Eugenio G. Martínez
La meseta electoral del último año no ha
servido para que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)
mejoren la percepción que los ciudadanos tienen de la institución. Según
el estudio cuantitativo sobre las Percepciones ciudadanas del Sistema Electoral [1],
conducido por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad
Católica Andrés Bello, el 56,5% de los electores desconfían en algún
grado del organismo que debe garantizar que la resolución de los
conflictos políticos y de poder se diriman por la vía del voto.
1. ¿La desconfianza es exclusiva de la oposición? De
la lectura inicial de los resultados del estudio se podría suponer que
las personas que tienen una percepción negativa sobre el CNE se limitan
exclusivamente a los electores con simpatías hacía la oposición
venezolana. No obstante, los cruces de variables demuestran que la
desconfianza no es exclusiva de quienes se autodefinen como opositores, aunque como resultará evidente éste es el segmento que peor evalúa al Poder Electoral.
En concreto: 21,1% de los ciudadanos que se autodefinen como chavistas desconfían del organismo comicial, percepción que comparten 61% de quienes se dicen independientes y 86,5% de las personas que se catalogan como no chavistas.
En términos globales la autonomía del
CNE polariza a los ciudadanos al extremo que el 49% de los electores
considera que el árbitro no es autónomo, mientras que 50,9% confía en la
independencia de sus decisiones. No son distintos los resultados cuando
se valora la imparcialidad del organismo comicial: para 49% el árbitro
no es imparcial, mientras un 51% avala el equilibrio de sus decisiones.
Si se evalúan en conjunto ambas
cualidades del organismo, tres de cada cinco electores cuestionan la
imparcialidad o la autonomía del árbitro. Si estas variables se analizan
por la intención de voto (reconocida por los encuestados) durante la
elección presidencial del año 2013, la teórica desconfianza en el CNE
sigue alcanzando a un segmento de las personas que apoyan a la
Revolución Bolivariana. En concreto: tres de cada 10 ciudadanos que
reconocen haber votado por Nicolás Maduro consideran que el organismo
comicial no es imparcial o autónomo, una apreciación que es compartida
por nueve de cada 10 ciudadanos que aseguran haber sufragado a favor
de Henrique Capriles Radonski.
Si se comparan los resultados de este
estudio con los datos de la encuesta sobre confianza en el sistema
electoral, realizada en julio del año 2013 [2],
no existen mayores diferencias. Entre las conclusiones del anterior
análisis se indicaba que “el CNE es percibido por una parte importante
del país, no como el árbitro de la contienda electoral, sino como un
jugador más cuyas decisiones no son independientes, sino que están
condicionadas políticamente”.
2. ¿Se respetan los resultados electorales en Venezuela? Aunque
esta variable no es responsabilidad exclusiva del CNE, genera un
impacto importante en la percepción que los ciudadanos tienen de la
institución y en la valoración que realizan sobre el poder del voto como
mecanismo de resolución de conflictos.
Como sucede con otros elementos que se
evalúan ante la opinión pública, el respeto a los resultados polariza a
los ciudadanos. Según el estudio del Centro de Estudios Políticos de la
UCAB, el 17,8% de los ciudadanos se muestran “muy en desacuerdo” cuando
se afirma que el Gobierno respeta los resultados de las elecciones,
mientras 32% está “en desacuerdo” con la misma afirmación. No obstante,
hay un 15,9% que dice estar “muy de acuerdo” y un 33,9% está “de
acuerdo” en que se acata la voluntad popular. Si se agrupan las
respuestas, para 50,2% de los ciudadanos no se obedecen los resultados,
mientras que 49,8% discrepa de esta postura.
Al analizar esta variable por intención
de voto manifiesta en 2013, se descubre que 22% de las personas que
dicen haber sufrago por Nicolás Maduro consideran que en Venezuela no se
respetan los resultados electorales. No obstante, no queda claro si
esta percepción está orientada a la actuación del Gobierno Nacional o si
se trata de la crítica a las denuncias de fraude esgrimidas por la
oposición venezolana. En el caso de quienes dicen haber votado por
Capriles Radonski la tendencia es mucho más clara: ocho de cada 10
ciudadanos consideran que en el país no se acata la voluntad popular.
3. ¿Los ciudadanos reconocen el desequilibrio electoral? Según
el estudio de la UCAB, el control que ejerce el CNE sobre las
actividades de los partidos y sus candidatos no convencen a los
ciudadanos. Al extremo que para el 63% de los consultados las
condiciones en las que se celebran las campaña son inequitativas, porque
los aspirantes que adversan al Ejecutivo Nacional no tienen las mismas
oportunidades ni los mismos recursos que los candidatos del Gobierno. Es
una percepción compartida por 32,8% de las personas que se definen como
chavistas, cifra que se duplica en el caso de los independientes y alcanza a 88% de los ciudadanos que se dicen opositores.
