21 DE NOVIEMBRE 2015 - 12:01 AM
En la Constitución de 1999 se incluyó la figura del referendo revocatorio. Basándose en la anterior norma, la Coordinadora Democrática, con el clamor de la sociedad civil, decidió iniciar el proceso de recolección de firmas. A tal fin, procedió a montar puestos en sitios públicos a lo largo y ancho del país para que los ciudadanos suscribieran las planillas correspondientes, indicaran el número de sus respectivas cédulas de identidad y estamparan sus huellas dactilares. Adicionalmente, se constituyeron grupos “itinerantes” de ciudadanos que se ocuparon de visitar casa por casa para facilitar las firmas de los interesados. De esta forma se logró recoger poco más de 3 millones de firmas que fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el día 20 de agosto de 2003. Para ese momento ya Chávez estaba en cuenta de que su situación era desfavorable. La información le vino a través de una encuestadora internacional que hizo estudios a mediados de 2003. Una vez concluidas las evaluaciones, los representantes de la firma lo visitaron en Miraflores y le dieron la noticia bomba: “Presidente, si el referéndum fuera ahorita usted lo perdería”. Había que hacer algo urgentemente y es en ese momento que surge la idea de las misiones, un proyecto que contó con el respaldo absoluto de Fidel Castro.
El 25 de agosto, ante la falta de designación de la nueva directiva del CNE, el Tribunal Supremo de Justicia asumió tal rol y nombró a Jorge Rodríguez y Óscar Battaglini (vinculados al chavismo), Sobella Mejías y Ezequiel Zamora (cercanos a la oposición) y Francisco Carrasquero, designado presidente del órgano y pretendidamente imparcial, que con los días se decantó a favor de la revolución bonita. De inmediato Chávez presionó al nuevo Poder Electoral, señalando que “quedaría inhabilitado moralmente” si aprobaba la validez de las firmas entregadas por la oposición. El 12 de septiembre, el presidente del CNE anunció en rueda de prensa que dicho organismo había declarado inadmisible la solicitud de referendo revocatorio contra el Presidente de la República, en virtud de que las firmas que respaldaban las solicitudes “fueron suscritas de manera extemporánea por anticipada, esto es, antes de que naciera la titularidad del derecho del referendo revocatorio”. Poco después, el 25 de septiembre de 2003, el CNE aprobó las Normas para Regular los Procesos de Referendos Revocatorios de mandatos de Elección Popular, en las cuales se establecieron una serie de condiciones para la procedencia de la revocación del mandato no previstas en el marco constitucional. Mientras tanto, con el transcurso de los días, la aprobación de la gestión del Presidente aumentaba de manera sostenida.
Entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre, con el apoyo de la asociación civil Súmate, la oposición volvió a recolectar las firmas requeridas para solicitar la revocación de Chávez y varios diputados oficialistas. No había terminado la recolección cuando Chávez denunció la existencia de un “gigantesco fraude”, lo cual no era verdad. Lo cierto es que la oposición había logrado obtener 3.467.050 firmas. Pero de nuevo el CNE rechazó la solicitud de referendo con el argumento de sólo 1.832.493 de las mismas eran válidas y 876.017 se colocaban en régimen de observación, esto es, presentaban serias dudas: los datos personales estaban escritos con una caligrafía que no se correspondía con la caligrafía de la firma. Al respecto, la oposición alegó que la situación era producto de la asistencia que los responsables de los centros de recolección le brindó a muchos ciudadanos que sólo se limitaban a firmar después de suministrar la información relativa a sus datos personales. Además, en las normas que regían el proceso de verificación y validación de las firmas nada se decía al respecto, limitándose a señalar que la firma fuera manuscrita.
