Humberto García Larralde
Un control de cambio ruinoso. El
control de cambio ha fracasado estruendosamente como medida económica.
Desde el 5 de febrero de 2003 —cuando se implantó— hasta el tercer
trimestre de 2014, se fugaron por la cuenta financiera de la balanza de pagos
más de USA $166 millardos según registros del BCV, poco menos de la
tercera parte proveniente del sector público. Si se añade lo aventado
por la cuenta de errores y omisiones[1],
la magnitud de los capitales que han huido del país durante ese lapso
asciende a $192,5 millardos, más de 10 veces los $18,9 millardos que
salieron por estas cuentas durante los cuarenta años anteriores a Chávez
(1959-1998). Tampoco ha estabilizado la moneda: el tipo de cambio
oficial pasó de BsF. 1,6 por dólar en 2003 a 6,3 BsF./$, una devaluación
del 75%[2].
Y en el mercado paralelo la cotización de la moneda estadounidense
llegó a superar hace días los 180 bolívares; un encarecimiento del dólar
del 11150% (más de cien veces) y una depreciación (respecto a la tasa
de BsF. 1,6/$) del 99% (¡!). Lo que es peor, el racionamiento cada vez
más estrecho de la divisa ha hecho del dólar paralelo referencia para la
fijación de precios de muchos bienes y servicios en el mercado interno.
Sólo a ese precio se asegura la reposición de la mercancía importada en
muchos casos y sólo comprando dólares a esa tasa pueden resguardarse
los dineros de la gente. Es decir, el control de cambio, en vez de
“anclar” el sistema de precios para combatir la inflación, lo ha elevado
hasta el punto de que hoy Venezuela es el país de mayor inflación en el
mundo. Adicionalmente, al rezagar el ajuste en el tipo de cambio
oficial, el bolívar se ha sobrevaluado significativamente -75% a la tasa
de Bs. 6,30 por dólar, 55,5% a la de Sicad I. Ello ha multiplicado las
importaciones que desplazan producción local y resultado en un
desabastecimiento sostenido porque las divisas no alcanzan. Finalmente,
el control de cambio en absoluto ha resguardado las reservas
internacionales, pues éstas están en la mitad del monto alcanzado hace 6
años[3]. Hoy apenas cubrirían tres meses de importaciones y de pagos de deuda externa.
En resumen, el control de cambio, lejos
de contener la fuga de divisas la ha alentado, privando al país de
montos significativos de recursos para la inversión productiva y para la
elevación del consumo doméstico; ha envilecido al bolívar, que hoy no
es percibido como depositario de valor, contribuyendo con una
dolarización creciente de la economía nacional; ha impulsado la
inflación y, con ello, el deterioro del poder adquisitivo de la
población; ha ocasionado un daño severo a la competitividad de la
industria y la agricultura domésticas, sobrevaluando el bolívar oficial a
la vez que restringe su acceso; ha generado una situación crónica de
desabastecimiento; y ha hecho mermar las reservas internacionales,
agudizando la vulnerabilidad externa del país. Además, su permanencia ha
sido un factor central en la propensión de corruptelas y actividades
especulativas, con efectos altamente distorsionadores de la actividad
económica, en detrimento de la actividad productiva. Su permanencia, por
ende, solo puede tildarse de criminal, dado el enorme daño que ha hecho
a nuestra economía. Se ha mantenido sólo por razones políticas: para
controlar y someter a empresas del sector privado y así reservar los
dólares para provecho discrecional de la oligarquía militar-civil en el
poder[4].
El control de cambio es, en tal sentido, piedra angular de este
peculiar socialismo, cuyo fin ha sido arrinconar a la iniciativa privada
y a las libertades civiles para poder repartir la renta petrolera entre
los allegados. Pero el desabastecimiento y la inflación, como la
indignación de la población ante los reiterados abusos —llevarse a la
familia y a un entourage de amigos a pasear en ocasión de
viajes oficiales, por ejemplo— y las corruptelas de esa oligarquía
aprovechadora del dólar oficial, hace imperativo acabar con este
esquema. Levantar el control de cambio es decisivo para reemplazar este
socialismo petrolero por una economía productiva.
