SAÚL GODOY GÓMEZ | EL UNIVERSAL
martes 21 de agosto de 2012 05:16 PM
No soy el único que ha argumentando en contra de estos terribles resabios del autoritarismo bananero que se le impuso a nuestro país en tiempos de luchas por mantener nuestra democracia, las cadenas de radio y televisión eran el último recurso del Gobierno en hacer llamados a la paz y la tranquilidad, fue una medida extraordinaria para conservar el poder político, pues ocupar sin aviso ni protesto todo el espectro radiofónico y de televisión, con una sola voz y un solo mensaje, solo se entiende como una medida de emergencia, en situación de conmoción nacional.
Lo que sucedió fue que los gobiernos quisieron conservar esta "potestad" como vía de acceder a la opinión pública en otros menesteres, fuera de los estados de excepción, para anuncios que afectaran la vida nacional, como en la imposición de nuevas leyes o eventos de importancia. Chávez y los socialistas bolivarianos lo saben, las cadenas son absolutamente violatorias de los principios democráticos, no solo otorga una ventaja abrumadora al gobierno al momento de mal usarlas para favorecer sus intereses, sino que deja a sus opositores mudos, interrumpiendo el flujo normal de información en el país.
Las cadenas son inconstitucionales y por lo mismo ilegales, violan todos los principios y derechos humanos de la necesidad de comunicación y de estar informado, atropella a las empresas de comunicaciones en el libre ejercicio de su actividad de informar, culturizar, comercializar sus espacios y entretener, favorece a lo que se llama un black out informativo, el país, mientras dura la cadena, se encuentra incomunicado, sordo y ciego, aislado del mundo.
Esta actitud de señor y amo de todas las frecuencias del espectro radioeléctrico parte precisamente de esa antediluviana creencia de que el Estado es el dueño de las mismas, y en representación del "populo" las administra como le viene en gana, asignando frecuencias o quitándoselas a quienes son amigos del régimen o a quienes se hacen incómodos, o peor aún, poniéndolas en función de una ideología.
Las cadenas, dice el Gobierno, se hacen bajo la excusa de informar sobre las obras del gobierno, o de lo que considera de interés general, pero se convierten en todo menos en información, exalta el culto a la personalidad, se dicen mentiras palmarias, se tergiversa la historia patria, se malbarata el espacio en cadena con entretenimiento vulgar y manipulación de los más bajos sentimientos, se incurre en campaña electoral desleal.
Chávez afirma que de otra manera los medios privados no cubrirían sus actos, como si esto fuera una obligación de los medios en un país, donde supuestamente existe la libertad de prensa, las obras del Gobierno por ser "obras públicas" ya se encuentran bajo el escrutinio del pueblo, no hace falta restregarlas en los rostros de los ciudadanos.
Si el gobierno nacional tuviera de verdad una estrategia comunicacional no hiciera falta encadenarse, bien le bastaría convocar ruedas de prensa normales o le bastaría con el uso de los espacios en el sistema de medios públicos, pero hace todo lo contrario, deja por fuera a los medios privados en sus convocatorias, les impide cubrir actos del Gobierno debido a su política de apartheid, su intención es otra, la cadena es solo la excusa para invadir los hogares del venezolano y forzar la intromisión del Presidente o sus voceros para la promoción de propaganda oficial y partidista de los agentes en el poder, para desviar la atención del país de sus verdaderos problemas.
Pero el uso más impropio e ilícito a la intención original de las cadenas es la de usarlas para hacer propaganda electoral, callar a los demás para venderse a sí mismo, insultar a su opositor, amenazar a quienes no compartimos su forma de pensar y de actuar, acusar a los opositores de traidores e incluso iniciar procedimientos administrativos y judiciales por medio de las cadenas, las transforma, de una herramienta para la comunicación, en un arma, y mal usada, tal y como lo hace Chávez, se convierte en el más puro terrorismo mediático.
El Consejo Electoral Nacional tiene el mandato legal de regular y dar equilibrio imparcial a las campañas electorales, no puede, y sentaría un pésimo precedente si lo hiciere, sustraerse de su obligación de controlar los medios que tienen los partidos y sus candidatos a su disposición para hacer sus propuestas, lanzar su propaganda y promover sus programas políticos. Si las cadenas afectan a la campaña electoral, el CNE tiene que intervenir y detener el ventajismo y el abuso de las mismas, no va a regular las cadenas, pero si debe regular la campaña electoral, es su dominio, y si la cadena viola la norma, tiene que corregir la ruptura del equilibrio, suspenderlas o ponerlas en función de los candidatos que compiten en términos de equidad.
Las cadenas son una anomalía comunicacional, una aberración que solo puede existir en términos de excepción, no es un argumento válido que porque otros las usaron anteriormente, se va a continuar con las mismas malas prácticas, las cadenas afectan el equilibrio de las campañas electorales, está de "anteojito" que se trata de un abuso de poder, que viola las leyes, que afecta la libertad de las personas, que interrumpe los procesos de comunicación, que definitivamente rompen con el equilibrio entre las partes en un proceso electoral, que se trata de un delito en contra de la cosa pública y que es corrupción, la utilización electoral de las cadenas sería como utilizar la fuerza bruta en el mundo de la información, tan simple como eso.
