MARIANELLA
SALAZAR.
El fin del lodazal autoritario
está próximo, y me temo que “nuestros” felones no podrán escaparse de la furia
incontenible de un pueblo harto y decepcionado. Basta hacer un recorrido por la
historia para saber cómo terminaron los tiranos: en el mejor de los casos,
sentados en el banquillo de los acusados ante una corte internacional.
En Venezuela, a la salida del
dictador Marcos Pérez Jiménez, no solo sus propiedades fueron saqueadas y
confiscadas, sino las de casi todos sus funcionarios y colaboradores. Hay
registros audiovisuales de lo que fue aquella reacción incontenible del pueblo
en las calles. Al término de un período de odio siempre aparecen los pases de
factura.
Los odios tan macerados durante
esta larga revolución bolivariana copan la escena. Uno ve que la bestia acecha,
avanza, uno ve que el mal se va apoderando completamente del ser o de quienes
manejan las instituciones fundamentales y que pasados ciertos límites ya no se
detienen. Por eso el gobierno de Maduro se ha ganado el reconocimiento en la
comunidad internacional de ser una dictadura de facto. Las exigencias a
restaurar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos ya no son
diplomáticas protestas de ritual, salvo el combo de Unasur, cuyas
expresiones de confianza en la justicia bolivariana son puro sarcasmo, los
verdaderos líderes demócratas le hacen ascos al dúo Maduro-Cabello. La
arbitrariedad del poder único se impone y es lo único que cuenta en Venezuela,
¡por ahora!
El entramado judicial de
funcionarios, fiscales y jueces provisorios que para mantenerse en el cargo
mandan a la guillotina a inocentes, como al líder de Voluntad Popular, Leopoldo
López, condenado a casi 14 años de prisión, y las otras detenciones arbitrarias
de dirigentes políticos, estudiantes, tuiteros, militares que están en la
cárcel con pruebas amañadas son un mecanismo perverso para dejar fuera de
combate político a todo opositor que se movilice sin violencia.
Con la atrocidad cometida contra
el líder opositor Leopoldo López la caída del régimen es irreversible. La
indignación que ha generado es un combustible para derrotarlos en las
elecciones del próximo 6 de diciembre, cuando empezaremos a construir un país
nuevo, sin discriminaciones, donde todos podamos hablar libremente y criticar
sin miedo a ser arrestados.
Antonio Ledezma
El próximo martes 22 de
septiembre está fijada la audiencia preliminar en el juicio al alcalde
metropolitano, Antonio Ledezma. El Código Procesal Penal obliga a celebrarla
dentro de los 20 días siguientes a la acusación fiscal. ¡Pero al carrizo! Aquí
la única ley es que no hay ley. En el caso Ledezma, el plazo expiró el 26 de
abril y el juez aduce que no ha podido realizar la audiencia, porque las
autoridades policiales no han trasladado a Ledezma y a otros acusados a la sede
de su tribunal. Ser oído es un derecho elemental de todo procesado judicial. ¿Y
cómo puede ser oída una persona si se le niega, con insólitas argucias, la
apertura del acto que la ley le otorga?
Uno de los supuestos testigos de
cargo contra Ledezma, el coronel José Gustavo Arocha, ha denunciado que fue
torturado en el Sebin para que suscribiera un acta en la que inculpó a
numerosos disidentes. El otro testigo, Rodolfo González, antes de suicidarse a
causa de los tormentos infligidos en los calabozos de la policía política
bolivariana, declaró ante un juez que la famosa fiscal Katherine Harrington,
hoy convertida en viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, le
ofreció su libertad a cambio de inculpar a Ledezma. Y todavía hay gente
que piensa que hay que dejar gobernar a estos esbirros hasta 2019. Lo
inaceptable es que sean de oposición.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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