El
colectivo, cuyo líder fue asesinado en un allanamiento practicado por el Cicpc
en Quinta Crespo, está conformado por ex funcionarios de la extinta Policía
Metropolitana, civiles y mujeres, según afirman sus militantes. Desde el año
pasado, el grupo se codeaba en eventos de altos funcionarios del gobierno.
Desde sus filas, ahora, se niegan a deponer las armas. Su sede también está en
una montaña
EQUIPO DE SIETE DÍAS
El
ascenso al búnker marea. El viaje –en carro dos minutos, otros más a pie– está
repleto de curvas a lo largo de una vía estrechada por paredes con murales al
inicio, pero abierta en ramificaciones casi al final del recorrido. Es una ruta
restringida, condicionada por alcabalas, cuyos únicos accesos dependen del
beneplácito de ex funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas. Son los
caminos a la enorme sede del Colectivo 5 de Marzo, en Cotiza, donde hasta 2011
operó la Comandancia General de la PM.
Este es
otro cuartel. También en una montaña. En la cima está el Sargento P. Es un
hombre desgarbado, de voz casi imperceptible, ojos claros y manos fielmente
aferradas a un bolso de lona negro –modelo táctico 5.11–, comúnmente
usado por policías, militares y rescatistas. No es el líder, pero es uno de los
que asume la vocería. Por ahora. Es un mientras tanto, o una pausa en el 5 de
Marzo iniciada desde que José Miguel Odreman, dirigente del colectivo, fue
asesinado el 7 de octubre en un allanamiento practicado por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el edificio Manfredir
de Quinta Crespo, en el centro de Caracas. “A raíz de la muerte de mi sargento,
fue afectado el 5 de Marzo. En otros colectivos no, porque solo desertaron
entre 4 y 5 militantes. También hubo retiros en el Frente en Defensa Juan
Montoya por temor al Cicpc. Pero ya todo se está organizando de nuevo, lo malo
es que perdimos contactos fuertes”.
Los
colectivos, un número indefinido en el país, tienen luces y sombras. Son
calificados por la oposición como cuerpos parapoliciales amparados y
financiados por el gobierno para reprimir la disidencia política, pero fueron
catalogados recientemente por el presidente Nicolás Maduro como fuerzas que
luchan contra la delincuencia. Mientras, se multiplican rápidamente por el país
y su poderío se deriva, en buena medida, de un creciente control de territorios
y de su capacidad de presión política. Voceros del Cicpc terciaron en el
debate con respecto al 5 de Marzo cuando los calificaron de banda criminal poco
después de los sucesos del edificio Manfredir. La respuesta del colectivo
–cuyos líderes aparecen fotografiados con funcionarios del alto gobierno– fue
la de acusar de asesinos a los policías y a Miguel Rodríguez Torres, quien
finalmente fue destituido del cargo de ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz al cabo de dos semanas.
La
antigua sede principal de la PM es un espacio privilegiado en la ciudad. Cuenta
con 20.000 metros cuadrados de extensión, una sala situacional con
comunicaciones, un patio, la iglesia, auditorio, inspectoría general, oficinas,
dormitorios de orden público con capacidad para 600 hombres, cajeros electrónicos,
área de mantenimiento de construcción, un estacionamiento techado, canchas,
comedor, oficinas, parque de armas, un modulo de Barrio Adentro. Es una
fortaleza difícil de penetrar, amurallada plenamente.
Rodríguez
Torres dijo el año pasado que el sitio iba a ser convertido en el centro del
Instituto de Previsión Social del funcionario policial. Es una promesa
incumplida: el territorio continúa como bastión del 5 de Marzo donde, además de
miembros, están cerca de 250 familias sin viviendas que agradecen el espacio.
La
historia de cómo la Comandancia General quedó en manos del colectivo tiene un
hito principal. Los miembros de la agrupación se remiten a finales de 2011 para
contarla. Para entonces, el cuerpo policial se encontraba en proceso de liquidación
y algunos funcionarios quedaron damnificados en la instalación, una de las más
importantes infraestructuras de seguridad ciudadana existentes en Caracas. Los
integrantes del 5 de Marzo tienen copias de un acta convenio que se firmó en
diciembre de 2011 con representantes del Ministerio de Relaciones Interiores.
