MARCOS CARRILLO | EL UNIVERSAL
viernes 2 de diciembre de 2011 12:00 AM
En los procesos de transición las partes en conflicto siguen conviviendo y compartiendo no sólo el espacio geográfico, sino el político y hasta el militar, como, por ejemplo, sucedió en la transición chilena en la que Pinochet siguió siendo general en jefe por un largo tiempo. En el caso de Sudáfrica el gran éxito de la transición consistió en que tanto Mandela como De Klerke comprendieron que estaban y estarían inescindiblemente unidos y debían concertar los intereses que cada uno representaba.
Nuestro país no escapará a una circunstancia similar. La realidad es que en la hipótesis de un cambio de gobierno seguiremos estando frente a un país altamente polarizado. El perdedor seguirá teniendo un altísimo apoyo en amplios sectores del país, que pueden estar alrededor de un 30% de la población, lo que significa que nadie saldrá totalmente derrotado.
Si bien ha habido estímulo al odio y la violencia, Venezuela no se ha convertido en un país en el que predomine la violencia política mediante conflictos armados justificados ideológicamente. No obstante, dadas las circunstancias de apoyo a grupos armados (FARC, La Piedrita, milicias, etc.,) es algo en lo que se debe trabajar para evitarlo.
Los procesos de transición tienen carácter complejo e implican diferencias en cuanto a cómo abordarlos. En el caso venezolano hay partidarios de hacer justicia juzgando a culpables de delitos de diversa índole, desde violación a DDHH hasta corrupción. Argumentan que sólo de esa forma se acaba con la impunidad y se establecen las bases de una nueva institucionalidad. Por otro lado, hay un grupo que enfatiza la necesidad de estimular la paz, la reconciliación y la tolerancia en un contexto de institucionalidad democrática.
Si bien creemos que la impunidad no es una alternativa, es necesario precisar que se le debe dar prioridad a la segunda alternativa. Pensamos que en el caso venezolano la prioridad para un proceso de reconciliación es fundamental. En primer lugar, porque sólo mediante un proceso de combate a los odios, la discriminación y la exclusión será plausible la reconstrucción de una institucionalidad democrática. Segundo, porque promover la reconciliación evitará fórmulas que sigan estimulando diferencias que puedan desembocar en mayor confrontación y tercero, porque evita una política de retaliación que pueda exacerbar más los odios y la violencia política.
De allí que en lugar de aplicar procedimientos que se enfoquen en el castigo de lo que ha pasado, deben buscarse fórmulas que promuevan la paz, la tolerancia, la reconciliación y la democracia. Proponemos que el método fundamental para lograr este camino de conciliación debe ser el diálogo, bien sea directo entre las partes o mediante alguna fórmula de mediación.
Siendo las cosas de este modo, fórmulas radicales de transición deben ser descartadas. En consecuencia, no serán viables métodos basados puramente en un modelo de justicia punitiva, tal y como sucedió, por ejemplo, luego de la II Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. Fue este un caso excepcional en el que los nazis salieron totalmente derrotados y el movimiento fue prohibido constitucionalmente. Tampoco es el caso de la guerra civil española luego de la cual fue inhabilitado el partido comunista. No es una opción en nuestro país inhabilitar o excluir a quien salga derrotado en un proceso electoral, eso significaría comenzar un nuevo período cometiendo los mismos errores del anterior. Los procesos de vocación totalitaria sólo se pueden enfrentar con democracia y la democracia sólo se fortalece con más democracia.
Nuestro país no escapará a una circunstancia similar. La realidad es que en la hipótesis de un cambio de gobierno seguiremos estando frente a un país altamente polarizado. El perdedor seguirá teniendo un altísimo apoyo en amplios sectores del país, que pueden estar alrededor de un 30% de la población, lo que significa que nadie saldrá totalmente derrotado.
Si bien ha habido estímulo al odio y la violencia, Venezuela no se ha convertido en un país en el que predomine la violencia política mediante conflictos armados justificados ideológicamente. No obstante, dadas las circunstancias de apoyo a grupos armados (FARC, La Piedrita, milicias, etc.,) es algo en lo que se debe trabajar para evitarlo.
Los procesos de transición tienen carácter complejo e implican diferencias en cuanto a cómo abordarlos. En el caso venezolano hay partidarios de hacer justicia juzgando a culpables de delitos de diversa índole, desde violación a DDHH hasta corrupción. Argumentan que sólo de esa forma se acaba con la impunidad y se establecen las bases de una nueva institucionalidad. Por otro lado, hay un grupo que enfatiza la necesidad de estimular la paz, la reconciliación y la tolerancia en un contexto de institucionalidad democrática.
Si bien creemos que la impunidad no es una alternativa, es necesario precisar que se le debe dar prioridad a la segunda alternativa. Pensamos que en el caso venezolano la prioridad para un proceso de reconciliación es fundamental. En primer lugar, porque sólo mediante un proceso de combate a los odios, la discriminación y la exclusión será plausible la reconstrucción de una institucionalidad democrática. Segundo, porque promover la reconciliación evitará fórmulas que sigan estimulando diferencias que puedan desembocar en mayor confrontación y tercero, porque evita una política de retaliación que pueda exacerbar más los odios y la violencia política.
De allí que en lugar de aplicar procedimientos que se enfoquen en el castigo de lo que ha pasado, deben buscarse fórmulas que promuevan la paz, la tolerancia, la reconciliación y la democracia. Proponemos que el método fundamental para lograr este camino de conciliación debe ser el diálogo, bien sea directo entre las partes o mediante alguna fórmula de mediación.
Siendo las cosas de este modo, fórmulas radicales de transición deben ser descartadas. En consecuencia, no serán viables métodos basados puramente en un modelo de justicia punitiva, tal y como sucedió, por ejemplo, luego de la II Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. Fue este un caso excepcional en el que los nazis salieron totalmente derrotados y el movimiento fue prohibido constitucionalmente. Tampoco es el caso de la guerra civil española luego de la cual fue inhabilitado el partido comunista. No es una opción en nuestro país inhabilitar o excluir a quien salga derrotado en un proceso electoral, eso significaría comenzar un nuevo período cometiendo los mismos errores del anterior. Los procesos de vocación totalitaria sólo se pueden enfrentar con democracia y la democracia sólo se fortalece con más democracia.
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