Eddy Reyes Torres
El pasado jueves 5 de enero, el diputado Julio Borges fue electo como nuevo presidente de la Asamblea Nacional para el período de sesiones correspondiente al año 2017. Junto con él fueron designados los vicepresidentes, así como los secretarios de dicho órgano. Se cumplió de ese modo el proceso rotatorio previamente acordado entre los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Con tan importante acto, se oxigena la condición democrática de la oposición que en este momento representa a una mayoría substancial del país.
Cuatro días más tarde, la Asamblea expresa su condición opositora y equilibradora adoptando una decisión trascendental para el momento crítico que vivimos: el abandono del cargo por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por ser responsable directo de la crisis sin precedente que nos afecta.
En cualquier Estado con una real separación de poderes, al Tribunal Supremo de Justicia le correspondería dilucidar la fundamentación constitucional de la medida y decir, por tanto, la última palabra. Desgraciadamente, en la Venezuela actual eso no es más que un vano deseo por la condición minusválida y partidista de ese importante órgano, cuyas decisiones no son más que –como ya dijimos en anterior artículo– “aleteos de mariposas” ocasionados por los vientos direccionales emanados del Poder Ejecutivo.
Dentro y fuera de nuestras fronteras, nadie pone en duda que aquí hay una concentración de poder en la Presidencia de la República, que de hecho la transforma en dictadura, desde donde emanan las directrices que se ejecutan en el TSJ y otras instancias fundamentales de la estructura del Estado (Consejo Nacional Electoral, Banco Central de Venezuela, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República). Es por esa específica situación, además del hecho cierto de contar con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, que consideramos que la acción ética, jurídica y política que ha ejecutado la Asamblea Nacional tiene la relevancia que hará que trascienda en el tiempo.
Los diferentes autores que en el pasado han estudiado el tema del despotismo y la concentración de poder han sido concluyentes al señalar que el gobierno mixto, que es el mismo que Montesquieu llamó “gobierno moderado”, es el único remedio contra dicho mal. De allí que insistentemente se ha dicho que el mejor antídoto para el abuso de poder es dividirlo, esto es, enfrentar un poder con el otro para garantizar la estabilidad del régimen y la libertad del ciudadano por el control recíproco. Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), precursor del socialismo utópico, en un escrito de 1768 relativo al orden natural y esencial de las sociedades políticas, expuso tan relevante asunto así:
“En política los contrapesos no son instituidos para privar al poder legislativo y al ejecutivo de la acción que le es propia y necesaria, sino para que sus actos no sean ni violentos, ni irreflexivos, ni apresurados, ni precipitados. Se crean poderes antagónicos para que las leyes tengan un poder superior al de los magistrados y para que todos los órdenes de la sociedad tengan protectores con los cuales contar (véase al respecto La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político de Norberto Bobbio)”.
Esa labor de contrapeso es lo que le da entonces pleno sostén a la acción ejecutada por nuestra Asamblea y justifica su relevancia, además de que nos conduce inexorablemente a ratificar con más amplitud lo ya señalado sobre el régimen de Maduro, una dictadura apoyada por una minoría, cuyas ejecutorias –muchas de las cuales se fundamentan en la declaración arbitraria y contra legem (en contra de la ley) del estado de excepción– se apartan de lo que establece la Constitución. Es por eso que, de no hacerse los correctivos necesarios, lo único que le queda a la mayoría del país es abrir la caja de Pandora contenida en el artículo 350 de nuestra carta magna y que reza así: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
A Nicolás le corresponde lanzar la primera carta.
@EddyReyesT
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