuerzas vivas y la opinión pública echó mano de la Constitución para liberar a los comandantes golpistas, que habían cumplido apenas dos años en una prisión donde vivían cómodos, recibían visitas a toda hora, incluso conyugales, tenían acceso a tv, teléfono, eran entrevistados libremente. Pero a los Presidentes revolucionarios no les da su real gana de amnistiar a quienes ellos saben muy bien que están allí por razones políticas, pues no tienen ningún hecho penal comprobado. Oídos y corazón impenetrables al dolor ajeno, los opositores para ellos no son gente, no son venezolanos, nada merecen.
El finado no pagó por los 350 muertos ni por el golpe. Su causa fue sobreseída, que es la figura legal cuando el reo no ha sido sentenciado, en cuyo caso sí procede un indulto. El comandante golpista no estaba enfermo, no tenía un juicio injusto (ni siquiera habían comenzando las actuaciones), no había razones humanitarias. Su libertad pese a su más que probado delito, debía ser razón de gratitud suficiente hacia la democracia y hacia este país de gente tan noble como olvidadiza. Pero de ingratos revolucionarios está empedrado el camino del infierno.
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