ALBERTO ARTEAGA SÁNCHEZ| EL UNIVERSAL
miércoles 2 de julio de 2014 12:00 AM
El derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, de rango constitucional, ha sido ignorado de un todo con las acciones emprendidas por los órganos del Estado para reprimir cualquier expresión pública de disentimiento, ahora con el apoyo de la recién creada Brigada Especial contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV).
Se ha convertido en práctica usual detener a estudiantes para ser luego imputados por agavillamiento, cierre de vías, instigación a delinquir u otros tipos penales semejantes.
La pena es el proceso iniciado, la cárcel preventiva convertida en castigo a la espera de un juicio que no se sabe cuándo se llevará a cabo o la sujeción a medidas arbitrarias de presentación, prohibición de salida del país, de declarar a los medios y de participar en manifestaciones públicas.
Los delitos imputados constituyen el producto de la absurda interpretación de normas penales que son inaplicables a los casos concretos.
Solo se puede hablar de agavillamiento si se encuentran elementos serios de convicción que demuestren que se ha constituido una asociación estable y permanente para cometer delitos, no pudiendo tratarse de un acuerdo momentáneo para llevar a cabo un hecho delictivo, lo cual luce incompatible con una reunión de estudiantes que simplemente protestan; ni mucho menos puede apelarse a la asociación para delinquir de la Ley contra la Delincuencia Organizada que supone una sociedad constituida para cometer delitos de crimen organizado, bien sea inmediatamente antes de cometer el hecho o con anterioridad, no pudiendo apelarse a tal figura ante la concurrencia de varias personas en el hecho; ni existe un pretendido delito de cerrar vías, ya que lo que la ley penal sanciona es la colocación de obstáculos en una vía para preparar el peligro de un siniestro, afectando la seguridad de los medios de transporte; ni se da la instigación pública a delinquir o al odio de unos habitantes contra otros o a la desobediencia de las leyes por el hecho de llamar a protestar, o a exigir un cambio de rumbo en el gobierno y, menos aún, por reclamar contra la represión injusta.
Por lo demás, se ha llegado hasta el extremo de imputar a estudiantes por la utilización de niños o adolescentes en reuniones, por el simple hecho de la presencia de uno de éstos en el escenario en el que se encuentran los adultos, sin que exista elemento alguno que indique su utilización dolosa para cometer hechos punibles.
Pero ahora, para colmo de males, nos encontramos ante la creación de una Brigada Especial contra las actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) que, por supuesto, no es más que un nuevo aparato o instrumento para intimidar, forzar declaraciones, acoger delaciones y actuar contra manifestantes de "alta peligrosidad", según la óptica del poder, esto es, contra manifestantes no afectos al gobierno, cuando lo que la sociedad reclama es justicia y cese de la impunidad por tantos homicidios, secuestros, atracos y otros graves delitos que se dan a diario sin responsable alguno.
Se ha convertido en práctica usual detener a estudiantes para ser luego imputados por agavillamiento, cierre de vías, instigación a delinquir u otros tipos penales semejantes.
La pena es el proceso iniciado, la cárcel preventiva convertida en castigo a la espera de un juicio que no se sabe cuándo se llevará a cabo o la sujeción a medidas arbitrarias de presentación, prohibición de salida del país, de declarar a los medios y de participar en manifestaciones públicas.
Los delitos imputados constituyen el producto de la absurda interpretación de normas penales que son inaplicables a los casos concretos.
Solo se puede hablar de agavillamiento si se encuentran elementos serios de convicción que demuestren que se ha constituido una asociación estable y permanente para cometer delitos, no pudiendo tratarse de un acuerdo momentáneo para llevar a cabo un hecho delictivo, lo cual luce incompatible con una reunión de estudiantes que simplemente protestan; ni mucho menos puede apelarse a la asociación para delinquir de la Ley contra la Delincuencia Organizada que supone una sociedad constituida para cometer delitos de crimen organizado, bien sea inmediatamente antes de cometer el hecho o con anterioridad, no pudiendo apelarse a tal figura ante la concurrencia de varias personas en el hecho; ni existe un pretendido delito de cerrar vías, ya que lo que la ley penal sanciona es la colocación de obstáculos en una vía para preparar el peligro de un siniestro, afectando la seguridad de los medios de transporte; ni se da la instigación pública a delinquir o al odio de unos habitantes contra otros o a la desobediencia de las leyes por el hecho de llamar a protestar, o a exigir un cambio de rumbo en el gobierno y, menos aún, por reclamar contra la represión injusta.
Por lo demás, se ha llegado hasta el extremo de imputar a estudiantes por la utilización de niños o adolescentes en reuniones, por el simple hecho de la presencia de uno de éstos en el escenario en el que se encuentran los adultos, sin que exista elemento alguno que indique su utilización dolosa para cometer hechos punibles.
Pero ahora, para colmo de males, nos encontramos ante la creación de una Brigada Especial contra las actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) que, por supuesto, no es más que un nuevo aparato o instrumento para intimidar, forzar declaraciones, acoger delaciones y actuar contra manifestantes de "alta peligrosidad", según la óptica del poder, esto es, contra manifestantes no afectos al gobierno, cuando lo que la sociedad reclama es justicia y cese de la impunidad por tantos homicidios, secuestros, atracos y otros graves delitos que se dan a diario sin responsable alguno.
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