Si el CNE no actúa, se convierte en cómplice y claramente se descalificaría como un árbitro legítimo, pues no quiere ni puede ejercer su mandato, lo más grave, quedaría ante los ciudadanos, a quienes se debe en primer lugar, como un poder público ineficiente y fallido, sus directores debería renunciar y devolver sus sueldos por ineptos, ponerse a la orden para que se inicien las investigaciones de rigor, y por último, debería pedir perdón a los electores, por habernos hecho creer que eran las personas idóneas para ocupar esos cargos que no pueden ejercer con la pulcritud y eficiencia exigida.
Lo que sucedió fue que los gobiernos quisieron conservar esta "potestad" como vía de acceder a la opinión pública en otros menesteres, fuera de los estados de excepción, para anuncios que afectaran la vida nacional, como en la imposición de nuevas leyes o eventos de importancia. Chávez y los socialistas bolivarianos lo saben, las cadenas son absolutamente violatorias de los principios democráticos, no solo otorga una ventaja abrumadora al gobierno al momento de mal usarlas para favorecer sus intereses, sino que deja a sus opositores mudos, interrumpiendo el flujo normal de información en el país.
Las cadenas son inconstitucionales y por lo mismo ilegales, violan todos los principios y derechos humanos de la necesidad de comunicación y de estar informado, atropella a las empresas de comunicaciones en el libre ejercicio de su actividad de informar, culturizar, comercializar sus espacios y entretener, favorece a lo que se llama un black out informativo, el país, mientras dura la cadena, se encuentra incomunicado, sordo y ciego, aislado del mundo.
Esta actitud de señor y amo de todas las frecuencias del espectro radioeléctrico parte precisamente de esa antediluviana creencia de que el Estado es el dueño de las mismas, y en representación del "populo" las administra como le viene en gana, asignando frecuencias o quitándoselas a quienes son amigos del régimen o a quienes se hacen incómodos, o peor aún, poniéndolas en función de una ideología.
Las cadenas, dice el Gobierno, se hacen bajo la excusa de informar sobre las obras del gobierno, o de lo que considera de interés general, pero se convierten en todo menos en información, exalta el culto a la personalidad, se dicen mentiras palmarias, se tergiversa la historia patria, se malbarata el espacio en cadena con entretenimiento vulgar y manipulación de los más bajos sentimientos, se incurre en campaña electoral desleal.
Chávez afirma que de otra manera los medios privados no cubrirían sus actos, como si esto fuera una obligación de los medios en un país, donde supuestamente existe la libertad de prensa, las obras del Gobierno por ser "obras públicas" ya se encuentran bajo el escrutinio del pueblo, no hace falta restregarlas en los rostros de los ciudadanos.
Si el gobierno nacional tuviera de verdad una estrategia comunicacional no hiciera falta encadenarse, bien le bastaría convocar ruedas de prensa normales o le bastaría con el uso de los espacios en el sistema de medios públicos, pero hace todo lo contrario, deja por fuera a los medios privados en sus convocatorias, les impide cubrir actos del Gobierno debido a su política de apartheid, su intención es otra, la cadena es solo la excusa para invadir los hogares del venezolano y forzar la intromisión del Presidente o sus voceros para la promoción de propaganda oficial y partidista de los agentes en el poder, para desviar la atención del país de sus verdaderos problemas.
Pero el uso más impropio e ilícito a la intención original de las cadenas es la de usarlas para hacer propaganda electoral, callar a los demás para venderse a sí mismo, insultar a su opositor, amenazar a quienes no compartimos su forma de pensar y de actuar, acusar a los opositores de traidores e incluso iniciar procedimientos administrativos y judiciales por medio de las cadenas, las transforma, de una herramienta para la comunicación, en un arma, y mal usada, tal y como lo hace Chávez, se convierte en el más puro terrorismo mediático.
El Consejo Electoral Nacional tiene el mandato legal de regular y dar equilibrio imparcial a las campañas electorales, no puede, y sentaría un pésimo precedente si lo hiciere, sustraerse de su obligación de controlar los medios que tienen los partidos y sus candidatos a su disposición para hacer sus propuestas, lanzar su propaganda y promover sus programas políticos. Si las cadenas afectan a la campaña electoral, el CNE tiene que intervenir y detener el ventajismo y el abuso de las mismas, no va a regular las cadenas, pero si debe regular la campaña electoral, es su dominio, y si la cadena viola la norma, tiene que corregir la ruptura del equilibrio, suspenderlas o ponerlas en función de los candidatos que compiten en términos de equidad.
Las cadenas son una anomalía comunicacional, una aberración que solo puede existir en términos de excepción, no es un argumento válido que porque otros las usaron anteriormente, se va a continuar con las mismas malas prácticas, las cadenas afectan el equilibrio de las campañas electorales, está de "anteojito" que se trata de un abuso de poder, que viola las leyes, que afecta la libertad de las personas, que interrumpe los procesos de comunicación, que definitivamente rompen con el equilibrio entre las partes en un proceso electoral, que se trata de un delito en contra de la cosa pública y que es corrupción, la utilización electoral de las cadenas sería como utilizar la fuerza bruta en el mundo de la información, tan simple como eso.
Si el CNE no actúa, se convierte en cómplice y claramente se descalificaría como un árbitro legítimo, pues no quiere ni puede ejercer su mandato, lo más grave, quedaría ante los ciudadanos, a quienes se debe en primer lugar, como un poder público ineficiente y fallido, sus directores debería renunciar y devolver sus sueldos por ineptos, ponerse a la orden para que se inicien las investigaciones de rigor, y por último, debería pedir perdón a los electores, por habernos hecho creer que eran las personas idóneas para ocupar esos cargos que no pueden ejercer con la pulcritud y eficiencia exigida.
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