Angel Alayón
El presidente Nicolás Maduro ordenó en cadena nacional
la ocupación de la red de tiendas Daka por parte del gobierno y que
todos los productos se pusieran a la venta de inmediato a precios
justos: “Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los
almacenes. Ya basta” dijo el 8 de noviembre de 2013. Fue el comienzo de
una operación a gran escala de reducción de precios de electrodomésticos
y productos de línea blanca, hoy conocida como El Dakazo.
Las colas aparecieron frente a las tiendas que eran objeto de
intervención estatal y pronto se cumplió el deseo del Presidente: los
anaqueles quedaron vacíos.
El Dakazo se enmarcó en la narrativa de la “guerra económica”,
un concepto que empezó a utilizarse con fuerza por voceros del gobierno
a partir de agosto de 2013 y que intentó responsabilizar al sector
privado y a factores externos como el gobierno de los Estados Unidos de
la escasez y la inflación. El Dakazo fue, entonces, la respuesta
del gobierno a los culpables de los males del país: los usureros y
especuladores, los enemigos que desataron la “guerra económica contra el
pueblo de Venezuela”.
Para el momento de El Dakazo,
Nicolás Maduro había perdido 15 puntos de popularidad desde el 14 de
abril de 2013, fecha de la elección presidencial. Los números de la firma encuestadora IVAD
revelaban que 7 de cada 10 venezolanos evaluaban negativamente la
situación del país. Los candidatos del PSUV parecían enfilarse a una
derrota política en las elecciones municipales de diciembre 2013. Pero
los resultados fueron muy distintos.
Nicolás Maduro y el PSUV se recuperaron
lo suficiente durante el último mes de campaña para anotarse una
victoria. Una victoria que implicó una especie de legitimación para
Nicolás Maduro. Se entendía que en esas elecciones, de perder el PSUV,
se abría un espacio para discutir la verosimilitud de los resultados de
las presidenciales de abril, que se decidieron por algo más de un punto
porcentual y fueron cuestionadas por el candidato opositor, Henrique
Capriles Radonski.
El Dakazo fue un salvavidas
político para Maduro: el Presidente de la República amaneció el 9 de
diciembre con un capital político renovado y un horizonte despejado de
elecciones por dos años.
Los analistas esperaban que entre
diciembre de 2013 y enero de 2014 se tomarán medidas económicas que
atendieran los desequilibrios económicos acumulados. Era el momento de
salvar las presiones que impone una elección sobre las decisiones
económicas. Era posible asumir un costo político a corto plazo con la
expectativa de producir una mejor situación económica que se tradujera
en rédito político antes de las próximas elecciones.
Pero esas medidas no llegaron. Y eso
generó serias interrogantes sobre la dirección que tomaría el gobierno
en materia de política económica durante 2014.
El 22 de enero de 2014, Rafael Ramírez,
entonces Vicepresidente del Área Económica, anunció un plan de
importaciones y el presupuesto de divisas del año. La última pregunta de
esa rueda de prensa fue formulada por el periodista Víctor Salmerón,
quien preguntó si el presupuesto de divisas era suficiente para cancelar
la deuda que CADIVI sostenía con el sector privado. Antes de responder
esa pregunta, Rafael Ramírez ya había afirmado con contundencia que el
Estado venezolano garantizaba el pago de la deuda externa venezolana.
Sin embargo, en el caso de la deuda con el sector privado Ramírez
aseguró que antes de pagar debía revisarse el sustento de esos
compromisos. Aquella respuesta anunciaba que el tema de la deuda con el
sector privado flotaría en la opinión pública todo el 2014 y afectaría
la producción en Venezuela.
La contracción en la entrega de divisas al sector privado profundizó la escasez.
Sabiendo lo que vendría, el Banco Central de Venezuela había decidido dejar de publicar los índices de escasez.
Nelson Merentes, presidente del BCV, justificó esa decisión en estos
términos: “El índice de escasez lo debe tener el Gobierno. No es un
índice político. Nosotros le estamos suministrando al Ejecutivo la
información correspondiente. No queremos que los índices se conviertan
en índices políticos que favorezcan a unos y perjudiquen a otros”.
En enero fue la última vez que se hizo pública la cifra de escasez: un preocupante 28%.
En julio de 2014, en una entrevista dada
a José Vicente Rangel, Rafael Ramírez manifestó que Venezuela avanzaría
pronto hacia un sistema de convergencia cambiaria. El anuncio se
interpretó como una señal de la inminente aplicación de medidas para
atender los problemas económicos en Venezuela. A comienzos de año ya se
hablaba de que Ramírez estaba preparando un giro en la política
cambiaria y fiscal que se interpretaba, con más esperanza que certeza,
como un avance en la dirección correcta
Muchos vendieron optimismo a partir de estas ideas, para terminar decepcionados.