En ella, la institución del gobierno se comprometía a cumplir una serie de
acuerdos entre los cuales se encontraba incluir a los policías sin casa en la
Gran Misión Vivienda Venezuela.
El numeral
6 señalaba que los efectivos –los cuales debían recibir sus prestaciones
completas y ser reasignados a otros empleos– saldrían de la sede de la PM y
entregarían las armas y los uniformes una vez que el ministerio cumpliera los
compromisos suscritos. Luis Fernández, ex director de la Policía Nacional,
aparece mencionado en el documento como la persona que debía recibir la
instalación. Fue contactado por El Nacional y negó conocer el acta. “Esa sede
estaba prevista para otras cosas que tenía planteado el ministerio y el
gobierno”. El comisario añadió lo siguiente: “No tengo nada que ver con eso, ni
firmé con ningún colectivo. Si me habían designado a mí para recibir esa sede,
bueno no lo sé. Pero a mí nunca me dieron ninguna sede”. El convenio en el que
el gobierno negocia con los ex funcionarios no se ha cumplido: en la
Comandancia permanecen las familias damnificadas, una de ellas es la del propio
José Odreman.
El
viernes, Carmen Meléndez, ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
anunció desde la sede de la Asociación Civil Pro Defensa de jubilados y
pensionados de la PM, que los antiguos puntos de control de esta institución
serán restaurados y se pondrán en funcionamiento para coordinar labores de
patrullaje inteligente. “El personal de jubilados me ha hecho propuestas y yo
las he aceptado, porque aquí trabajamos en beneficio de todos”.
Este solo
es un núcleo. El colectivo tiene extensiones en Catia, La Pastora, La Yaguara y
tuvieron una en Petare, según sus militantes. “La idea es fortalecer cada zona
del Área Metropolitana de Caracas para que haya uno en cada espacio”, afirma el
Sargento P. Los tentáculos del 5 de Marzo también se mueven en el interior del
país: Miranda, Vargas, Anzoátegui y Zulia. Odreman aseguró, en septiembre en
una entrevista concedida a El Nacional, que congregaban a más de 5.000
militantes, algunos de ellos con vinculación con cuerpos de seguridad. Dos de
los militantes muertos en el allanamiento de Quinta Crespo, Odreman y Michael
Antonio Contreras, trabajaron para cuerpos de seguridad del Estado: la PM y el
Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, ente descentralizado de
la Alcaldía de Caracas, respectivamente. En la entrada de la sede de
operaciones del 5 de Marzo está un oficial de la PNB; de los improvisados
tendederos de ropa cuelgan dos uniformes del cuerpo policial.
“Gente de pueblo”
“Gente de pueblo”
Ser
miembro del 5 de Marzo requiere de entrenamiento. Es una formación de tres
meses en la que se enseña defensa personal, manejo de motocicletas y labores
sociales, según sus integrantes. Pero sus militantes dicen que son gente de
“paz”. Esto también lo han dicho desde otros colectivos y lo recalcaron al
calor de las protestas en febrero, en un evento en las calles del 23 de Enero
que reunió a algunos líderes a raíz de la muerte de Juancho Montoya. “Somos
gente del pueblo que trabaja por cultura, el deporte y todo lo social”, dijo al
Correo del Orinoco Igor Luengo, comandante del colectivo Cheo Pirela y miembro
del Frente en Defensa Juan Montoya, que aparece en al menos cinco videos de
televisoras nacionales, casi siempre acompañando a Odreman.
Luengo estuvo
bajo régimen de presentación en tribunales por posesión ilegal de armas en
2001. No es funcionario policial, pero sí trabajó en el Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad hasta 2008, según su última cotización en el
Instituto Venezolano de Seguros Sociales.
