Por Asdrubal Oliveros y Gabriel Villamizar
En la determinación del régimen
cambiario de un país suelen considerarse además de los aspectos
relacionados con la estabilidad económica factores financieros
(variabilidad de los flujos de capitales) y los objetivos de largo plazo
(crecimiento, empleo, precios) que se espera alcance la Nación.
Tras un decenio de una política
cambiaria que a pesar del control en la administración de las divisas ha
permitido una cuantiosa fuga de capitales (US$184.627 millones) y que a
pesar del anclaje del tipo de cambio oficial ha fallado al momento de
contener la inflación (los precios han variado 1.209,3% en 11 años) han
surgido corrientes de opinión que reclaman un cambio en el manejo de la
esfera cambiaria. El manejo político tampoco ha ayudado; los discursos
volátiles y contradictorios han magnificado el riesgo derivado del mal
manejo económico a tal punto que el riesgo soberano del país se ha
disparado para ser el más alto de Latinoamérica al tiempo que su
calificación ha caído hasta ser la más baja.
¿Dolarizados o indexados? Aunque
se pudiera pensar que por estimar el costo de reposición de las
mercancías al tipo de cambio paralelo —tal y como hacen muchas
empresas—la economía se encuentra dolarizada, no hay nada más alejado de
la realidad. A diferencia de otros países emergentes, en Venezuela los
agentes residentes no mantienen moneda extranjera ni depósitos en moneda
extranjera en bancos nacionales (en parte porque antes no tenían
permitido hacerlo), y aunque esto se permita con la nueva Ley del
Régimen Cambiario y sus Ilícitos lo cierto es que lo que busca el
venezolano no es sustituir una moneda por otra sino un activo por otro.
En Venezuela la inestabilidad económica,
las elevadas tasas de inflación y la falta de opciones de cobertura han
hecho que los agentes económicos residentes busquen no solo cambiar
activos en moneda nacional por activos en moneda extranjera, sino que
traten de indexar su ingreso, es decir, corregir la depreciación de la
moneda tomando como referencia, en este caso, el valor del dólar en el
mercado no oficial.
¿La dolarización ayuda? Muchas
son las “bondades” enumeradas por los defensores de la dolarización. En
primer lugar un país que dolariza su economía elimina completamente el
riesgo de devaluación cambiaria y evita las salidas súbitas de
capitales, lo que controla las crisis monetarias y de balanza de pagos.
Al eliminarse dichos riesgos, tanto el Gobierno como los inversionistas
privados serían capaces de pagar tasas de interés más bajas cada vez que
accedan a mercados financieros internacionales.
Unas tasas de interés más bajas y una
mayor estabilidad financiera reducen el peso del servicio de la deuda,
lo que permite destinar una mayor proporción de fondos a proyectos de
inversión y al impulso del crecimiento.
Además de ello, adoptar una moneda de
uso común y de un valor estable facilita la integración comercial y
financiera no solo con Estados Unidos (EE.UU.) —en el caso de la
dolarización— sino con las demás economías fuertes.
Por último, con la dolarización se
impide el financiamiento monetario del déficit fiscal y con ello se
elimina la presión inflacionaria de origen monetario y se obliga al
Gobierno a tener un déficit fiscal mucho menor, condiciones que resultan
llamativas para los inversionistas extranjeros.
Si bien estamos conscientes de los
efectos positivos que tendría la adopción de una moneda fuerte,
consideramos que es mucho más lo que se pierde en materia de política
económica que lo que se gana en estabilidad, sobre todo si se toman en
cuenta las características de la economía venezolana.
Es solo otra utopía. Si
bien la dolarización eliminaría la prima de riesgo por devaluación, lo
cierto es que la tasa de interés ligada al riesgo soberano no depende
totalmente de ella. Factores como la capacidad de pago (dada por el
flujo en bolívares, que en el caso venezolano depende del precio del
petróleo), el grado de apalancamiento (que depende de los resultados
macroeconómicos y fiscales), la estabilidad política y la transparencia
en el manejo económico son tomados en cuenta para medir el riesgo de
impago de la deuda venezolana, y estos factores —a excepción del
primero—son totalmente controlables a través de un manejo fiscal
moderado (menores déficits) y una comunicación más clara de los
objetivos y las medidas de política económica, sin necesidad de recurrir
a una medida extrema como lo es la dolarización.
