RUTH CAPRILES| EL UNIVERSAL
jueves 8 de agosto de 2013 12:00 AM
Cuando el diputado dice que no hay pruebas de la megacorrupción de este gobierno debe suponer que está blindado detrás de sus testaferros, y cuando acusa al otro de enriquecimiento ilícito cree que está protegido por la Ley Contra la Corrupción que le permite accionar a voluntad política la acción penal.
Un procedimiento judicial no puede iniciarse sino ante un delito cometido. Pero el enriquecimiento ilícito no es un delito cumplido sino una presunción, con base en apariencias externas de riqueza. La LCC trató de evadir el escollo especificando que para considerar el enriquecimiento como delito cumplido es necesario que se haya dado la negativa del funcionario al requerimiento contralor de justificar un incremento patrimonial desproporcionado (art. 73). Como no tenemos Contraloría, sino una oficina de persecución política, piensan que nunca habrá pruebas, pues nunca les harán el requerimiento. Es un mecanismo legal perfecto para un régimen arbitrario e inequitativo: sólo funciona contra la oposición. ¿A quién creen que engañan?
Pruebas hay. ¿Cree el diputado que sus negocios y bienes están protegidos por una manta mágica de invisibilidad por el simple hecho de tener testaferros?
Olvida el diputado que la misma ley y el mismo artículo establece que será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. El dinero deja trazas y las lealtades se tuercen. Los testaferros hablan cuando tienen que salvar sus pellejos.
Ahora les lloverán las pruebas porque el diputado olvida que la figura del enriquecimiento ilícito podrá ser un esperpento legislativo, pero expresa la expectativa de la gente con respecto a los funcionarios públicos. Y las muestras externas de enriquecimiento indebido de este gobierno son demasiado grandes como para no generar una avalancha de presunciones. Más les valdría no destapar el foso inmenso de la corrupción que vuelve así al escándalo público. Fue lo que tumbó a CAP, será el pantano en el que se hunda este gobierno.
Un procedimiento judicial no puede iniciarse sino ante un delito cometido. Pero el enriquecimiento ilícito no es un delito cumplido sino una presunción, con base en apariencias externas de riqueza. La LCC trató de evadir el escollo especificando que para considerar el enriquecimiento como delito cumplido es necesario que se haya dado la negativa del funcionario al requerimiento contralor de justificar un incremento patrimonial desproporcionado (art. 73). Como no tenemos Contraloría, sino una oficina de persecución política, piensan que nunca habrá pruebas, pues nunca les harán el requerimiento. Es un mecanismo legal perfecto para un régimen arbitrario e inequitativo: sólo funciona contra la oposición. ¿A quién creen que engañan?
Pruebas hay. ¿Cree el diputado que sus negocios y bienes están protegidos por una manta mágica de invisibilidad por el simple hecho de tener testaferros?
Olvida el diputado que la misma ley y el mismo artículo establece que será sancionada la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. El dinero deja trazas y las lealtades se tuercen. Los testaferros hablan cuando tienen que salvar sus pellejos.
Ahora les lloverán las pruebas porque el diputado olvida que la figura del enriquecimiento ilícito podrá ser un esperpento legislativo, pero expresa la expectativa de la gente con respecto a los funcionarios públicos. Y las muestras externas de enriquecimiento indebido de este gobierno son demasiado grandes como para no generar una avalancha de presunciones. Más les valdría no destapar el foso inmenso de la corrupción que vuelve así al escándalo público. Fue lo que tumbó a CAP, será el pantano en el que se hunda este gobierno.
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