RAFAEL J. CHAVERO GAZDIK| EL UNIVERSAL
miércoles 14 de agosto de 2013 12:00 AM
La Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisibles los recursos ejercidos contra las elecciones del pasado 14 de abril. Ya en este mismo espacio habíamos anunciado ese previsible desenlace, pues se trataba de un caso donde la política se iba a encargar de todo.
Todos los expertos que participaron en la estrategia judicial tenían claro que el TSJ solo iba a cumplir con los deseos del PSUV, solo había discrepancias en relación al cuándo y al cómo. Para muchos, era imposible que se declarara la inadmisibilidad de los recursos, pues abrir a trámite un juicio requiere de un análisis muy superficial de las demandas, pues lo único que se examina son elementos indispensables como la representación y otros requisitos básicos. Pero el TSJ desafía siempre a la razón más evidente. El estudio de la procedencia de la demanda debe venir al final del proceso, pues los accionantes tienen derecho a demostrar sus alegatos durante el juicio, cuando se tengan acceso a las pruebas. Por eso, ha habido casos que se han iniciado hasta con una servilleta, dando oportunidad al Tribunal de verificar los alegatos a lo largo del juicio.
Pero en este caso el PSUV/TSJ no querían abrir a trámite el caso, pues ello implicaba tener que requerirle al CNE las pruebas indispensables para verificar los vicios que fueron alegados. Entre otras cosas, los Cuadernos de Votación tendrían que ser presentados para su examen detallado durante el proceso. Y es obvio que eso es algo que no estaban dispuestos a aceptar.
Las sentencias recurren a unos banales argumentos para tratar de restarle méritos a las demandas, pero sin explicar las razones por las cuales no se podía esperar a la etapa probatoria para verificar la profundidad de las denuncias. Es una sentencia que no convence ni al chavista más radical, pues todos, creo, pueden entender eso del debido proceso. Se trata simplemente de una decisión política, claramente infundada y ajena al Derecho. Hubiese sido más sincero decir que no admitían los casos para no complicar las cosas políticamente. Tendrían más respeto los magistrados, si al menos fuesen sinceros.
Lo menos que podíamos exigir los venezolanos era una verificación profunda de los resultados. Una contienda electoral tan cerrada así lo ameritaba. Incluso, el ganador ha debido ser el más interesado en ese examen, a menos que estuviese convencido de su fraudulento triunfo. El TSJ nos dice que ganaron y punto, no hay derecho a reclamo, el Poder Judicial no es quién para cuestionar al Gobierno (CNE). Es decir, nos quedamos sin una verificación profunda de un resultado cerrado, saque usted sus conclusiones.
Todos los expertos que participaron en la estrategia judicial tenían claro que el TSJ solo iba a cumplir con los deseos del PSUV, solo había discrepancias en relación al cuándo y al cómo. Para muchos, era imposible que se declarara la inadmisibilidad de los recursos, pues abrir a trámite un juicio requiere de un análisis muy superficial de las demandas, pues lo único que se examina son elementos indispensables como la representación y otros requisitos básicos. Pero el TSJ desafía siempre a la razón más evidente. El estudio de la procedencia de la demanda debe venir al final del proceso, pues los accionantes tienen derecho a demostrar sus alegatos durante el juicio, cuando se tengan acceso a las pruebas. Por eso, ha habido casos que se han iniciado hasta con una servilleta, dando oportunidad al Tribunal de verificar los alegatos a lo largo del juicio.
Pero en este caso el PSUV/TSJ no querían abrir a trámite el caso, pues ello implicaba tener que requerirle al CNE las pruebas indispensables para verificar los vicios que fueron alegados. Entre otras cosas, los Cuadernos de Votación tendrían que ser presentados para su examen detallado durante el proceso. Y es obvio que eso es algo que no estaban dispuestos a aceptar.
Las sentencias recurren a unos banales argumentos para tratar de restarle méritos a las demandas, pero sin explicar las razones por las cuales no se podía esperar a la etapa probatoria para verificar la profundidad de las denuncias. Es una sentencia que no convence ni al chavista más radical, pues todos, creo, pueden entender eso del debido proceso. Se trata simplemente de una decisión política, claramente infundada y ajena al Derecho. Hubiese sido más sincero decir que no admitían los casos para no complicar las cosas políticamente. Tendrían más respeto los magistrados, si al menos fuesen sinceros.
Lo menos que podíamos exigir los venezolanos era una verificación profunda de los resultados. Una contienda electoral tan cerrada así lo ameritaba. Incluso, el ganador ha debido ser el más interesado en ese examen, a menos que estuviese convencido de su fraudulento triunfo. El TSJ nos dice que ganaron y punto, no hay derecho a reclamo, el Poder Judicial no es quién para cuestionar al Gobierno (CNE). Es decir, nos quedamos sin una verificación profunda de un resultado cerrado, saque usted sus conclusiones.
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