El desiderátum. Dado el
desastre impuesto por políticas disparatadas la magnitud del
despilfarro, de las distorsiones macroeconómicas y de los incentivos
perversos que han destruido la economía, levantar el control de cambio
implica tomar medidas dolorosas para el bienestar de la población en el
corto plazo, pero con consecuencias muy beneficiosas para el mediano y
el largo plazo. Dicho en la jerga de los economistas, el valor presente neto[5]
de un ajuste bien logrado, en un país con las potencialidades de
Venezuela, es altamente positivo. Por el contrario, mantener en el
tiempo el arreglo existente —bajo el supuesto negado de que fuera
políticamente viable— tiene un costo presente con tendencia al infinito. El quid
del asunto es instrumentar un ajuste que minimice hasta donde sea
posible su costo durante los primeros dos años, particularmente para los
sectores más vulnerables de la población, mientras se asienten las
condiciones para sostener un crecimiento sustancial, con equidad. Entre
los costos no debe subestimarse la resistencia, que puede ser violenta,
de quienes se han beneficiado de las corruptelas, negociados y abusos
prolijeados por el actual sistema. A continuación, los elementos
constitutivos de un plan de ajuste que permita levantar el control de
cambio.
Objetivo: Lograr la
estabilización del precio del dólar, en un mercado sin restricciones
para la compra y la venta, en torno a sus valores de equilibrio,
sustentado en un conjunto de medidas que afiancen las posibilidades de
crecimiento con equidad de la economía venezolana.
Problemas: La magnitud
de la brecha entre la tasa en el paralelo y la tasa oficial es
descomunal. ¿Cuál podría ser una tasa previsible de equilibrio? Para
comienzos de 2015, estimo que el tipo de cambio real de equilibrio estaría entre 27 y 30 bolívares por dólar[6]. No obstante, la liberación del control de cambio por sí solo no resultaría en esta paridad, por las siguientes razones:
1. La relación entre liquidez monetaria (M2) y Reservas Internacionales, se encuentra actualmente en el orden de BsF. 80/$;
2. Sólo un 14% de
estas reservas son líquidas —capaces de responder al instante a una
demanda repentina de dólares—, ya que el 70% está en oro y otro 16% en
Derechos Especiales de Giro;
3. Un gasto público
desbordado ha resultado en déficits superiores al 15% del PIB en los
últimos tres años, alimentando el exceso de liquidez y la demanda de
dólares;
4. La perspectiva
de que el barril de exportación del crudo venezolano se cotice a lo
largo de 2015 a precios muy inferiores a los de 2014 genera expectativas
adversas sobre la estabilización del tipo de cambio a los niveles
referidos y alienta compras nerviosas de dólares. Esta expectativa
adversa suele convertirse en una profecía auto-cumplida, alimentando el
alza en su precio;
5. Existe una brecha
notoria entre la oferta de divisas y su demanda para atender los
requerimientos de la economía, que resulta en desabastecimiento y en la
exacerbación de las expectativas adversas antes mencionadas.
De manera que es menester acompañar el
levantamiento del control de cambio con un conjunto coherente de medidas
que hagan sustentable en el menor tiempo posible la estabilización del
precio del dólar en torno a sus valores de equilibrio.
Medidas: Las medidas
requeridas para el fin expuesto son: reducción de la liquidez en manos
del público, concertación de un significativo financiamiento externo en
el corto plazo, una reforma del Estado tendiente a reducir el gasto y
mejorar su eficiencia, medidas de compensación a los sectores más
vulnerables y otras, que se explican a continuación.
