En el módulo de La Vega funciona
una comuna y parte del espacio fue cedido a la PNB para la policía comunal |
Foto: Williams Marrero/El Nacional
La
supresión de la Policía Metropolitana, en marzo de 2011, motivó a algunos
grupos a tomar varias instalaciones. Algunos continúan realizando labores que
competen a los organismos policiales
ANGÉLICA LUGO.
En la antigua comisaría Diego de Lozada de la Policía Metropolitana
—también conocida como el destacamento 51— ubicada en la calle Real de Lídice,
aún llegan denuncias de robos y solicitudes de la comunidad para pedir
seguridad. Aunque el sitio ya no es una sede policial del Estado, sirve para
que la Fundación Aquiles Bellorín realice actividades que competen a los
cuerpos de seguridad.
“No somos colectivo. Somos una fundación que realiza actividades en pro
de la comunidad y que representa a varios grupos culturales y deportivos. El
único colectivo armado que tuvimos fue el Dispositivo Bicentenario que surgió
luego de la eliminación de la PM. Como Caracas quedó sin policías, varios
funcionarios activos nos vimos en la necesidad de reunirnos para brindar seguridad
en el sector de Manicomio, en el Casco Central y en Los Mecedores. Hacíamos
guardias desde las 7:00 pm hasta las 11:00 pm y con el Dibise y con la Guardia
Nacional Bolivariana llegamos a articular para compartirnos la parroquia. Pero
el año pasado nos separamos de ellos porque estaban con el 5 de Marzo”, dijo
Richard Torrelles, que preside la fundación.
Mientras Torrelles muestra las áreas de su organización, varios abuelos
comenzaron a llegar para asistir a una reunión en uno de los dos clubs que tienen
para las personas de la tercera edad. También entran y salen madres que van al
infocentro con sus hijos, al tiempo que otras mujeres dejan a sus niños para
que asistan a las tareas dirigidas.
“Los vecinos confían en nosotros. Este lugar lo recuperamos para la
comunidad. También tenemos un mercal, organizamos ferias de comidas y prestamos
las instalaciones para reuniones del PSUV, de las UBCH y de la comuna Lídice. A
veces recibimos denuncias de robo de motos y las atendemos. Si vemos una
irregularidad, se lo comunicamos a la Policía Nacional Bolivariana o ellos nos
piden apoyo”.
El 7 de noviembre se prendieron las alarmas de quienes mantienen el
control de las antiguas sedes de la PM luego de que Carmen Meléndez, ministra
de Interior y Justicia, ordenó que esos sitios fueran restaurados y se pongan
en funcionamiento para la coordinación de labores del patrullaje inteligente.
Aunque algunas estructuras están en poder de la PNB, de la GNB, Policaracas y
el Ministerio de Interior y Justicia, otros fueron tomados por comunas,
colectivos, invasores o familias de ex funcionarios de la PM que quedaron
damnificados. Muchos están en condiciones precarias.
Ángel López vive en lo que era el área de dormitorios de la comisaría
Pedro Emilio Coll en la zona 10 de la PM de la avenida Intercomunal de El
Valle. En una instalación deteriorada y prácticamente en abandono, cuatro
familias han improvisado sus viviendas después de la supresión del cuerpo
policial.
“Me considero protector de una instalación abandonada”, dice mientras
supervisa que los clientes que asisten al mercado popular del miércoles sean
atendidos.
En la actualidad en esa antigua sede hay una extensión de la Universidad
Bolivariana de Venezuela, una iglesia evangélica y un galpón que, además de
albergar a una familia, es la sede de la Fundación Colectivo de Integración
Socialista para la Ayuda Comunitaria, en la que una de sus representantes,
Mireya Rivas, vende artículos de limpieza y de aseo personal que traen desde
Charallave.
En el antiguo Distrito 61 de la Zona 6 de la PM, ubicado en Plaza
Venezuela, funciona la Asociación Civil Pro Defensa de Jubilados y Pensionados
de la Policía Metropolitana. Luego de la supresión de ese cuerpo, en esa sede
hay 10 ex funcionarios damnificados y 5 familias de ex funcionarios que también
residen en las instalaciones. Edgard Pinto, sargento mayor jubilado, es uno de
los ex funcionarios que vive allí junto con su esposa e hijos de 13 y 8 años de
edad.
La nueva ministra de Interior y Justicia tiene la responsabilidad de
desalojar estos lugares o de cedérselos a quienes se han apropiado de ellos.
Herlinda Colmenares, sargento primero jubilada de la PM, considera que la
realidad que se ve en las antiguas sedes del extinto cuerpo policial se debe a
que nunca se les dio el valor que merecían.
“La
supresión de la PM y las jubilaciones de algunos funcionarios fueron
prematuras. No vamos a permitir que nos saquen de aquí. Entre nuestros
pendientes queremos recuperar el club social de la PM, que lo llegamos a
mantener con nuestros recursos y que ahora está en poder de la PNB y de la
Guardia”.
Vía El Nacional
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