EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/04/mas-muertes-en-las-carceles-hasta-cuando/
Hay nuevo fiscal general, nueva defensora, un programa de convivencia democrática... pero siguen muriendo presos. Cinco en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, dos más en El Rodeo y uno en Uribana, en el estado Lara.
La información sobre las muertes en Yare fue confirmada por el Servicio Penitenciario en un comunicado marca de la casa en el que se indica que “el establecimiento de máxima seguridad está destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”. Lo ocurrido confirma que la “máxima seguridad” es una expresión vacía, y lo de “líderes negativos” es un lapsus revelador: la aclaratoria confirmaría que hay otras prisiones para “líderes positivos”, a los que no llaman ni siquiera presos políticos.
El comunicado explica que se produjo una riña entre privados de libertad que “devino en un motín”. Motín, dice la RAE, es un “movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida”. Si así fue, es cosa seria. ¿Y qué hizo la autoridad? ¿Actuó, solo fue testigo?
El Servicio Penitenciario procedió a ordenar una investigación. La Fiscalía otra investigación. El asunto va a ser investigado, que quede claro. Llegar a conocer los resultados de las investigaciones es otra cosa. Que tengamos la “máxima seguridad” de que no se repetirán estas crueles situaciones es apenas una ilusión.
Los muertos en Yare fueron Kevin Matamoros Matamoros, Eliecer Córdoba García, Erkin Ramos Flores, José Andrade Aguilar, Jean Carlos Jiménez Barrios. El comunicado añade sus cédulas de identidad, de lo que se deduce que era gente joven.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización civil, informó de los otros fallecimientos: Deivi Enrique García de un paro respiratorio en El Rodeo IV, la primera muerte en este nuevo centro de reclusión que replica las condiciones que han cobrado la vida de numerosos presos; Ovidio José Madriz Mendoza en El Rodeo III, también por un paro respiratorio; y Rosqui Norberto Escalona, de 71 años de edad, en Uribana. Murió de regreso a la cárcel luego de haber sido trasladado a un hospital donde no se atendió de manera adecuada su delicada condición de salud, relata el OVP
En el sitio web de la Defensoría del Pueblo no había registro ayer de estas muertes. La noticia más destacada se refería a una reunión entre Eglée González Lobato, la nueva defensora del pueblo, y Ernesto Villegas, el comisionado del programa de convivencia y casi candidato al cargo que ahora ocupa la señora González Lobato. Él durante la visita le entregó un ejemplar de “Víctimas fatales de la violencia política en Venezuela” (abril-junio) de 2017. Una investigación (otra) periodística del Ministerio de Información para suplir la reportería que impidieron que hicieran los medios independientes.
De González Lobato se espera -se exige- que actúe de oficio en el caso de estas muertes como la faculta la Constitución, que recuerda que la Defensoría del Pueblo no está pensada para “articular” iniciativas con otras dependencias del Estado sino para actuar “contra las arbitrariedades (y) desviaciones de poder”.
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