Editorial
El Nacional
Desde mes
de agosto, fecha en que iniciaron los conflictos con Colombia, inicialmente en
la frontera con Táchira, el gobierno amparándose en el artículo 337 de la
Constitución decretó el estado de excepción en varias circunscripciones del
país que limitan con la “presunta” hermana república.
En la
actualidad esta declaratoria de estado de excepción se ha diseminado a lo largo
de toda la frontera que tenemos con Colombia, y abarca los estados Táchira,
Zulia, Apure y Amazonas. El gobierno de Maduro, obedeciendo razones que no
terminan de convencer a nadie, ha privado autoritariamente de sus derechos
fundamentales a centenares de habitantes que trabajan la tierra, comercian
legalmente sus productos y pueblan zonas que no son propiamente unos paraísos
terrenales.
Basta con
recordar que en Caracas hay que peregrinar de madrugada en los mercados para, a
duras penas, abastecerse de unos pocos alimentos y luego desfilar por decenas
farmacias para conseguir unos medicamentos que son de fácil obtención en
cualquier otro país de la región. Si eso ocurre aquí en la capital, ¿cómo será
la tragedia que viven los habitantes de las zonas fronterizas?
Y, para
peor, Maduro los criminaliza a todos tachándolos de bachaqueros sin mostrar
pruebas fehacientes, y sin pensar un minuto que allí también habitan desde hace
muchos años gente honesta y trabajadora, que nada tiene que ver con el hampa
fronteriza.
Sin
pretender profundizar sobre la conveniencia o no de este estado de excepción,
es importante que se aclare que, aunque pueden ser restringidas temporalmente
algunas garantías que tienen los ciudadanos de las zonas afectadas, la
Constitución establece que nunca se podrán suspender “las referidas a los
derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al
debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos
intangibles”.
Es claro
que el estado de excepción debe apegarse al respeto de los derechos humanos de
los ciudadanos y que las fuerzas armadas tienen la responsabilidad de
garantizar esos derechos en los municipios bajo estado de excepción.
Lamentablemente,
esto no está sucediendo y cada día aumentan las denuncias de los habitantes de
los municipios por los abusos, atropellos y constantes violaciones a sus
derechos, precisamente por los funcionarios encargados de garantizarlos.
La
población de esos municipios no cuenta con ningún tipo de protección, pues
quien debería ocuparse de ello, como es el defensor del pueblo, anda más
ocupado de su pantallerismo ante los medios, por lo que solo declara pero nada
resuelve. Los venezolanos seguimos sin contar con una verdadera defensoría del
pueblo que se encargue de defender al ciudadano y no al gobierno.
Mientras tanto, los organismos
internacionales siguen elaborando informes sobre los atropellos y violaciones
de derechos humanos en la frontera. Las violaciones de los derechos humanos no
prescriben y más temprano que tarde los responsables de estos abominables
hechos serán juzgados.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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