La percepción que tienen los venezolanos
sobre el control del CNE sobre las cadenas presidenciales (cuando son
utilizadas para proselitismo político) refleja a la perfección el
rechazo al ventajismo: para 63% de los ciudadanos es incorrecto que las
autoridades comiciales no sancionen el uso de las cadenas presidenciales
con fines electorales. Por otra parte, las tres categorías básicas de
delitos electorales durante la campaña son ampliamente reconocidas por
los electores: 8 de cada 10 ciudadanos aseguran haber presenciado al
menos una de las siguientes violaciones a la norma: Autoridades del
Estado obligando a votar por un partido político (50% asegura ser
testigo de esta irregularidad); colocación de propaganda electoral en
las instituciones del Estado (62% de los ciudadanos dice haberlo
presenciado); y uso de automóviles oficiales para movilización de
electores (68% asegura haberlo presenciado).
Para la mayoría resulta evidente que las
campañas son desequilibradas y que, en consecuencia, existe un amplio
acuerdo en que deben sancionarse los ilícitos electorales. Con esta idea
concuerdan 8 de cada 10 electores.
4. ¿Se avala la sobre-representación de mayorías? La
adopción de un sistema electoral mixto mayoritario en Venezuela, a
pesar de que la Constitución Nacional establece un sistema de
representación proporcional, es rechazado abiertamente por los
electores.[3] De
hecho, 2 de cada 3 venezolanos cataloga como injusta a la normativa
electoral que facilitó que el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) obtuviera 60% de las curules de la Asamblea Nacional en 2010, a
pesar de sólo capitalizar 48% del voto.
Esta ilegitimidad de origen afecta la
valoración que se hace de la Asamblea Nacional. De hecho, entre quienes
piensan que la normativa para asignar escaños en el Parlamento es
injusta la desconfianza en el Poder Legislativo se dispara: 4 de cada 5
ciudadanos desconfían de la Asamblea Nacional, mientras que entre
quienes consideran que las normas de distribución de escaños son justas
la desconfianza sólo afecta a 1 de cada 5 electores.
5. ¿Partidos y FANB son cuestionados? La
valoración que se hace del trabajo de los partidos políticos también
termina afectando al CNE, porque los ciudadanos discrepan del uso de los
recursos públicos para las campañas, una actividad de control que recae
en los rectores del organismo comicial. En este sentido, 2 de cada 3
electores sostienen que las organizaciones políticas, tanto de oposición
como oficialistas, utilizan ilegalmente el dinero público para
financiar sus campañas. Y para corregir este problema, casi la mitad de
los ciudadanos (49,5%) cree que todos los candidatos deben recibir
financiamiento público para realizar sus actividades y participar en los
distintos procesos electorales.
Con relación al desempeño de las
organizaciones políticas (de oposición y pro-gobierno), la mayoría de
los ciudadanos tiene una valoración que oscila entre regular y muy mala.
En el caso de los partidos de oposición, un 61,4% considera que su
desempeño durante los procesos electorales es negativo, una opinión que
comparten 58% de los electores en el caso de los partidos que integran
al Polo Patriótico.
En el caso concreto de la actuación de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en teoría subordinada al CNE
durante la celebración de las elecciones, al menos la mitad de los
ciudadanos dudan de la imparcialidad del Plan República.
Según el estudio del Centro de Estudios
Políticos de la UCAB, el 53% de los ciudadanos tiene algún grado de
desconfianza en el estamento militar venezolano. Esta desconfianza se
trasladada al plano electoral y provoca que sólo 51% de los electores
considere que los efectivos militares son imparciales en sus
actuaciones, mientras el resto de los ciudadanos desconfía de su
independencia al punto que para 48% la FANB favorece al Gobierno
Nacional.
De hecho, existe un rechazo importante a
la participación de la FANB en actividades proselitistas. Esta opción
es rechazada por 6 de cada 10 ciudadanos, mientras sólo un tercio de la
población dice estar muy de acuerdo con que los efectivos militares participen directamente en actividades proselitistas.
6. ¿Hace bien el CNE en limitar la observación nacional e internacional? El
cuestionamiento desde el CNE a la actividad que desempeñan los
observadores internacionales en las elecciones no es compartida por la
mayoría de los ciudadanos. Según el estudio de “percepciones ciudadanas
sobre el sistema electoral”, 4 de cada 5 ciudadanos valoran
positivamente a las organizaciones que realizan procesos de veeduría
comicial por su utilidad en las elecciones.
