Salvatore Lucchese aseguró
que quienes se oponen al gobierno son llevados allí porque los custodios siguen
“ordenes de arriba”
MARÍA
VICTORIA FERMÍN K.
En la
cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, han sido recluidos en el
último año al menos una docena de civiles y militares que se oponen al gobierno
de Nicolás Maduro. Los acusan de crímenes contra el Estado.
Salvatore
Lucchese considera que la razón de ello es muy clara: las facilidades para el
aislamiento y los castigos. El ex director de la policía municipal de San
Diego, en Carabobo, basa su opinión en hechos, pues estuvo detenido en ese
penal durante 10 meses y 15 días.
“Allí nos
podían torturar física y mentalmente, mientras que en el Sebin, lugar de
reclusión que establecía la boleta de mi sentencia, pero donde estuve menos de
una hora, de repente se les haría más difícil porque había muchos más detenidos
y no hallaban cómo separarnos del resto de la población que está ahí
injustamente”, dijo.
Lucchese,
condenado por incurrir en desacato al no prohibir que se trancaran las calles
de San Diego durante las protestas de 2014 en el país, según determinó el
Tribunal Supremo de Justicia, recordó que a él, al dirigente de Voluntad
Popular Leopoldo López y a los ex alcaldes de San Cristóbal y San Diego Daniel
Ceballos y Enzo Scarano no se le permitía comunicarse de ninguna manera con
resto de los 160 privados de libertad en el ala principal del penal.
El
comisario, que se identificó no como enemigo sino como adversario del régimen
de Maduro, precisó que cuando los directores del centro actuaban arbitrariamente
les aseguraban a él y a sus compañeros que cumplían órdenes de sus superiores.
“Yo no sé
si era Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o quién; lo único que decían los
custodios era que las órdenes venían de arriba. Les preguntábamos: ¿de arriba
de dónde?”. Su hipótesis es que los dictámenes eran formulados en esferas del
Ministerio de la Defensa, que depende del Ejecutivo. “A menos que exista otra
azotea que nosotros no conozcamos”, expresó.
La tesis
podría fortalecerse al recordar que en febrero pasado, cuando los expresidentes
de Chile y Colombia Sebastián Piñera y Andrés Pastrana intentaron visitar a los
presos políticos en ese centro se les prohibió luego de que, vía telefónica, el
vicepresidente Jorge Arreaza negara la entrada.
Por
seguridad. El presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto
Prado, advirtió que la decisión de no trasladar a los presos políticos a
otro centro penitenciario pudiera implicar la intención de “aplicarle una al
preso”.
“No es
igual el trato de un militar hacia un civil, que el que se desarrolla entre
civiles. En el primer caso se habla de un individuo formado para la guerra
frente a una persona que está vencida y detenida. En el segundo escenario se
presume que el civil se capacita para reintegrar al preso a la sociedad a
través de la educación y no de la represión”, explicó.
El
abogado señaló que el traslado de estos ciudadanos a Ramo Verde fue arbitrario
y se salta la norma, pues según las leyes debieron haber sido enviados a un
establecimiento carcelario civil dentro de la jurisdicción en la que se presume
cometieron el delito.
Prado
refirió que el gobierno justifica la decisión por “la seguridad de estos
presos”, lo cual desde su punto de vista solo revela el temor de no poder
garantizarles la vida en otras instituciones porque “todos los días muere un
interno en Venezuela”. Destaca la necesidad de que se habiliten centro para
recluir a ciudadanos con este perfil.
La
organización Venezuela Awareness Foundation calcula que en el país hay
128 presos políticos, incluidos quienes tienen casa por cárcel desde el
gobierno de Hugo Chávez hasta la fecha.
La
presidente de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, expuso
que en esa cárcel operan todos los códigos de funcionamiento de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana: superioridad, obediencia y subordinación, y que en
el caso de los civiles siempre está en juego la posibilidad de que resulten
afectados psicológicamente.
“Es un
esquema presente en casi todas las prisiones de alta seguridad en Venezuela para
presos políticos, disidentes opositores, como yo las califico que son Ramo
Verde, Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, dijo. Opinó
que es evidente el aumento de presos políticos en los últimos años y que “la
utilización de Ramo Verde con estos fines quedará como un emblema dentro de la
quinta república”.
Coincide
en que el Estado desconfía de lo que pudiese suceder con estos privados de
libertad en otros penales. Sin embargo, señaló que el gobierno puede estar
consintiendo la vulneración de los derechos humanos que han denunciando los
detenidos en Ramo Verde y quienes fueron liberados.
Las
cifras. 160 privados de libertad habría
en Ramo Verde, según dijeron custodios al comisario Salvatore Lucchese.
128
presos políticos cuenta la organización Venezuela Awareness Foundation en el
país desde el gobierno de Hugo Chávez.
Para uniformados. El Centro Nacional de Procesados
Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, fue edificado en una colina
del sector homónimo en los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Andrés
Pérez y la gestión en el Ministerio de la Defensa del general Iván Darío
Jiménez, precisó el general Carlos Alfonso Jiménez, que estuvo casi dos años en
el penal por participar en una manifestación en diciembre de 2002, durante el
paro petrolero.
El ex
ministro de la Defensa Fernando Ochoa Antich explicó que a ese tipo de centros
eran enviados militares acusados de deserción, insubordinación o, por ejemplo,
el robo de un arma. Aseguró que entonces, cuando existían los departamentos de
procesados militares, se les garantizaba a los presos sus derechos
humanos.
Sobre la evolución de la dinámica
de la cárcel la hermana María José González, miembro de la organización
religiosa cristiana Caritas de Los Teques y que junto con su equipo ha hecho
acompañamiento de los presos en el penal en los últimos 11 años, señaló que
desde la llegada de Leopoldo López hace un año han aplicado más restricciones a
su grupo, que ahora solo puede permanecer en el área de la capilla. Además, han
puesto más normas en las requisas y les filman todas las misas.
Vía El Nacional
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