Desde puertas adentro, el plan de Ramírez fue torpedeado, tanto por las razones pragmáticas de aquellos que se beneficiaban del statu quo, como las ideológicas de quienes veían en las ideas de Ramírez una traición al legado de Hugo Chávez.
El 2 de septiembre, a menos de dos meses
de la declaración a José Vicente Rangel, Rafael Ramírez fue nombrado
Canciller de la República. El gesto se entendió como el abandono del
gobierno de Nicolás Maduro de las propuestas del otrora zar de la
economía nacional, quien salió del cargo sin cumplir aquella promesa de
pulverizar el dólar paralelo. Días antes del nombramiento como
Canciller, Maduro anunció la implementación del “Plan Sistémico para la
Lucha Integral contra el Contrabando”, un nuevo capítulo en el uso de la
narrativa de la “guerra económica”.
La sobrevaluación de la moneda y los
controles de precios han estimulado el contrabando. Maduro anunció su
combate como parte de la ofensiva para derrotar a los enemigos del
pueblo. Más allá de los anuncios del gobierno, no hay data confiable que
permita evaluar la efectividad de la política, pero sí es posible
afirmar que mientras exista una moneda sobrevaluada, haya controles de
precios y tengamos un sistema de cambio con cuatro precios, los
incentivos para el contrabando serán cada vez mayores y lo convertirán
en un fenómeno difícil de derrotar.
Y mientras la inacción en materia
económica sigue siendo el rasgo resaltante en 2014, el gobierno empieza a
hablar con insistencia de las elecciones legislativas del 2015.
Algunos creen esos comicios podrían
realizarse en el primer semestre del año, como otra consecuencia de la
caída de la popularidad y parte de la necesidad que tiene Miraflores de
que pasen las elecciones para tomar decisiones en materia económica.
Otros dicen que está en proceso una nueva versión de El Dakazo, que obligue a los comerciantes a reducir los precios bajo el operativo “Navidades Felices y Seguras”.
Pero no olvidemos que el efecto en
popularidad política de la versión original fue efímero y no tuvo ningún
efecto sostenible sobre la inflación, más allá de profundizar los
problemas de escasez. Durante los primeros ocho meses de este año, la
inflación posdakazo acumuló 39% y la anualizada llegó a 63,94%.
Las colas frente a supermercados y farmacias testimonian el agravamiento
de los problemas de abastecimiento.
La narrativa de la guerra económica
tiene una consecuencia lamentable: en medio de una guerra, no hay
inversión a largo plazo. El gobierno ha sostenido sus acusaciones al
sector privado, culpándolo (genéricamente) de ser responsable de la
situación actual. Es un discurso que preocupa, pues se trata del mismo
sector privado que necesitará para reactivar la economía nacional. Más
allá de la retórica, es imposible una recuperación económica sin
empresarios que inviertan y sin que el país esté abierto a la iniciativa
privada.
Una rectificación en Venezuela pasa por
reconsiderar al sector privado y al emprendimiento como el principal
motor del desarrollo económico. Como lo hiciera alguna vez Brasil, como
lo hizo alguna vez China, como lo han hecho todas las sociedades que han
prosperado.
Nicolás Maduro ha tenido que lidiar con
las consecuencias de una exacerbación del gasto público que tuvo como
intención garantizar el triunfo de Hugo Chávez en su última elección. El
fallido sistema de producción estatal ha acentuado la escasez y el
financiamiento del déficit fiscal con dinero inorgánico ha impulsado la
inflación y deteriorado los ingresos reales y el bienestar de los
venezolanos.
El ajuste en 2014 parecía inevitable.
Tan inevitable que el hombre que estuvo detrás de pensamiento económico
de Hugo Chávez, Jorge Giordani, confesó en su carta de despedida que la
revolución sería insostenible de seguir el curso que había tomado el
gasto público. Pero Maduro no ha podido girar el timón y ya sentimos el
frío del iceberg. De acuerdo con el IVAD, un 77.3% de los venezolanos
cree que el país va en la dirección equivocada, una estadística que
refleja desesperanza. La caída del precio del petróleo presiona todavía
más a la economía venezolana, que luego de quince años de revolución
depende más que nunca de los ingresos petroleros.
Y, a un año de El Dakazo, vale la pena recordar que los buenos magos nunca deben repetir sus trucos.
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