1. Reducción drástica del exceso de liquidez, a través de:
— La anulación de
la disposición mediante la cual el Banco Central puede financiar a las
empresas públicas no financieras. Ello generó un tercio de la liquidez
monetaria para finales de 2014. Este financiamiento monetario representó
en 2013 un 10% del PIB y casi la totalidad de los impuestos (incluyendo
regalía) pagados por PdVSA al fisco. Con este “dinero inorgánico” pudo
financiarse más de la mitad del déficit público global, ¡combustible
inflacionario como ninguno!;
— Una reducción drástica del gasto público.[7]
Lamentablemente, con precios del barril de exportación de crudo en
torno a 50 o 60 dólares, se requeriría que la devaluación del dólar
petrolero (Bs. 6,30/$) superara los Bs. 35 por dólar para que empezara a
reducirse el déficit público.[8]
Si bien en el corto plazo es poco lo que puede hacerse por la nómina
inflada del Estado y los compromisos de gasto corriente adquiridos
—misiones—, la reducción del gasto debe inscribirse en un proyecto
de reforma integral del Estado que privatice empresas, elimine
redundancias, descentralice responsabilidades, reduzca personal y
aumente la eficiencia y eficacia del gasto. Un precio más alto del
dólar recogerá liquidez pero sólo si viene acompañado de medidas de
restricción del gasto público que eviten el ingreso a la circulación de
los bolívares adicionales que percibe el gobierno;
— Medidas ortodoxas, como operaciones de mercado abierto del BCV y elevación del encaje a la banca;
— La fijación de
tasas de interés reales positivas que contengan la demanda por dólares
al incentivar la conservación de ahorros en bolívares. En este orden, el
saneamiento de la economía deberá proveer instrumentos financieros
atractivos, que le ganen la carrera a la inflación y a las expectativas
de devaluación (una vez estabilizado el tipo de cambio libre).
—Adicionalmente, debe considerarse la venta de participación —acciones— a residentes[9],
tanto en PdVSA como en las empresas mixtas. Ello contribuiría, junto
con la sinceración del precio interno de la gasolina, a resolver los
problemas de caja de la empresa petrolera, pero implica la modificación del artículo 302 de la Constitución, para lo cual se requiere de un amplio consenso político.
Tendría que acompañarse de medidas convincentes de saneamiento en el
manejo de PdVSA, empezando por la sustitución de la actual directiva por
una gerencia profesional competente y transparencia en su gestión, y
una vuelta a la auditoría confiable, incluyendo registro —de nuevo— en
la SEC de EE.UU., para ganar la confianza de los venezolanos. Recuérdese
la estafa a que fueron sometidos los trabajadores y ex empleados de
SIDOR que invirtieron sus ahorros en la compra de acciones “B” de esa
empresa, para que el gobierno luego la arruinase y la dejase
incapacitada de pagar dividendos.
2. Financiamiento externo
para cubrir el boquete entre ingresos de divisas y requerimientos de la
economía. Al considerar la caída en las importaciones desde 2012 —con
su secuela de desabastecimiento—, las deudas de Cencoex y de SICAD con
proveedores externos, y los compromisos de pago de la deuda externa para
2015[10],
se llega a una cifra aproximada de USA $20 millardos, como mínimo, para
tapar ese hueco. Siendo muy remotas —y costosas— las posibilidades de
refinanciar las deudas, estas son las opciones:
—Un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el único ente capaz de otorgar
un financiamiento de esta magnitud en el corto plazo y los intereses que
cobra son los más bajos del mercado. Adicionalmente, un acuerdo con el
Fondo es garantía sine qua non para que un país con el
desastroso record económico de Venezuela pueda atraer capitales para
proyectos de inversión. Los supuestos $20 millardos que China invertiría
en el país, o los hipotéticos proyectos en que estarían interesados los
qataríes, se acercarán mucho más a poder materializarse con un paraguas
como el que pudiera ofrecer el FMI. Además, la garantía de un acuerdo
con el Fondo permitiría erradicar la perniciosa práctica de tener que
avalar los préstamos chinos con petróleo a futuro. Este paraguas está en
las condiciones para sanear la economía a que obliga el Fondo para de
que pueda honrar los compromisos —reembolso del préstamo, remisión de
dividendos de inversionistas— asumidos. Si bien esta condicionalidad ya
no se impone en la forma de un recetario único, inflexible, como en los
’90, implica un ajuste severo. En primer lugar, condición sine qua non
para recibir dineros es un ajuste fiscal y la eliminación del
financiamiento monetario del déficit público por parte del BCV. En
segundo lugar, ir hacia la sinceración del tipo de cambio. Luego está un
precio de la gasolina que se aproxime a su costo de oportunidad y el
desmontaje de los controles de precios, como de la excesiva represión de
la actividad privada (regulaciones, sanciones, etc.). Pero son las
medidas que de todas maneras debe instrumentar quien pretenda sacar a
Venezuela del despelote actual. En fin, sin restablecer las condiciones
para que la economía venezolana pueda crecer de manera sostenida, no es
posible atraer los capitales foráneos que tanto nos hacen falta y
solventar nuestra insuficiencia de ingresos externos.
