En: http://www.lapatilla.com/site/2014/11/14/victor-rodriguez-cedeno-la-tortura-practica-sistematica-en-venezuela/
Víctor Rodríguez Cedeno
El desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales
ha sido una constante en los países en donde se imponen regímenes
totalitarios. No escapa a esta apreciación, desde luego, el régimen
militar-cívico venezolano que viola sistemáticamente los derechos de los
ciudadanos. Esta afirmación la hacemos, no por un simple capricho o por
la racional postura crítica ante la locura que nos invadió en 1998,
sino por razones bien fundadas en conclusiones de órganos
internacionales e información veraz de organizaciones no gubernamentales
serias y responsables.
En su falso discurso afuera, los mal llamados “revolucionarios
bolivarianos” se ufanan del “éxito sin precedentes” de las políticas que
garantizan los derechos económicos y sociales. Pero la realidad es
otra. Imponen medidas y controles absurdos e ilegales que se traducen en
un mecanismo perverso muy bien estructurado para empobrecer y dominar.
También irrespetan los derechos sociales de los venezolanos cuando
acosan la educación privada y convierten el trabajo decente en dádiva,
basada en una relación excluyente de contenido puramente ideológico. Ni
hablar de los derechos civiles y políticos, cuando desde el poder se
decreta la discriminación oapartheid político y la consecuente
persecución, la confiscación de los espacios mediáticos, el
aniquilamiento progresivo de la libertad de expresión y del derecho a la
información, el derecho a protestar pacíficamente.
La comunidad internacional sigue con preocupación las políticas del
régimen venezolano mucho más hoy ante las violaciones graves,
generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, realizadas
mediante torturas y prácticas humillantes y degradantes que conforman
una política de Estado. Muy distinto a los “reconocimientos” de ayer,
sus socios más destacados: Kirchner, Ortega y Morales se muestran
distantes, mientras otros como Rousseff se presentan críticos ante los
abusos revolucionarios, lo que pareciera ahora significar que después de
tantos años de atropellos y juego de intereses, los vecinos y amigos de
la revolución se percatan de la realidad que ocultaban los abultados
precios del petróleo.
En días pasados, ante el silencio cómplice de la Fiscal General de la
República y la Defensora del Pueblo se conocieron otros actos
repugnantes de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes infligidos
a Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse,
dirigentes opositores detenidos arbitrariamente por protestar o
simplemente por disentir y condenar la barbarie, fueron hacinados,
humillados con excremento en sus celdas y cuerpos, atormentados y
encerrados en cuatro metros cuadrados, sin posibilidad de ver la luz del
día.
Estos actos producto de la maldad y el odio se unen a las atrocidades
cometidas en contra de estudiantes que ejercieron su derecho a
protestar. Jóvenes golpeados, torturados, abusados sexualmente; todo
ello recogido en Informes serios remitidos a los órganos
internacionales, como el Comité contra la Tortura, que levantó su voz y
exigió al régimen de Maduro que pusiera fin a tales prácticas.
No sólo estamos ante actos que constituyen el crimen de tortura,
sancionado por las Convenciones y demás instrumentos internacionales,
sino ante un crimen más grave aún, sancionado por el Derecho
Internacional Penal: el crimen de lesa humanidad, que choca con la
consciencia humana y que abre el ejercicio de la jurisdicción penal
universal en tribunales nacionales de algunos Estados y la competencia
de la Corte Penal Internacional.
Los actos de tortura física y mental en contra de los presos
políticos en Venezuela no son hechos aislados, tampoco individualizados
ni esporádicos, menos simplemente atribuibles a funcionarios de segundo
rango, ejecutores de las órdenes superiores. Estamos ante actos crueles
que responden a dos criterios que determinan el crimen de lesa
humanidad: la generalidad y la sistematicidad, es decir, en contra de
una parte de la población, por razones políticas o ideológicas, y ante
una política de Estado, tal como se define en el Estatuto de Roma de
1998.
El régimen no investiga ni sanciona, menos condena a los
responsables. Por el contrario, impera la más pura impunidad, esa que
todos condenan con discursos elocuentes en los órganos internacionales.
No hay voluntad de sancionar a los responsables, más bien se les trata
de sustraer de la justicia. No hay un poder judicial imparcial,
independiente y eficaz que responda a estas violaciones, lo que abre la
aplicación del principio de la complementariedad que permite a la Corte
Penal Internacional ejercer la jurisdicción que le confirieron los
Estados al adoptar el Estatuto de Roma.
Esta lamentable situación y los actos perpetrados impunemente por
agentes del régimen, con el odio y la violencia aupados por la alta
dirigencia oficialista, abultan los expedientes abiertos a todos
aquellos que han cometido o participado en la realización de estos
odiosos crímenes y abren el camino a la justicia que persigue la
erradicación definitiva de la impunidad por tales conductas para que no
se cometan más en el futuro, en ninguna parte del mundo.
Víctor Rodríguez Cedeño es exembajador de Venezuela y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.
Publicado originalmente en el diario El País (España)
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