El discurso de algunos de los miembros de los colectivos que asocia sus prácticas con la promoción de actividades culturales y comunitarias, sufrió un viraje después del asesinato de Odreman. En un comunicado, divulgado el miércoles por el Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya –conformado por los colectivos 5 de Marzo, Escudo de la Revolución y Frente Juan Montoya–, rechazan ser desarmados. “Nos parece totalmente absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva (...) En caso de tener armas, las utilizaríamos en situaciones extremas, donde manifiestamente nos encontremos en riesgo, y que evidentemente pongan en peligro el proceso”, reza el documento, que para muchos se leyó como un tácito reconocimiento de que sí poseen armamento. De acuerdo con la interpretación gubernamental, el proceso pudo verse en peligro durante las protestas de 2014. Algunos colectivos salieron a las calles siguiendo el llamado del presidente Maduro: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Esa noche hubo dos muertes.
La fecha en que murió Chávez
El discurso de algunos de los miembros de los colectivos que asocia sus prácticas con la promoción de actividades culturales y comunitarias, sufrió un viraje después del asesinato de Odreman. En un comunicado, divulgado el miércoles por el Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya –conformado por los colectivos 5 de Marzo, Escudo de la Revolución y Frente Juan Montoya–, rechazan ser desarmados. “Nos parece totalmente absurdo que se esté pidiendo a los colectivos de trabajo revolucionario su desarme al mismo nivel que se le exige a cualquier banda delictiva (...) En caso de tener armas, las utilizaríamos en situaciones extremas, donde manifiestamente nos encontremos en riesgo, y que evidentemente pongan en peligro el proceso”, reza el documento, que para muchos se leyó como un tácito reconocimiento de que sí poseen armamento. De acuerdo con la interpretación gubernamental, el proceso pudo verse en peligro durante las protestas de 2014. Algunos colectivos salieron a las calles siguiendo el llamado del presidente Maduro: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Esa noche hubo dos muertes.
La fecha en que murió Chávez
El
crecimiento del 5 de Marzo fue veloz. El Sargento P. asegura que surgieron a
raíz del descontento por la forma en que se realizó la liquidación de la PM
–iniciada en marzo de 2011–, y para reivindicar los derechos de jubilación,
entre otros, de 1.856 funcionarios. Pero solo con la muerte de Chávez se
conformaron oficialmente, tomaron la fecha del fallecimiento del presidente
para rendirle tributo y comenzaron a exponerse con mayor frecuencia.
Al
colectivo de Odreman se le incorporó en el Movimiento Por la Paz y la Vida
–plan de seguridad ciudadana impulsado por el gobierno, en la gestión del
ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, en 2012–, en
rescates de empresas y llegaron a fundar un consejo comunal con su nombre. Pero
dos sábados atrás, el reto era llenar el auditorio de casi un centenar de
puestos de la antigua sede de la PM para discutir los lineamientos que
abordarán los colectivos del Frente en Defensa Juan Montoya, y el miércoles
concentraron esfuerzos para convocar la rueda de prensa en la que
divulgaron un documento en que se pronuncian sobre los asesinatos a militantes
de colectivos, piden una mesa de diálogo con el gobierno, entre otras
solicitudes. En el edificio Manfredir, donde opera el colectivo Escudo de la
Revolución, las puertas permanecen cerradas. Los pasillos son oscuros, y están
desmantelados; las radios de los militantes están apagadas para evitar
intervenciones y pocos se exponen en público.
Odreman
tenía un álbum de fotos con el poder, divulgado a través de sus redes sociales.
Fue retratado con el diputado Robert Serra (asesinado el 1° de octubre), la
primera dama Cilia Flores, los presidentes Chávez y Maduro. Pero no posó
sonreído con todos. Horas antes de morir, acusó en los medios de comunicación
Rodríguez Torres de ser el culpable si algo llegara a sucederle.