— Crear condiciones
para atraer inversión extranjera que fortalezca la capacidad exportadora
del país y desate efectos multiplicadores en el aparato productivo
interno. Ello requiere restablecer plenamente las garantías para el
desenvolvimiento de la iniciativa privada, desmantelando el sistema de
controles y de regulaciones punitivas, a la vez que se mejoren servicios
e infraestructura de forma que se alivie el costo de hacer negocios en
Venezuela. La condicionalidad del préstamo del Fondo va en esta
dirección y se complementaría con la negociación de acuerdos con el
Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el
financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura y
servicios. Más allá, es menester flexibilizar las condiciones de
participación del capital extranjero en la explotación del petróleo,
nuestra ventaja comparativa por excelencia, para incrementar rápidamente
nuestra capacidad de producción y exportación de crudo y derivados.
— Formulación, de
manera concertada con el sector privado, de una política industrial que
provea externalidades positivas y supere los cuellos de botella que
traban su desarrollo, de forma de hacer más atractiva la inversión
productiva en el país. Particular atención merece los esfuerzos por
capacitar y calificar la mano de obra venezolana, base para procesos
productivos tecnología intensivos y para la generación de empleos bien
remunerados.
3. Mejorar la eficiencia del gasto público.
Éste es inflacionario, aun equilibrando contablemente las cuentas (cero
déficit), porque el dinero que arroja a la circulación vía
remuneraciones es mayor al valor social del servicio ofrecido[11].
Un Estado ineficiente, que satura a la sociedad de controles,
prohibiciones y regulaciones, y abre oportunidades a corruptelas de todo
tipo, produce males públicos y no solo los bienes públicos
que le corresponden. Se genera, por tanto, un desequilibrio entre el
valor social de los servicios que presta el Estado y la demanda de ellos
que se deriva de las remuneraciones que éste paga. Todo gasto
improductivo es inflacionario. El saneamiento de la economía interna y
la provisión de los equilibrios macroeconómicos necesarias para
estabilizar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio
requiere de una verdadera reforma del Estado que debe comenzar con
medidas como las siguientes:
— Descentralización
de las atribuciones y responsabilidades del Estado en materia de salud,
educación y otros servicios en las administraciones estadales y
municipales. El desarrollo de una hacienda pública regional y local
capaz de generar fuentes propias de ingreso y de poder evaluar la
calidad y pertinencia del gasto es clave. La cercanía al ciudadano
contribuye con una mayor eficiencia del gasto, más si se busca su
participación activa en la toma de decisiones, como es el caso ya famoso
de Curitiba en Brasil.
—Restablecer el
equilibrio de los poderes públicos, la transparencia, la rendición de
cuentas y la capacidad de penalizar delitos contra la cosa pública.
— Restablecer
plenamente las libertades de información y comunicación, así como los
derechos civiles y ciudadanas, para contribuir con el punto anterior.
4. Reducir hasta donde sea posible el impacto negativo de la devaluación en los sectores más desfavorecidos.
La estabilización del tipo de cambio en torno a sus valores de
equilibrio implica una devaluación con respecto a las tasas de Bs.
6,30/$ y la tasa SICAD I. asegurar la viabilidad social y política de
una transformación como la propuesta, ante una población tan cultivada
en la cultura populista del PetroEstado, requiere atención especial a
este aspecto. Entre otras cosas, debe considerarse lo siguiente:
— La devaluación no
debería tener un impacto proporcional en los precios, por las siguientes
razones: a) En buena parte la escalada de precios ocurrida usando como
referencia al dólar paralelo ya anticipó los efectos del encarecimiento
del tipo de cambio. Para evitar posibles abusos de algunos comerciantes,
la continuidad de algunos sistemas de monitoreo por parte del gobierno
–dentro de límites razonables- podría ser necesario en el corto plazo;
b) La competencia de las importaciones, aun realizadas a un dólar más
caro, estará liberada de los efectos proteccionistas del racionamiento
Cencoex / SICAD, con todos los requisitos exigidos para acceder a los
dólares. Si se agilizan las importaciones, bajarán los costos de
transacción involucrados y éstas podrán contribuir a morigerar un alza
desmedida de precios. Finalmente, al desaparecer el marcador derivado
del precio absurdamente alto del dólar en el mercado paralelo, se
elimina un factor decisivo en la exacerbación de la inflación.
