Editorial El Nacional: Cuando mataron a Jorge Antonio Rodríguez

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El asesinato ocurrió el 25 de julio de 1976. Jorge Antonio Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista, de 34 años de edad, fue sometido a torturas en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Había sido detenido dos días antes en el curso de las investigaciones por el secuestro del estadounidense William Frank Niehous, jefe de operaciones de la Owens-Illinois en Venezuela.

Las fechas de la detención y muerte de Rodríguez coinciden, ironías del destino, con las de Víctor Hugo Quero Navas, cuyo deceso también bajo custodia del Estado se produjo entre el 24 y el 27 de julio del año pasado. El régimen que comanda la hija de Rodríguez -Delcy Eloína Rodríguez- anunció el fallecimiento de Quero Navas el pasado 7 de mayo: 9 meses y 10 días más tarde.

Hace medio siglo en Venezuela aún había grupos de la denominada “izquierda revolucionaria” que mantenían activos aparatos armados. Habían rechazado la pacificación ofrecida y ejecutada durante el primer gobierno de Rafael Caldera para poner el candado final a la lucha guerrillera y promover la reinserción de sectores de izquierda a la vida política.

La Liga Socialista era una fachada legal con un brazo armado clandestino: OR (Organización de Revolucionarios). De igual manera procedía Bandera Roja, con varias siglas legales, entre otras Comité de Luchas Populares (CLP), y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV), tras su publicación de circulación legal Ruptura. Eran escisiones del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a cuyas direcciones políticas acusaban de “entreguistas”, cuando menos, por su apego a la dinámica democrática y el abandono de la lucha a balazos y bombas.

En ese contexto de mediados de la década de los setenta del siglo pasado se produjo el secuestro de Niehous, el más largo de la historia de Venezuela: 3 años, 4 meses, 2 días. A Niehous lo señalaban de agente de la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos. La operación denominada Argimiro Gabaldón, muerto muy pronto en aquellos años de plomo por un tiro involuntario de un compañero de lucha, reunió en distintos momentos de la captura y cautiverio de Niehous a todos esos grupos armados, con papel protagónico para OR. Exigían, entre otras cosas, una recompensa millonaria en dólares, que habría sido pagada y nunca recuperada.

El asesinato de Rodríguez en los calabozos de la Disip, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, impactó en la sociedad venezolana y en la opinión pública. Periódicos, emisoras radiales y televisoras informaron profusamente de los hechos. La primera versión, de que había muerto por un infarto, quedó desmentida rápidamente. El fiscal general de la República se puso al frente de la investigación de inmediato. El ministro del Interior, Octavio Lepage, tuvo que dar explicaciones en una rueda de prensa. Fue destituido el director de la Disip y se detuvieron y se les siguió juicio a los agentes responsables del crimen.

Una democracia, y aquella lo era, aún con sus excesos y carencias, no puede proceder de la misma forma que lo hacen quienes violan, por motivos políticos o no, las leyes e irrespetan la convivencia. La tortura no se justifica de ninguna forma aunque se aplique contra grupos o individualidades violentas que usan las armas para imponer un proyecto político. Cuando el Estado tortura -como se ha hecho por años en Venezuela durante lo que va de siglo- el Estado es el que delinque. Es el criminal.

En Venezuela no hay grupos armados que operan contra el régimen, viciado de ilegitimidad, en el poder. Las armas de la República se han usado por una parcialidad política, desde su aparición pública en 1992, y luego al frente del gobierno. La Asamblea Nacional, que preside Jorge Jesús Rodríguez -hijo de Jorge Antonio Rodríguez- no interpela a nadie y no exige explicaciones.

¿Sabremos, sabrá Carmen Teresa Navas, la valiente madre de Víctor Hugo, cómo murió su hijo en manos de la “autoridad”?