Como era de esperarse, la decisión del organismo electoral caldeó los ánimos, dando origen a manifestaciones en todo el país que se vieron salpicadas de acciones violentas por parte de las fuerzas del orden público. Representantes de la oposición acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y, en esa instancia, se produjeron decisiones contrapuestas (a favor de la oposición, primero, y del Gobierno, después) en las Salas Electoral y Constitucional, respectivamente. En el curso de la pugna, los nombres de los firmantes se hicieron públicos a través de la tristemente célebre lista del diputado Luis Tascón (Lista Tascón), quien abrió un sitio en Internet, configurando una clara violación de los derechos humanos de los afectados que fueron después acosados (discriminados políticamente) por el Gobierno de diferentes maneras: despidos injustificados, imposibilidad de contratar con el sector público, dificultad para ingresar a la nómina de la administración pública y trabas para recibir ayudas del Estado, entre otras. En sintonía con lo anterior, para los anales quedó la declaración que entonces dio un ministro del régimen (Roger Capella): “Todos aquellos que firmaron para activar el referéndum contra el presidente Chávez deberían ser despedidos del ministerio de la salud”. La presión obligó al CNE a llevar a cabo un proceso de “reparo” que permitió a las personas cuyas firmas fueron objetadas confirmar su autenticidad. Al final del mismo, se cumplió con el requisito del número de firmas requeridas (2.405.856).
En paralelo a los obstáculos que le impusieron a la oposición, Chávez aprovechó la súbita alza de los precios del petróleo –que se produjo a finales de 2003– para ejecutar una serie de programas sociales que, como indicamos antes, bautizó con el nombre de “misiones”; dichos programas le permitieron al Gobierno “construir una base popular más fuerte y privaron a la oposición de medios para competir frente al Estado, que gastaba en forma espléndida a favor de los pobres”. Casi 4% del PIB, fue canalizado a las misiones, generando una sensación de inclusión social, que simbólicamente contrastaba con las dos décadas anteriores y los primeros años del chavismo. Ello fue determinante en los resultados de la contienda programada.
Finalmente, el 15 de agosto de 2004, se realizó el referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez Frías, quien había sido electo con una votación de 3.757.774 electores. Este último dato es relevante, toda vez que la norma constitucional contempla que la revocación del mandato se concreta “cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación”. A pesar de la claridad de la disposición, en las normas antes indicadas que aprobó el CNE, el día 25 de septiembre, se ratificó que el mandato se considera revocado “si el número de votos a favor de la revocatoria es igual o superior al número de los electores que eligieron al funcionario”, pero se agregó la siguiente frase que cambiaba de forma substancial la disposición constitucional: “y no resulte inferior al número de electores que votaron en contra de la revocatoria” (artículo 60). Con ese agregado, una norma de rango sublegal, se estatuía un elemento no contemplado en la Constitución que cambió conceptualmente la figura del referendo al transformar su carácter “revocatorio” por uno de naturaleza “ratificatoria”. Mas es de advertir que la acción del régimen no se quedó allí. El fraude constitucional fue avalado inmediatamente después por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo –controlada, al igual que el CNE, por partidarios de Chávez–, en sentencia del 21 de octubre de 2003, relativa a un planteamiento de interpretación del artículo 72 de la Carta Magna. En su pronunciamiento, la mencionada instancia judicial dijo: “Se trata de una especie de relegitimación del funcionario y en ese proceso democrático de mayorías, incluso, si en el referendo obtuviese más votos la opción de su permanencia, debería seguir en él, aunque voten en su contra el número suficiente de personas para revocarle el mandato”. En otras palabras, la norma en cuestión contempla –por vía interpretativa– lo que no dice literalmente.
El mismo día del referendo se realizaron encuestas (Exit Polls) a las salidas de los centros de votación. Ellas daban un resultado de 59% a favor de la revocación del mandato del Presidente. Sin embargo, los resultados oficiales que se anunciaron al país al día siguiente, en horas de la madrugada, fueron diferentes: 58,32% de los participantes (4.991.483) se pronunció a favor de la permanencia de Chávez y 41,74% (3.576.517) en contra. Tanto la Organización de Estados Americanos como el Centro Carter avalaron esos resultados, aunque César Gaviria, en su condición de Secretario General de la OEA señaló la existencia de ciertos problemas de “equidad”. La oposición, por el contrario, expresó serias dudas respecto a los mismos. Nadie recibe de buenas maneras un baldazo de agua fría. Y menos cuando el número de electores que votaron por la revocación del mandato de Chávez fue de 3.989.008, un número superior a los 3.757.774 electores que lo eligieron Presidente. De modo que, conforme a la letra del artículo 72 de la Constitución, su mandato estaba revocado. Pero los cambios introducidos por el CNE y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pusieron de manifiesto una realidad: para la revolución, la justicia y la política es un ejercicio sibilino del poder.