— Aun cuando el
impacto sicológico del regreso a anaqueles con productos y marcas que
habían desaparecido subsane en algo el malestar de tener que pagar más,
es menester que ello se compense, en el corto plazo, con transferencias
monetarias directamente a los bolsillos de trabajadores y familias de
pocos recursos. La promesa de mantener las misiones, mejorándolas, debe
proveer el vehículo para tales transferencias, mientras se recupera la
economía y mejoren los sueldos. Ello podrá financiarse con el mayor
ingreso de bolívares en las arcas públicas a consecuencia de la
devaluación. Debe desistirse de incrementar los sueldos en las empresas
para compensar la devaluación, ya que anula los efectos del cambio
producido en los precios relativos: no habría devaluación real.
Por lo que la única forma aceptable de atajar la caída del poder
adquisitivo a causa de la devaluación es a través de transferencias
desde el Estado, que no graven la estructura de costos (salariales) de
las firmas. Estas transferencias deben ser temporales, hasta que el
crecimiento económico pueda ofrecer salarios remunerativos con bajo
desempleo.
—Un buen sistema de seguridad social integral, financiado a través del fondo de capital social
(ver abajo) debe proteger a trabajadores y familiares contra
contingencias adversas como desempleo, problemas de salud, becas
escolares, etc.
—Es menester mejorar
rápida y significativamente los servicios públicos dirigidos a atender
las necesidades más sentidas de la población:
seguridad, educación, salud, reparación, adecuación y construcción de
viviendas, adecuación del ambiente (recolección de basura, iluminación),
infraestructura (aceras, escaleras, carreteras, conexiones, etc.). Este
“salario social”, que mejora las condiciones de vida de la
gente, contribuye también a compensar por el impacto negativo que pueda
presentarse a través del pass through. Pero como habrá una
discrepancia temporal —la mejora de estos servicios se demora respecto
al alza de precios— el manejo político de estas medidas, forjando
expectativas favorables, será crucial.
5. Otras
—Las medidas
anunciadas deben generar expectativas positivas que devuelvan la
confianza a los residentes del país para que mantengan sus activos en
moneda local. Aunque ello escapa, por lo complejo e integral, de estas
cortas líneas, asomo algunas ideas. A nivel de las empresas, debe
desactivarse de inmediato todas las medidas de coerción y acoso que
espantan las inversiones y que estimulan, como única defensa, el
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el sistema de controles
para incurrir en prácticas especulativas. Ello implica en el tiempo la
reforma o anulación de muchas leyes y la aprobación de otras, pero en el
corto plazo basta que los órganos de ejecución se inhiban de aplicar
muchos controles y que esto se haga saber de manera convincente. Debe
desmantelarse el control de precios lo más rápido que se pueda, sin
alimentar expectativas de ganancias fáciles, de naturaleza especulativa.
Campañas educativas, publicitación de la competencia de precios e
información masiva al respecto son aspectos importantes. Decisivo
también es la competencia de las importaciones. ¿Podrá invertirse el
tinglado montado en la SUNDDE para monitorear costos y precios para que
pueda contribuir con estos propósitos?
— La reactivación
del mercado de capitales con la venta de acciones de PdVSA, la
privatización de empresas públicas y la vuelta a las garantías
económicas, debe ofrecer opciones atractivas al ahorrista doméstico.
Ello tendrá como referencia adicional el establecimiento de tasas de
interés positivas reales (pasivas) al bajar la inflación.
— Pero una política
de tasas de interés reales positivas podría tener efectos adversos sobre
los deudores bancarios, poniendo en peligro los balances de algunas
instituciones. Una política de monitoreo cercano y de provisión de
auxilios financieros condicionados por parte de los organismos
competentes, puede proveer la red de seguridad necesaria para que estos
posibles percances no amenacen con desestabilizar el sistema como un
todo.
