EL UNIVERSAL
domingo 9 de noviembre de 2014 02:05 PM
Caracas.-
Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, afirmó que la represión y los
controles por parte del gobierno son los principales responsables por la
crisis económica que vive el país en la actualidad.
A su juicio, las estructuras productivas del país están descompuestas y la represión en contra de las mafias que se dedican al contrabando de productos es una medida que no va a solucionar el problema de forma permanente.
"Al Gobierno le es más fácil reprimir que incentivar a las empresas", afirmó Roig durante una entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido por Televén.
Además, afirmó que las fiscalizaciones a locales comerciales en el marco del Plan Navidades Felices es solo la continuación del llamado "Dakazo", que se realizó a fin de tranquilizar a la población en el marco de la crisis económica.
Sin embargo, descartó el éxito de este tipo de iniciativas ya que 80% de los venezolanos consideran que la falta de decisiones del Gobierno es la causa principal de la crisis.
Por último Roig incentivó al Ejecutivo a propiciar la inversión extranjera tal y como lo hacen los gobiernos de Cuba y Haití.
A su juicio, las estructuras productivas del país están descompuestas y la represión en contra de las mafias que se dedican al contrabando de productos es una medida que no va a solucionar el problema de forma permanente.
"Al Gobierno le es más fácil reprimir que incentivar a las empresas", afirmó Roig durante una entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido por Televén.
Además, afirmó que las fiscalizaciones a locales comerciales en el marco del Plan Navidades Felices es solo la continuación del llamado "Dakazo", que se realizó a fin de tranquilizar a la población en el marco de la crisis económica.
Sin embargo, descartó el éxito de este tipo de iniciativas ya que 80% de los venezolanos consideran que la falta de decisiones del Gobierno es la causa principal de la crisis.
Por último Roig incentivó al Ejecutivo a propiciar la inversión extranjera tal y como lo hacen los gobiernos de Cuba y Haití.
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