¡Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene!
El 3 de diciembre de 2006, Chávez fue reelecto Presidente, interpretando el hecho como un cheque en blanco que le expidió el pueblo para imponer su “socialismo del siglo XXI”, algo que no fue considerado durante la campaña electoral. Es por eso que, al tomar posesión de su nuevo mandato presidencial (2007-2013), anunció al país que propondría varias modificaciones a la Constitución aprobada en 1999, la misma que en su momento él calificó como “la mejor Constitución del mundo” y que ahora lucía torcida para su propósito hegemónico. Para esos fines procedió a designar un Consejo Presidencial integrado por buena parte de los titulares de los Poderes Públicos (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la República y Ministerio del Trabajo). Una singularidad del Decreto de creación del referido Consejo –de fecha 17 de enero de 2007– fue que su labor se debía ejecutar “de conformidad con los lineamientos del jefe de Estado en estricta confidencialidad”. De esa manera, sin libertad alguna de criterio de los participantes y a la sombra, se llevaría la nada democrática labor.
El 15 de agosto, el Presidente presentó el Anteproyecto de reforma a la Asamblea Nacional, órgano éste que, después de su análisis y discusión, procedió a probarlo el 7 de noviembre para someterse a referendo el día 2 de diciembre. Los cambios propuestos afectaban a treinta y tres artículos de la Constitución aprobada en 1999. Los cambios más resaltantes eran los siguientes: 1) Incorporación de las figuras de las comunas a la estructura político territorial. 2) Establecimiento de un nuevo régimen de propiedad que contempla las figuras de la propiedades pública, social, ciudadana, colectiva y mixta, y que relega a la privada a aquella que se reconoce sobre los medios de uso y consumo, y bienes de producción legítimamente adquiridos. La propuesta suprime así la referencia constitucional de que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. 3) Aumentar el período presidencial de seis a siete años, permitiéndose la reelección indefinida. La Constitución de 1999 sólo permite la reelección inmediata y por una sola vez. 4) Transformar la a la Fuerza Armada en un cuerpo “antiimperialista”, eliminando su condición de “institución esencialmente profesional, sin militancia política”. Y 5) Incorporación de la “milicia popular” como componente de la Fuerza Armada.
La campaña por parte de los bandos en pugna fue feroz. La oposición a Chávez y su reforma se vio fortalecida por cuatro hechos: la aparición del movimiento estudiantil como importante actor político que no tenía vinculación con ninguno de los partidos de la oposición; la ruptura del partido Podemos, liderado por Ismael García, con el gobierno de Chávez; la posición de enfrentamiento asumida por el general retirado Raúl Isaías Baduel, quien hasta hacía poco había sido una figura fundamental dentro de la estructura militar; y la oposición de la ex primera dama Marisabel Rodríguez. Esas tres figuras contribuyeron a que una parte del electorado chavista se manifestara contra la reforma planteada. Votada la propuesta, Chávez y sus partidarios recibieron un balde de agua fría: el “NO” obtuvo la mayoría (51% de los votos, aunque nunca se publicaron los resultados oficiales). Por primera vez Chávez era vencido por la vía electoral. El Presidente atribuyó la derrota a la abstención, que alcanzó la cifra de cuarenta y cuatro por ciento. Desde luego que no hizo ninguna mención al hecho de que la aprobación de la Constitución de 1999 se hizo con una abstención de 55% de los electores. El resultado le escoció y lo disgustó. No tuvo la entereza de guardar la compostura y terminó por calificar el triunfo opositor como “una victoria de mierda”. Además, avanzó que más tarde presentaría una nueva propuesta simplificada.
@EddyReyesT
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