Provea
Provea ha diagnosticado que junto
con la situación de pobreza de una gran cantidad de venezolano, la impunidad
constituye uno de los grandes problemas de violación a los derechos humanos del
país.
El irregular funcionamiento del
sistema de administración de justicia crea las condiciones para que ni se
sancionen delitos ni para el castigo a las violaciones.
Como varias organizaciones hemos
insistido, uno de los elementos que no es el único- de esta situación tiene
que ver con la ausencia de independencia del poder judicial respecto al
ejecutivo.
La propia Fiscal General, que
debería mantener una conducta institucional e imparcial, emite permanentemente
mensajes que reiteran su adhesión al proyecto político sentado en la silla de
Miraflores.
Uno de los últimos lo constituyó
la comunicación que Luisa Ortega Díaz envió a Amnistía Internacional, el pasado
18 de febrero, y que ella misma hizo pública a través de su cuenta en la red
social twitter. El contenido y sentido de la comunicación escandalizaría a
cualquier estudiante de primer año de derecho.
Por motivos de espacio sólo
citaremos algunos de los párrafos: "(...) entiendo que conocen que la
institucionalidad democrática del país, y la sociedad en general, se han visto
afectadas por planes políticos injerencistas de los cuales son participes
sectores nacionales e internacionales (...).
En ese marco geopolítico que
atenta contra nuestra soberanía dirigentes de algunos factores políticos
venezolanos, en el mes de febrero del año 2014, llamaron a acciones de calle,
señalando que las mismas se mantendrían hasta tanto fuese depuesto el gobierno
legítimamente instaurado en Venezuela.
Para ello mantuvieron durante
meses barricadas en algunas zonas de Caracas, así como en otros estados del
país, desde los cuales generaron múltiples hechos violentos y delictivos que
afectaron la vida, causaron lesiones a numerosas personas y daños a bienes e
instituciones del Estado, entre ellos la sede principal del Ministerio Público
(...)
Ese llamado, así como las
acciones que le sucedieron (subrayado nuestro), se encuadran jurídicamente
dentro de diversos tipos penales, tales como homicidio, lesiones, asociación
para delinquir, instigación para delinquir y daño a la propiedad pública y privada
(...)
Es importante señalar que la
interrupción del libre tránsito trae consigo un obstáculo que atenta contra el
derecho a la salud de numerosos ciudadanos, para otros constituye un
inconveniente insalvable (subrayado nuestro) en el ejercicio del derecho al
trabajo y a la educación.
Durante el desarrollo de estos
hechos violentos, aquellas personas que hicieron algún tipo de esfuerzo para
superar esos escollos fueron asesinados y otros lesionados (subrayado
nuestro)".
La Fiscal confunde, uno no sabe
si deliberadamente, la naturaleza del trabajo de una organización como Amnistía
Internacional: Ocuparse de las violaciones a los derechos humanos, una
situación claramente diferente de los delitos que puedan cometer los ciudadanos.
Díaz le exige a Amnistía que
dedique esfuerzos en objetivos diferentes a los establecidos por la ONG. Como
si la carta en sí misma no fuera el mayor elemento de prueba de la escasa
imparcialidad de la funcionaria, la misma aseguró en su comunicación:
"(...) Otro tema (...) es el relativo a la independencia de la
administración de justicia en Venezuela. Al respecto, conviene señalar que la
Constitución delimita muy bien la independencia de los órganos que conforman el
sistema de justicia (...) debemos calificar de propaganda política, con fines
desestabilizadores, los cuestionamientos infundados sobre el sistema de
justicia penal en Venezuela".
Cuando se cumple un año del
inicio del ciclo de protestas, en apenas uno de los 43 casos de pérdidas de
vida reconocido por la Fiscalía, sus responsables han tenido una sentencia
firme en tribunales.
Ni siquiera las personas
agrupadas en el llamado "Comité contra las Guarimbas" han recibido
una respuesta satisfactoria del Ministerio Público. La impunidad en Venezuela
es de naturaleza estructural, y la falta de independencia de quien ejerce la
rectoría, la perpetúa.
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