La dolarización tampoco elimina por
completo el riesgo de una crisis externa, ya que los capitales
extranjeros se siguen desplazando siempre que existan diferencias en
cuanto a rentabilidad y costos entre las empresas nacionales y las
extranjeras, aspecto en el cual Venezuela pudiera estar en desventaja si
se recuerda que a la tasa de cambio oficial nuestro sueldo mínimo es
uno de los más altos de Latinoamérica, y que además nuestro país ha sido
uno de los menos competitivos en materia de infraestructura, trabas
institucionales y defensa de los derechos de propiedad en los últimos
años.
En cuanto al control de las presiones
inflacionarias, la dolarización implica la importación de inflación
proveniente del país emisor para el caso de los bienes transables y no
impide que se sigan presentando las altas tasas de inflación para el
caso de los bienes no transables, sobre todo en nuestro caso donde
existe un amplio flujo de ingresos en divisas proveniente de las
exportaciones.
Atados de manos. La
dolarización no solo no garantiza que se den las “bondades” a las que
tiende a asociarse, sino que elimina la posibilidad de la intervención
estatal en materia de política monetaria y cambiaria.
En cuanto a la política monetaria, el
Gobierno perdería la capacidad de obtener ingresos a través del
señoreaje (beneficios que obtiene el Banco Central al poder emitir una
moneda que luego valdrá menos) —capacidad que gana el Banco Central de
la economía cuya moneda se adopta (la Reserva Federal de los Estados
Unidos) —, así como la capacidad de expandir o contraer la cantidad de
dinero en circulación para ayudar a cumplir los objetivos de inflación y
crecimiento —tal y como se hace en la mayoría de los países del mundo.
Además de ello, en caso de una crisis de liquidez en el sistema
financiero (retiro masivo de fondos por parte del público), el Banco
Central podría no estar en capacidad de inyectar dinero a la economía,
por lo que tendría que, en última instancia, negociar líneas de crédito
con bancos internacionales para poder inyectar las divisas necesarias.
En lo que respecta a la política
cambiaria, la dolarización impide que se lleven a cabo devaluaciones
como mecanismos de ajuste fiscal y externo, algo de suma importancia en
nuestro país, donde más de la mitad de los ingresos fiscales provienen
de una actividad exportadora y son incrementados (en moneda nacional) a
través de devaluaciones cuando la situación lo requiere.
La capacidad de devaluar, es decir, la
flexibilidad cambiaria, permite amortiguar el impacto de los ciclos de
precio de nuestro producto de exportación (el petróleo) sobre los
ingresos fiscales y sobre la economía como un todo; de lo contrario la
contracción del gasto público y del producto y el impacto sobre el
empleo y sobre los salarios serían considerables.
Los costos de la dolarización. Además
de los costos de oportunidad que implican la pérdida de capacidad para
la fijación de políticas, dolarizar la economía significa que la
autoridad monetaria, el Banco Central de Venezuela (BCV), tendría que
comprar el total de la moneda nacional en circulación, que al momento de
escribir estas líneas es de VEF1,5 billones. Un aspecto que se ha de
tomar en cuenta al momento de dolarizar será la tasa de cambio a la que
se hace la conversión de moneda nacional a moneda extranjera, así como
la disponibilidad de fondos para hacerla.
Estimamos que tomando en cuenta la masa
de dinero en circulación y el total de activos (reservas y otros fondos)
en poder del Estado el Gobierno tendría que aplicar una tasa de cambio
de VEF 32,2/US$. Para tener una idea del ajuste que esto significaría,
el total de gasto presupuestado para este año pasaría de US$87.719
millones a US$17.162 millones, el valor de los depósitos del público en
el sistema bancario de US$225.190 millones a US$44.058 millones y el
valor del sueldo mínimo expresado en dólares de US$674 a US$132. De
querer dolarizar a un tipo de cambio oficial de VEF 6,3/US$ el BCV
tendría que disponer de US$211.605 millones.