El estudio refleja que las misiones
internacionales cuentan con el apoyo de 68,5% de los ciudadanos,
mientras que las actividades de contraloría comicial de organizaciones
nacionales reciben el apoyo de 64,4% de los electores.
Aunque podría suponerse que el principal
aval a la observación internacional proviene de las personas que se
autodefinen como opositoras el estudio sugiere que en este grupo la
valoración positiva corresponde sólo a 50% de los ciudadanos. En el caso
de quienes se dicen independientes, hasta 61% consideran como útiles los procesos de veeduría internacional, mientras que entre quienes se autodefinen como chavistas la aceptación sube hasta 82%.
7. ¿Los electores piensan que el voto es secreto? El secreto del voto sigue siendo el gran condicionante de los resultados electorales en el país.
Aunque técnicamente sea imposible
descifrar por quién votan los venezolanos, una porción muy importante se
enfrenta a las máquinas de votación con la creencia de que el paso
previo por los equipos de identificación biométrica (captahuellas)
permitirá develar por quién van a sufragar.
La polarización en este tema es
evidente. Mientras 49% confía en el secreto del voto, el resto de los
electores manifiesta algún grado de temor: un 37% está convencido de que
las captahuellas permiten que se sepa por quién votaron y 14% cree que
existe la posibilidad que los equipos de identificación biométrica
delaten por quién sufragaron. Y cuando se analiza este temor por
autodefinición política, la percepción de que el voto no es secreto
alcanza a 30% se quienes se identifican con el oficialismo y se duplica
en el caso de los independientes (56,7%) y de los opositores (67%)
Por otra parte, si se analiza esta
percepción por la intención de voto manifiesta en la presidencial del
año 2013, los resultados varían muy poco. El 34% de los electores que
aseguran haber votado por Nicolás Maduro creen que el voto no es secreto
al igual que 66,7% de las personas que declaran haber votado por
Henrique Capriles Radonski.
8. ¿Vale la pena votar en elecciones organizadas con el actual CNE? En
términos generales, 6 de cada 10 ciudadanos consideran que se puede
sufragar a pesar de que no se considera al CNE imparcial o se crea que
los resultados electorales no serán respetados. Esta aparente
contradicción encuentra su explicación en el hecho que para 7 de cada 10
ciudadanos “el voto puede producir los cambios políticos que necesita
el país”.
Sin embargo, si se depura un poco más la
variable de valor del voto se encuentra que 71% de las personas que
dicen haber votado por Henrique Capriles Radonski dudan que las
elecciones ayuden a solucionar los conflictos políticos del país
pacíficamente, opinión que apenas comparten 20% de los ciudadanos que
dicen haber sufragado en apoyo a Nicolás Maduro.
En conclusión, la desconfianza en el CNE
se basa en elementos mucho más concretos que la denuncia de fraude en
la elección presidencial del año 2013. Los electores, en su mayoría,
reclaman mayor control sobre las campañas electorales y el uso de
recursos públicos, sancionar el uso de las cadenas presidenciales para
realizar proselitismo político, la aprobación de normas de distribución
de escaños más proporcionales; comportamiento institucional de la FANB y
presencia de observadores nacionales e internacionales.
El secreto del voto puede convertirse en
el gran motivador de confianza en el organismo. Cierto es que
técnicamente es imposible develar por quién sufraga un elector. No
obstante, se antojan tímidos los esfuerzos del organismo comicial por
eliminar esta creencia del votante. Una creencia que, por cierto, fue
alimentada inicialmente por la oposición aunque ahora sean el Gobierno y
sus candidatos quienes se beneficien de ella.
*
[1] El estudio cuantitativo sobre “Percepciones ciudadanas del sistema electoral venezolano” forma parte del proyecto Integridad Electoral conducido por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio cuantitativo fue desarrollado por la encuestadora Delphos entre el 17 de septiembre y el 5 de octubre de 2014; consistió en 1.200 entrevistas en hogares para un error muestral de +/- 2% y un nivel de confianza de 95%.
[2] Trabajo de Campo (julio 2013) efectuado por Instituto Delphos sobre la base de un cuestionario elaborado por equipo del Centro de Estudios Políticos de la UCAB. El estudio consistió en 1200 entrevistas con cobertura nacional con muestreo por cuotas “semi- probalístico” para un error +/- 2,3.
[3] Para este tema consultar el texto Legislativas 2015: ¿por qué puede ganar la unidad y perder la oposición? Haga click acá.
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