JUAN M. RAFFALLI A.| EL UNIVERSAL
viernes 9 de agosto de 2013 12:00 AM
El Tribunal Supremo de Justicia desechó todos los recursos de impugnación de los resultados electorales del 14 de abril de manera previa, es decir los declaró inadmisibles sin entrar a conocer el fondo de la controversia ni evaluar las pruebas constituidas por el material electoral físico (cuadernos, boletas, actas) y digital (incidencias de las máquinas y de las captahuellas). En un afán desmedido por ratificar la presidencia de Nicolás Maduro, lo cual no era el objeto de esos recursos, la Sala Constitucional actuó a contrapelo de lo que debió ser su actuación natural, es decir, favorecer la admisibilidad de las acciones privilegiando el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución. Así, metió todos los gatos en un mismo saco y después de incumplir los plazos legales resolvió que los recursos no tienen suficiente fundamento fáctico, pues se formularon argumentos genéricos y no los hechos concretos y su posible influencia en el resultado anunciado por el CNE. No podemos aquí hacer un análisis jurídico técnico, pero lo que sí debemos poner de bulto es que esa aseveración no es cierta. En los recursos, y en especial el interpuesto por la MUD, se señalan las mesas, los centros de votación y hasta las actas que contienen inconsistencias y/o irregularidades, así como el universo de votos afectados que podían alterar el resultado anunciado que como sabemos fue muy estrecho. Pero además, la Sala Constitucional que le sustrajo la competencia para decidir los casos al juez natural que era la Sala Electoral, multó a Henrique Capriles por considerar ofensivo el recurso e incluso remitió el expediente a la Fiscalía para que se realice una investigación penal.
En definitiva se negó la auditoría extrajudicial; se desecharon los recursos sin evaluar el fondo y ni las pruebas; y además se criminalizó el derecho a impugnar judicialmente los resultados de una elección presidencial. Este balance no hace sino dar la razón a los recurrentes. Esta manera de resolver los asuntos con tan poco tino político y jurídico no ayuda en nada a crear un ambiente de concordia y legitimidad. Ahora se abren puertas internacionales y lo que es más importante, el 8 de diciembre cada elector insatisfecho será un magistrado que sentenciará con su voto quién es realmente mayoría.
En definitiva se negó la auditoría extrajudicial; se desecharon los recursos sin evaluar el fondo y ni las pruebas; y además se criminalizó el derecho a impugnar judicialmente los resultados de una elección presidencial. Este balance no hace sino dar la razón a los recurrentes. Esta manera de resolver los asuntos con tan poco tino político y jurídico no ayuda en nada a crear un ambiente de concordia y legitimidad. Ahora se abren puertas internacionales y lo que es más importante, el 8 de diciembre cada elector insatisfecho será un magistrado que sentenciará con su voto quién es realmente mayoría.
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