El viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ávalos no
respondió, a nombre del Estado venezolano a las preguntas sobre los casos de
torturas y atropellos a los ciudadanos. El hijo de José Vicente Rangel se lanzó
un discurso sobre lo casos de la cuarta república que asombró a los relatores
de ONU
Desde Ginebra, la directora del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Ligia Bolívar,
consideró que el balance es “positivo, en cuanto a que las informaciones que
aportamos las ONG fueron tomadas en cuenta, en cuanto a que el Comité no aceptó
respuestas generales y sigue exigiendo precisión por parte del La delegación
del Estado venezolano, encabezada por el viceministro de Política Interior,
José Vicente Rangel Ávalos, no contestò con exactitud las preguntas
realizadas por los relatores y expertos del Comité, y por
el contrario, el discurso del hijo de José Vicente Rangel se basó en
argumentos generales y políticos, haciendo mención a casos ocurridos en el
siglo pasado.
“Me parece que las respuestas no se adaptan a lo
que eran las preguntas. Hemos preguntado sobre cuándo se permitirá que el
Relator Especial pueda visitar Venezuela. ¿Cuándo Estado”.
La investigadora también se mostró preocupada
porque el Estado venezolano no reconoce que existe un problema, y así
“difícilmente va a aportar soluciones”.
Por su parte, el director de Espacio Público,
Carlos Correa, quien también participó en la sesión, aseguró que
“desafortunadamente la delegación no respondió de forma adecuada las preguntas
que le hizo el Comité y los distintos expertos”. Sin embargo, según su criterio
esta fue una sesión importante que deja “un inventario sustantivo de los
elementos a resolver para que efectivamente en Venezuela haya una política que
prevenga y castigue la tortura”.
Durante la presentación de los voceros del gobierno
de Maduro, la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María
Mercedes Berthé, puso en duda la veracidad del testimonio de la jueza María
Lourdes Afiuni sobre la violación sexual sufrida durante su encarcelamiento.
Berthé pidió “despreocuparse sobre ese particular”.
Al respecto, reaccionó la integrante del Comité,
Essadia Belmir, quien presidió la sesión. Manifestó que “si hay algún
expediente que hay que tratar, es precisamente éste. Es algo muy importante y
muy grave, porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema
judicial y al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese
provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos”, aseveró.
Luis Damiani, representante del Estado, admitió que
la mayoría de los integrantes del Poder Judicial no son titulares de sus
cargos. “Es verdad. Esta comisión nombró jueces provisorios (…) Para el 2013
tenemos alrededor de 1.700 jueces, de los cuales 1.095 son provisorios, y 665
titulares. Es decir, solamente el 38%”, reveló. Esta situación, a juicio de los
miembros del Comité, afectaría la independencia judicial.
VIOLENCIA CARCELARIA
El experto Alessio Bruni cuestionó las divergencias entre la información proporcionada por el Estado y la de organizaciones no gubernamentales, respecto a la situación carcelaria. De acuerdo a lo señalado por la directora general de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Carmen Morales, “no existe violencia” en 87% de los establecimientos carcelarios del país.
El experto Alessio Bruni cuestionó las divergencias entre la información proporcionada por el Estado y la de organizaciones no gubernamentales, respecto a la situación carcelaria. De acuerdo a lo señalado por la directora general de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Carmen Morales, “no existe violencia” en 87% de los establecimientos carcelarios del país.
“La delegación dice que no hay violencia en un 87%
de las cárceles; estas son las cifras del Gobierno, que admite que hubo 402
muertes en 2013. Lo que es chocante es que estas muertes sólo se hayan
producido en el 13% de las cárceles existentes”, aseguró Bruni, quien agregó
que “incluso si nos atenemos a estas cifras, tantos muertos en las cárceles no
es normal. Para que haya tantos muertos, tiene que haber armas. Entonces, ¿qué
medios utilizan las autoridades para impedir la introducción de armas en el sistema
penitenciario? ¡Porque matan a cientos y cientos de personas al año!”, expresó.
REPRESIÓN CONTRA
PROTESTAS
“¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”, respondió Rangel Ávalos ente el cuestionamiento del Comité Contra la Tortura sobre la represión contra las protestas ocurridas en el primer semestre de 2014.
“¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”, respondió Rangel Ávalos ente el cuestionamiento del Comité Contra la Tortura sobre la represión contra las protestas ocurridas en el primer semestre de 2014.
El representante gubernamental aseguró que no
existen fotografías de funcionarios disparando con armas de fuego contra
manifestantes, a pesar de los registros audiovisuales que muestran a efectivos
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) utilizando su armamento el 12
de febrero de 2014.
Rangel Ávalos también se refirió a la actuación de
grupos paramilitares, asegurando que “a los colectivos los han tratado de
satanizar”. Además, justificó que “sí, puede haber individuos dentro de esos
colectivos que estén armados, como hay personas de la oposición que están
armadas”.
Al finalizar la sesión, el vocero oficial se
comprometió en nombre del Estado venezolano a no perseguir a los integrantes de
las organizaciones no gubernamentales que acudieron a la audiencia, esto ante
la preocupación manifestada por los integrantes del Comité.
Tras la evaluación, los relatores del Comité Contra
la Tortura redactarán un informe con recomendaciones a las que el país debe dar
cumplimiento, de conformidad con las convenciones internacionales.
Vía Tal Cual
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