La sociedad no ha visto con la debida atención el peligro que significa
la ley que ha habilitado al presidente Maduro para legislar. La mayoría de los
ciudadanos, pero en especial los líderes políticos, han considerado la
concesión como un exceso parecido a otros que sucedieron en el período de la
democracia representativa sin que sobrevinieran consecuencias terribles; o como
la relativa negación del Parlamento encargado de legislar, es decir, como algo
sin trascendencia cuando el organismo viene descuidando su función desde hace
tiempo sin que nadie se preocupe. No se ha captado el riesgo encerrado en la
decisión de dejar en las manos de un individuo poderoso la posibilidad de
cambiar el destino de la colectividad sin causar alarma. La columna de hoy
quiere llamar la atención sobre cómo, debido al manejo realizado por el
presidente de la facultad concedida por la AN, la colectividad puede ser
conducida hacia un destino inconfesable.
El origen de la inquietud descansa en la generalidad de las razones
esgrimidas para la habilitación. La cabeza del Ejecutivo, de acuerdo con el
argumento manejado por los condescendientes diputados, en breve plazo debía
redactar regulaciones para luchar contra la corrupción y para la defensa de la
economía. Unos motivos que hablan de todo sin hablar nada, que refieren a un
panorama sin detenerse en los detalles, no parecen suficientes para que una
institución pública ceda sus obligaciones a un poder extraño cuya pericia
carece de relación con códigos y digestos, pero menos producen desasosiego por
la pobreza de la justificación que por la manga ancha para la ropa que conducen
al taller del sastre. La ausencia de explicaciones, seguramente tramada después
de una deliberación sigilosa, permite que el presidente aumente, corte,
remiende o cambie de figurín según le parezca conveniente, sin que ningún
venezolano que no pertenezca a su entorno tenga la oportunidad de enmendar la
costura.
En lo que va del año, el habilitado ha dispuesto cincuenta leyes sobre
una heterogeneidad de asuntos capaces de cambiar el rumbo de la vida, con
relación a cómo ha sido ese rumbo hasta la fecha. Por ejemplo, se ha ocupado de
crear o modificar regulaciones sobre la exploración y la explotación del oro,
los espacios acuáticos, las formas de tributación, la alimentación de los
trabajadores, la identificación de la ciudadanía, la financiación de
organizaciones de base, la gestión comunitaria, la organización de las fuerzas
armadas, la seguridad de la nación, la cultura, la ciencia y la tecnología.
Parece que ninguna manifestación de la vida ha escapado de la atención del
apresurado legislador, pese a que no es perito en las áreas que ha encauzado o
transformado. Pero se le puede conceder pericia, debido a que el problema no
depende necesariamente de cómo hace leyes el que no las sabe hacer, sino del
método usado en la confección para el logro de un propósito que puede ser de
alta peligrosidad para la democracia y para las rutinas que aún persisten.
Para
pespuntear el género, el habilitado solo pidió el consejo de sus compañeros de
partido y de sus íntimos del gobierno. Las personas, las instituciones y los
gremios concernidos por las leyes estrenadas o remendadas fueron ignorados por
completo. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al capítulo de
preparación del flamante derecho. Los textos llegaron a la Gaceta
Oficial cuando su escribidor lo juzgó conveniente, es decir, después
de los retoques que se escaparon con la prisa o que sugirió a última hora algún
consejero anónimo y misterioso. Todo fue producto de una encerrona, el
resultado de un hermetismo que se hubiera evitado mediante la ventilación de
las materias en la AN. ¿Por qué el cónclave, cuando se trata de asuntos vitales
para toda la sociedad? ¿Por qué se hace un enigma de negocios que deben ser
necesariamente públicos, necesariamente accesibles a cualquier miembro de la colectividad?
Para seguir haciendo la “revolución” sin que se entere el pueblo, para hacerse
más dueños del país sin que el país lo advierta, para que Venezuela sea lo que
una facción quiera sin que tengamos ocasión de evitarlo. Por lo menos en
materia de leyes, la “revolución” quiere ser hecho cumplido.
Vía El Nacional
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