En: http://www.lapatilla.com/site/2014/12/23/oficialismo-violo-nuevamente-la-constitucion-para-garantizar-poderes-publicos-a-su-medida/
La fracción parlamentaria del PSUV, encabezada por Diosdado Cabello,
impuso su mayoría para seleccionar a sus candidatos como titulares de
los principales organismos encargados de hacer cumplir las leyes y
garantizar el respeto a la Constitución y los derechos humanos en
nuestro país: la Fiscalía General de la República, la Contraloría
General de la República y la Defensoría del Pueblo, publica Correo del Caroní.
La decisión del partido de gobierno ha sido respaldada por un fallo
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconocido hasta este lunes
cuando fue leído por Cabello, en el que interpreta a favor del Ejecutivo
y a espaldas del pueblo el artículo 279 de la Constitución, el cual
establece que la designación del Poder Ciudadano pasa por la aprobación
de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Por tanto, la escogencia de Luisa Ortega Díaz para seguir al frente
de la Fiscalía, así como la de Tarek William Saab (defensor del Pueblo) y
Manuel Galindo Ballesteros (contralor), entra en clara contradicción
con el principio de la independencia de los poderes consagrada en la
Carta Magna de 1999.
La arbitrariedad para “renovar” el Poder Ciudadano es la respuesta
que da el oficialismo a un país altamente polarizado y que aspira a
resolver sus diferencias en paz y con estricto apego a las leyes.
A la 1:10 de la tarde, con tres horas y 10 minutos de retraso, como
especificó el diputado Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar), comenzó
este lunes, en la Asamblea Nacional, la sesión en la cual se iban a
escoger a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (31
candidatos), de la Defensoría del Pueblo (43), de la Contraloría General
de la República (22), de la Fiscalía General de la República (3) y del
Tribunal Supremo de Justicia (184).
La institucionalidad, se supone, en pleno. O lo que debía ser eso,
pues ya un retraso de tres horas indicaba que había cuerdas desafinadas,
una falla en los motores: que esa pretendida institucionalidad, a fin
de cuentas, voló a la sesión con un plomo en el ala.
Comenzó, entonces, el debate. Dimes, diretes y los rigores
polarizados consuetudinarios. Pero no pudo hacer mucho la oposición:
institucionalidad debía ser la palabra imperante. Pero imperó otra:
PSUV. ¿Cómo? Con lo que logró el oficialismo: la designación de Luisa
Ortega Díaz, Tarek William Saab, y Manuel Galindo como fiscal general de
la República, defensor del Pueblo y contralor general, respectivamente.
Poderes enrojecidos
Basta revisar sus fichas. Tarek William Saab, por ejemplo, se erigió
en las postrimerías de Yare como impulsor del ascenso de Hugo Chávez.
Luego fue electo como constituyente identificado con el oficialismo y,
con el mismo añadido, como gobernador de Anzoátegui en 2004 y en 2008.
Manuel Galindo Ballesteros, nuevo contralor general, presenta como
credenciales su paso por la consultoría jurídica de la Asamblea
Nacional, como substituto de Cilia Flores en la Procuraduría General de
la República y como exdirector de Talento Humano de Corpoelec.
Vociferaciones palaciegas resaltan su afinidad con la pareja
presidencial, lo que determinó su favoritismo en la lista que, para ese
cargo, presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Con Luisa Ortega Díaz la historia no difiere mucho: cercana del
fallecido Hugo Chávez, prestó servicios como consultora jurídica de
Venezolana de Televisión hasta que en 2002 ingresó en el Ministerio
Público. El 13 de diciembre de 2007 (con el control absoluto del
oficialismo en la Asamblea Nacional) fue designada fiscal general de la
República. Se recalca: los tres nombres encabezaron las listas del
Partido Socialista Unido de Venezuela en la sesión de este lunes.
Asuntos pendientes
El pecado original de la juramentación de este lunes radicó en el
hecho de que otra debía ser la modalidad de escogencia: el Consejo Moral
Republicano que, justamente, preside la misma Luisa Ortega Díaz.
¿Qué dijo Ortega Díaz? A finales de noviembre alegó que no hubo
consenso para la designación del Comité de Evaluación de Postulaciones
del Poder Ciudadano. Sin embargo, la Constitución, en el artículo 279,
establece que el consejo está obligado a designar al comité.
La historia es conocida: no fue así. Y hubo, por tanto, una violación
a la Constitución, que prevé que debe ser el Consejo Moral Republicano
el que convoque al Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder
Ciudadano. ¿A quién le correspondía? A Luisa Ortega Díaz, que fue
ratificada como titular del Ministerio Público.
La AN tendrá incidencia en el proceso de la lista de nombres que
debió emitir el Comité de Evaluación. El Parlamento escogerá, pues, en
un lapso no mayor de 30 días continuos y con dos terceras partes, al
titular del Poder Ciudadano. Si ello no ocurre, el CNE procederá a la
consulta pública de la terna.
El artículo 279 estipula que si el Comité de Evaluación de
Postulaciones del Poder Ciudadano no fue convocado, “la Asamblea
Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la
designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano
correspondiente”.
Ocurrió, entonces, que todo quedó en manos de la Asamblea Nacional:
en la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, luego de una
interpretación exprés del 279 por parte del Tribunal Supremo de
Justicia, que le otorgó al Parlamento la potestad de designar al Poder
Ciudadano con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno, pues, el
último apartado deja el vacío sobre el mínimo de votos requerido de los
diputados. Así ocurrió.
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