Una opción ante este escenario sería
reducir la cantidad de dinero en circulación y acumular un mayor stock
de divisas a través de un ajuste en las importaciones como un paso
previo a la dolarización, pero el solo hecho de que dicho “requisito
previo” pueda llevarse a cabo sería una muestra de que la dolarización
no es necesaria para lograr una estabilidad monetaria y cambiaria.
Además, un ajuste en las importaciones agravaría aún más la escasez de
bienes en el mercado interno.
Éxitos imperceptibles. Mucho
dice la teoría sobre los costos y beneficios de la dolarización, pero
en lo que a la práctica se refiere pocas son las experiencias de países
que aplican dicha medida, siendo la más conocida la de Ecuador, país que
en el año 2000, tras una grave crisis política y económica, adoptó el
dólar estadounidense como moneda de curso legal. Un año más tarde, en
2001, el dólar se volvió moneda de curso legal también en El Salvador,
y, para quienes todavía no lo saben, el dólar ha sido moneda de uso
oficial en Panamá desde 1904.
Los éxitos de la dolarización en Ecuador
y El Salvador son discutibles, si bien dichos países lograron reducir
sus tasas de inflación promedio en 24,3 y 7,3puntos porcentuales (pp),
respectivamente, con respecto a la década de los años noventa, países
como Colombia y Perú han tenido resultados similares al aplicar reglas
fiscales y monetarias, manteniendo la autonomía y flexibilidad de sus
políticas y su moneda nacional. Hasta nuestro país, que en los últimos
años ha tenido importantes desórdenes monetarios y fiscales y que ha
ostentado el podio en inflación mundial durante los últimos seis años,
ha logrado reducir su inflación promedio en la última década.
Los resultados en materia de crecimiento
económico e inversión extranjera directa tampoco son muy distintos. La
dolarización entonces no parece haber sido de gran ayuda para aquellos
que la han llevado a cabo, y aquellos que han mejorado su desempeño
macroeconómico parecen no haberla necesitado.
Sin complicarse demasiado. Consideramos
que habida cuenta de que los beneficios no están garantizados y que los
costos en materia de capacidad para llevar a cabo ajustes
macroeconómicos y financieros para el Estado son tan elevados, la
dolarización de la economía nacional sería una medida contraproducente.
Además, el hecho de que la industria nacional cuente con una estructura
de costos totalmente dolarizada, la haría menos competitiva con respecto
a la de otros países.
Creemos que existen otras medidas de más
fácil aplicación y de menores costos económicos que contribuirían a
mejorar la percepción de riesgo de los prestamistas internacionales y de
otros prestamistas. Sin ir muy lejos, la consolidación de los fondos
extrapresupuestarios dentro de las reservas internacionales permitiría
apreciar en 140,2% el tipo de cambio implícito (que pasaría de
VEF 78,0/US$ a VEF 32,2/US$) y dejaría en claro que hay voluntad para
llevar un manejo más transparente de los fondos discrecionales, lo cual
mejoraría de manera importante la percepción de riesgo.
En materia de control del gasto fiscal y
de la expansión monetaria, la aplicación de reglas fiscales claras,
como sucede en el caso de Brasil y Colombia, complicaría la monetización
del déficit fiscal y contribuiría a su contracción, lo cual redundaría
de manera positiva sobre la estabilidad de los precios.
Por último, a diferencia de los países
que han dolarizado su economía, Venezuela cuenta con una ventaja
importante, el petróleo, que aunque es un factor de volatilidad y
actualmente los pecios han disminuido brinda importantes ingresos en
divisas a la economía (que en 2013 fueron casi equivalentes a las
exportaciones de bienes, servicios, transferencias de renta y entrada de
capitales netas de la economía colombiana, la cuarta mayor de América
Latina). Hasta ahora, los ingresos provenientes de la actividad
petrolera han sido captados por privados o usados por los Gobiernos para
sostener una escalada importante en los gastos corrientes, con el fin
último de mantener su popularidad, pero su uso en programas de inversión
que incrementen la productividad interna y de ahorro para fines de
estabilización es algo que hasta ahora no ha sucedido y que sería un
paso importante para garantizar el crecimiento y el desarrollo sostenido
del país.
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