A pesar
de que el 5 de Marzo ganó notoriedad a raíz del caso del Manfredir, las
rencillas con los cuerpos policiales no son nuevas. El 15 de septiembre de 2013
fue reseñado el allanamiento que practicó la Policía Nacional y el Servicio
Nacional de Inteligencia Bolivariana en la sede del colectivo donde se incautaron
10 pistolas, 3 pasamontañas, 4 cajas de municiones con 50 balas calibre 9 mm y
5.7, 3 juegos de esposas, 20 chalecos antibalas, 2 cajas de municiones calibre
22, 3 cajas de 3.57 con 50 municiones cada una, 30 municiones de 38 mm, 6
granadas lacrimógenas, 5 pistolas eléctricas, 45 potes de radio activo Scott
(usado para detectar droga), 2 sellos húmedos, 6 uniformes de la milicia y 2
computadoras portátiles. El Sargento P. se defiende y dice que el arsenal “era
de juguete”.
La
operación no disolvió al 5 de Marzo ni los obligó a cambiar de ubicación o de
prácticas. En lo alto de la sede del colectivo, donde se estaciona una hilera
de motocicletas -en su mayoría negras, de alta cilindrada y sin placas de
identificación- y se pasean militantes del colectivo, son articulados –uno de
los verbos preferidos en el vocabulario de ese y de otros colectivos - los
pasos a seguir luego de la muerte de Odreman. En el lenguaje diplomático de
estos grupos, nadie se acusa públicamente. Líderes de los colectivos Alexis
Vive, Radio 23, Milicia “0” y de la Coordinadora Simón Bolívar –tradicionales
de la parroquia 23 de enero- y del Colectivo de la Dignidad –en Chacao-, se
desmarcan del recientemente noticioso 5 de Marzo y aseguran que cada uno es
autónomo.
En el 5
de Marzo no hay nombres, solo jerarquías. El “Uno” o “Comandante Murachí”, es
el líder que autoriza cuándo salir, quién es bienvenido, cuál el momento de
ocultar o no el rostro y qué decir. El resto son llamados por combinaciones de
números alusivos a códigos de frecuencia radial, solo manejados en la jerga
policial. Cada uno de los miembros tiene una numeración exclusiva que lo
identifica: Odreman era el 60-1. Después de su muerte ninguno de sus militantes
se atreve a revelar quién es el nuevo “Uno”.
“Desde ese
momento no tenemos padrino, pero quien más o menos nos está ayudando de una
manera indirecta, a través de otra persona, es Ernesto Villegas”, dijo el
Sargento P. El Nacional solicitó una entrevista con Villegas para conocer su
versión, pero no fue respondida.
La historia de un carnet
Orlando Padrón actuó como uno de los voceros del colectivo 5 de Marzo en una rueda de prensa el miércoles pasado. A las 12:15 pm, después de la rueda de prensa que dieron en el antiguo auditorio de la Comandancia General de la PM, un periodista le pregunta si se encuentra armado. El hombre, para demostrar que no lleva armas, se sube la chaqueta y enseña un radio portátil porque –afirma- es funcionario de la Policía de Guaicaipuro, de los altos mirandinos. Saca el carnet pero lo resguarda rápidamente.
–Si dices que soy Poliguaicaipuro vamos a tener un problema, le advierte a una periodista de El Nacional que asistió a la actividad.
Cuando se le señaló que sus palabras se podían interpretar como una amenaza, respondió así: “No. Para nada. Discúlpame, de verdad”.
El director de la Policía de Guaicaipuro, comisionado Levis Ávila, explicó la situación de Padrón: “La identificación que tiene es como operador de radio y se la daría algún director. Él no trabaja ni siquiera fijo en la nómina nuestra porque realiza eventualmente mantenimiento a la base de los radios de transmisiones. Yo desconocía que él tenía carnet porque es totalmente ilegal”.
Las deudas pendientes de la desmovilización de la PM
El Ejecutivo publicó el 29 de marzo de 2011 una resolución en la que ordenaba liquidar a la PM en 3 meses, y dejaba abierta la posibilidad de una prórroga por otros 90 días. Desde ese entonces inició la agonía del cuerpo policial que tenía 41 años de operaciones en Caracas y, a la par, activistas en derechos humanos advertían que la desmovilización de un cuerpo armado era un proceso delicado dadas sus implicaciones.
