Mariano de Alba
Entre las acciones anunciadas por la Mesa de la Unidad Democrática en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la realización del Referendo Revocatorio, destacó el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, de próximamente acudir con un grupo de parlamentarios a la Organización de Estados Americanos para solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Más temprano, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, condenaba la suspensión, calificándola como una “ruptura democrática” que requiere “acciones concretas” de la región. Según Almagro, “dejar al pueblo sin derechos electorales es, de manifiesto, dejar sin legitimidad de origen a Nicolás Maduro”; mientras manifestaba que “solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos”.
¿En qué estatus está la Carta Democrática en relación con Venezuela?
Durante el mes de junio se discutió mucho la posibilidad de aplicar la Carta Democrática en Venezuela. De hecho, el 31 de mayo de 2016, el Secretario General de la OEA publicó un informedetallando la gravísima situación política, económica y social del país y solicitó la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para que decidiera que en Venezuela existen alteraciones graves del orden democrático y, en consecuencia, aplicara la Carta.
El 23 de junio hubo una reunión del Consejo Permanente para discutir la solicitud de Almagro y a pesar de la oposición de la canciller venezolana, 20 de los 34 países miembros votaron a favor de permitir que el Secretario General leyera su informe. Pero al término de la controvertida sesión, los países simplemente “tomaron nota” del informe y no adoptaron otra decisión.
Desde entonces, según lo ha explicado el propio Almagro, los países miembros de la OEA han estado realizando una “evaluación colectiva” de lo que establece el informe y monitoreando la situación en Venezuela. Sin embargo, conforme al artículo 20 de la Carta, ha quedado pendiente una última etapa que es la “adopción de las decisiones que estimen convenientes” los países de la OEA en función del resultado de la evaluación colectiva.
En consecuencia, la Carta Democrática está pendiente de aplicación. Para que esto suceda, laSecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA ha explicado que debe darse una nueva reunión del Consejo Permanente en donde al menos 18 países decidan que en nuestro país existe una alteración del orden constitucional y que dicha alteración es lo suficientemente “grave”.
Si esto ocurre, entonces el artículo 20 de la Carta habilita al Consejo Permanente a decidir la adopción de ciertas medidas, las cuales podrían ser:
- La realización de gestiones diplomáticas para buscar una solución consensuada, como por ejemplo la proposición de un nuevo grupo de mediadores;
- La conformación de una misión diplomática para que visite Venezuela; y si estas alternativas fueren infructuosas o la urgencia del caso así lo requiriese,
- La suspensión de Venezuela de su derecho a participar en la OEA, para lo que tendría que darse el voto afirmativo de al menos 24 países al constatar una “ruptura” del orden democrático.
¿Cuáles son los posibles escenarios?
La gran interrogante que surge ahora es si la decisión del CNE de suspender la recolección de manifestaciones de voluntad del 20% para la realización del Revocatorio significará el acontecimiento definitivo que convencerá a la mayoría de los países de la OEA a decidir que existe una alteración grave del orden constitucional que requiere la adopción de las medidas antes mencionadas. A esto es lo que está apuntando el Secretario General Almagro cuando habla de un “punto de inflexión” y la necesidad de “acciones concretas”. También es lo que pretende el presidente de la Asamblea Nacional cuando anuncia un viaje a la OEA.
Conforme al artículo 20 de la Carta, desde ya cualquier Estado o el Secretario General Almagro tienen la facultad de solicitar la convocatoria de una nueva reunión del Consejo Permanente a tal efecto, la cual incluso podría venir acompañada de la presentación de una actualización del informe inicial presentado en mayo, detallando todo lo que ha ocurrido en el país desde entonces.
Pero la decisión final recae sobre la aplicación de la Carta es de los países miembros de la OEA. En tal sentido, si bien en el mes de junio 20 de los 34 países votaron a favor de que el Secretario General pudiese presentar su informe, ello no significa automáticamente que esos 20 países también votarían para concluir que existe una alteración grave del orden constitucional en Venezuela.
Países como Uruguay, que votaron a favor de que Almagro pudiese hablar, han manifestado que, aunque en Venezuela existe un conflicto político, no hay una situación de ruptura del orden constitucional, lo que desde su punto de vista surge usualmente cuando ocurre un golpe de Estado a un gobierno legítimo. Asimismo, otros países han mostrado cierto escepticismo sobre la conveniencia de reconocer formalmente que en Venezuela no existe una democracia, lo que podría suponer una suspensión del derecho a su participación en la OEA. Desde esta óptica, esa determinación drástica podría llevar a que el régimen de Nicolás Maduro se aísle y se reduzca la capacidad de influencia de ciertos países y las posibilidades de promover el diálogo. En consecuencia, no está claro si al día de hoy habría 18 países dispuestos a declarar la inexistencia de democracia en Venezuela.
De hecho, de ese grupo inicial de 20 países que votaron para permitir el derecho de palabra al Secretario General Almagro, sólo 15 se manifestaron el 11 de agosto de 2016 en reacción al anuncio del CNE del 9 de agosto que dejaba la recolección del 20% para finales de octubre y exhortaron a las autoridades venezolanas a que cumplieran “de manera clara, cierta y sin demora” las etapas restantes del Revocatorio. Cuando el CNE anunció que el requisito del 20% debía cumplirse por estado y no a nivel nacional, sólo cinco países emitieron un comunicado. El viernes 21 de octubre, luego de conocida la decisión de suspensión del CNE, fueron 13 países los que emitieron una comunicación, expresando su “profunda preocupación” por lo ocurrido y en vez de exhortar al CNE a que reiniciara el proceso de recolección de firmas, hicieron un llamado “para que [se] concreten a la brevedad y en un clima de paz, los esfuerzos de diálogo nacional”.
De tal manera que hay dudas sobre si la nueva decisión del CNE será suficiente para que una mayoría de los países miembros de la OEA declare la existencia de una alteración grave del orden constitucional en Venezuela y, en consecuencia, la inexistencia de democracia con la adopción de las medidas correspondientes. Lo más probable es que una mayoría de los países de la región se concentren en tratar de concretar un proceso de diálogo, bien sea proponiendo a un nuevo grupo de mediadores que suplanten a Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández o planteando a otra terna que incremente la confianza de la oposición y la población en las gestiones ya existentes, con el acompañamiento del Vaticano.
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