Adolfo Taylhardat
El ilegítimo sigue jugando con candela. Como dicen, anda buscando lo que no se le ha perdido.
Con su hipocresía y su cinismo característico sigue conminando a la disidencia para que se siente en la mesa del “diálogo”. Dice que el oficialismo estará presente el 13 de enero. Pero al mismo tiempo sigue blandiendo su espada filosa, amenazando con disolver la Asamblea Nacional, enjuiciar a Henry Ramos Allup y meter presos a los diputados de la oposición
Creo que todas esas amenazas son trapos rojos. Persigue atemorizar a la población y hacerla sufrir más de lo que soporta con la hambruna, la inseguridad, las enfermedades para las que no hay medicamentos, la agresión trapera que ha infligido, sobre todo a la gente humilde y de escasos recursos, a la que puso a dar carreras para salvar el poco dinero que tenía, para después, de buenas a primeras, suspender la medida sin importarle el daño infligido. Pero sabemos que su indolencia, su insensatez, lo llevó a cometer cualquier locura para mantenerse aferrado al poder.
Hemos visto que no se resigna a que el Poder Legislativo se le haya escapado de las manos por voluntad popular, incluidos muchos de sus correligionarios. Desde que perdió el control de la Asamblea tras la derrota en las elecciones legislativas no ha cesado de inventar medidas y trácalas para anular el Poder Legislativo y entorpecer el funcionamiento del único órgano del poder público que conserva independencia y autonomía
Para ello ha contado con la complicidad y el servilismo de la pandilla de magistrados inmorales que no imparten justicia sino iniquidad. Igual que en la Alemania nazi el órgano que tiene por misión proteger la legalidad y velar por la inviolabilidad de la carta magna comete las más atroces agresiones contra la Constitución y el ordenamiento legal.
Ese tribunal de la injusticia suprema es capaz de prestarse al más grave acto de atropello y desafuero que pueda concebirse. Si la Asamblea ya declaró que el régimen rompió el hilo constitucional, la disolución de la Asamblea sería el más grave atentado contra lo poco que nos queda de democracia. Sería el paso final para convertir a Venezuela en un país comunista en todo sentido.
Esa medida sería la gota que desbordaría el vaso que ya se encuentra en el límite de su capacidad.
Venezuela entera deberá reaccionar por todos los medios a su alcance frente una acción que reduciría el país a la nada, lo convertiría en un ente inerme. Una media de esa naturaleza justificaría una acción de la ciudadanía incluida la Fuerza Armada para defender, ya no la Asamblea Nacional, sino a la patria, la propia existencia de Venezuela como país.
También justificaría una reacción firme y categórica de la comunidad internacional. La OEA y las Naciones Unidas tendrían que activar los mecanismos con que cuentan para rescatar a Venezuela del pozo séptico en el cual la quieren encerrar.
Habiendo quedado destruido el orden constitucional, cualquier forma para recuperar la nación de las manos del ilegítimo y sus secuaces usurpadores, corruptos, narcotraficantes, ladrones y hampones que hoy manejan los destinos de la patria, sería absolutamente justificada.
En una circunstancia como esa, que Dios quiera no se presente, se justificaría nacionalmente e internacionalmente, el desconocimiento de la autoridad usurpadora y la desobediencia civil en todos sus ámbitos que nos confiere la Constitución. Cuando hablo en plural y digo “nos confiere” es porque todos, la ciudadanía en su totalidad, no solo la población civil, sino también la de uniforme, tiene que cerrar filas para defender la patria.
Ojalá el ilegítimo no cometa la imprudencia de atentar contra la Asamblea porque incurriría en un crimen de lesa humanidad imprescriptible, sancionable y susceptible de ser castigado por todos los medios al alcance de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
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