Liliana Ortega, directora de la organización de derechos humanos Cofavic, sostiene la hipótesis que planteó en 2011 al referirse al proceso de desmovilización de la PM.
La historia de un carnet
Orlando Padrón actuó como uno de los voceros del colectivo 5 de Marzo en una rueda de prensa el miércoles pasado. A las 12:15 pm, después de la rueda de prensa que dieron en el antiguo auditorio de la Comandancia General de la PM, un periodista le pregunta si se encuentra armado. El hombre, para demostrar que no lleva armas, se sube la chaqueta y enseña un radio portátil porque –afirma- es funcionario de la Policía de Guaicaipuro, de los altos mirandinos. Saca el carnet pero lo resguarda rápidamente.
–Si dices que soy Poliguaicaipuro vamos a tener un problema, le advierte a una periodista de El Nacional que asistió a la actividad.
Cuando se le señaló que sus palabras se podían interpretar como una amenaza, respondió así: “No. Para nada. Discúlpame, de verdad”.
El director de la Policía de Guaicaipuro, comisionado Levis Ávila, explicó la situación de Padrón: “La identificación que tiene es como operador de radio y se la daría algún director. Él no trabaja ni siquiera fijo en la nómina nuestra porque realiza eventualmente mantenimiento a la base de los radios de transmisiones. Yo desconocía que él tenía carnet porque es totalmente ilegal”.
Las deudas pendientes de la desmovilización de la PM
El Ejecutivo publicó el 29 de marzo de 2011 una resolución en la que ordenaba liquidar a la PM en 3 meses, y dejaba abierta la posibilidad de una prórroga por otros 90 días. Desde ese entonces inició la agonía del cuerpo policial que tenía 41 años de operaciones en Caracas y, a la par, activistas en derechos humanos advertían que la desmovilización de un cuerpo armado era un proceso delicado dadas sus implicaciones.
Liliana Ortega, directora de la organización de derechos humanos Cofavic, sostiene la hipótesis que planteó en 2011 al referirse al proceso de desmovilización de la PM.
“Las
consecuencias son notorias. Cuando se desmoviliza al segundo grupo armado más
grande, después de la FAN, es importante crear un proyecto de vida alterno para
estas personas que tienen un tipo de destreza. Algunos, que tenían 22 años en
la policía, fueron jubilados jóvenes y se les cancelaron las prestaciones
sociales en base al sueldo mínimo. El modo de desmovilización y el discurso
oficial de la supresión de la PM fue criminalizante y estigmatizado”, precisó.
Al
referirse a los bienes que eran de la PM, Ortega considera que la
desmovilización del cuerpo policial no fue transparente: “No se sabe qué pasó
con el parque de armas, con algunas instalaciones adscritas a la policía, con
las motocicletas de alta cilindrada y con los chalecos que tenían los
funcionarios de esta policía que tenía un alcance prácticamente en toda la
ciudad. La PM no se podía sustituir por ningún cuerpo policial”.
El
coordinador del área de investigación de la organización Provea, Rafael
Uzcátegui, considera que no hubo políticas públicas para reincorporar a los
funcionarios de la PM que no estuvieron involucrados en hechos delictivos antes
de ser suprimido el cuerpo policial. “Tuvimos conocimiento que algunos
funcionarios fueron investigados por el Ministerio Público por la comisión de
delitos. Pero no hubo políticas públicas claras para reincorporar en otros
cuerpos policiales a los uniformados que no estuvieron involucrados en hechos
delictivos, lo que demuestra que hubo una violación al derecho al trabajo”,
explicó.
El especialista advierte que en
caso de concretarse una reestructuración policial en el país, se deben eliminar
las figuras paramilitares: “El asesinato de Juancho Montoya, que era
funcionario de Policaracas y miembro del Secretariado Revolucionario de
Venezuela, es una prueba de que existen grupos integrados que son ex
funcionarios o agentes activos”.
Vía El Nacional
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