— Hay que evitar que
el atracón de bolívares que entrarán al Estado por la devaluación,
infle el torrente monetario en el corto plazo. Desde luego, algunas
incidencias son inevitables, como son el mayor gasto en insumos más
caros por parte del sector público, algún ajuste de sueldo –que tendrá
que ser inferior a la devaluación- y las transferencias monetarias
arriba mencionadas. De ahí la importancia de recortar el gasto, como se
comentó antes.
— Más allá, es
menester crear rápidamente fondos que absorban estos bolívares y, en
general, los proventos en forma de renta petrolera, para sustraerlos del
gasto discrecional del Ejecutivo. Estos fondos serían: fondo de infraestructura, fondo de capital social, fondo de pensiones y fondo de estabilización macroeconómico[12], cuyos
criterios de asignación y erogación de recursos estarían blindados
institucionalmente por un gran acuerdo nacional, conforme a objetivos
previamente acordados como política de Estado, independientemente de
quien ejerza el gobierno de turno. Los gobiernos tendrían que acoplar
sus planes a las reglas de desembolso de estos fondos. La renta no será
para usufructo discrecional del Ejecutivo, tan presto a prácticas
populistas irresponsables, y éste tendrá que depender de la tributación
interna, a la vez que se verá conminado a ser eficiente y a rendir
cuentas.
— Es menester
desmontar las medidas que desangran las reservas internacionales (desvío
de “reservas excedentarias” al Fonden, no enterar las divisas por la
venta de petróleo al BCV, poner “todos los huevos en una sola canasta”
–oro), de forma que mejore el respaldo de éstas a la moneda local. La
prohibición del financiamiento monetario del BCV al Estado es muy
importante al respecto. Por otra parte, la prosecución de un tipo de
cambio cercano a sus valores de equilibrio conforme a la PPA obliga
necesariamente a la acumulación de reservas internacionales (compra de
dólares por el BCV), ya que la captación de rentas internacionales
permite sobrevaluar el bolívar sin que ello provoque déficits en la
balanza comercial[13].
Ello contribuirá a fortalecer el respaldo a la moneda nacional y a
contener la desconfianza respecto a la sostenibilidad del precio de la
divisa.
Comentarios finales. Todo
lo anterior habrá de descansar en una transformación profunda de las
instituciones que devuelva las garantías económicas, civiles y
procesales, respete la propiedad y genere un ambiente favorable a la
inversión productiva. Elemento central es la expansión de la producción
petrolera, nuestra principal ventaja comparativa, actividad que debería
quedar abierta a la participación de capitales privados, nacionales y
extranjeros. El sector conexo (al petrolero), conformado por los
sectores metalmecánicos, químicos, de construcción y de servicios,
algunas de cuyas empresas cosecharon en el pasado experiencias y
experticias no desestimables, puede convertirse en eslabón multiplicador
de la reactivación, acompañado de políticas industriales inteligentes.
Arribar a un tipo de cambio que se
estabilice en torno a sus valores de equilibrio es decisivo para una
economía competitiva. Una economía activada, que haga un uso más
completo y provechoso de sus recursos productivos, no tendrá problemas
en absorber mayores niveles de liquidez provenientes de mayores
inversiones y de una gestión pública eficiente, sin que ello redunde en
mayor inflación[14]. Pero ello plantea un cambio fundamental en la manera de atender los asuntos económicos.
El reparto rentístico del socialismo
petrolero ha demostrado fehacientemente haber fracasado, incluso cuando
el barril de exportación petrolero se cotizaba a $100. Ahora que
entramos a un período de “vacas flacas”, es imperativo echar las bases
de una economía productiva, fundamento insoslayable para niveles
crecientes de bienestar y de justicia social sostenibles en el tiempo.
Para ello se requiere un marco institucional que respete los derechos
humanos y civiles, y que promueva la meritocracia como criterio de
remuneración. Estimular el retorno del joven talento que ha sido
aventado del país por un régimen que les ha negado posibilidades de
realizarse hacia el futuro y mejorar la calidad de la educación, son
elementos claves e imprescindibles en este viraje, así como todo lo que
pueda fomentar la iniciativa privada, la innovación y una mayor calidad
de vida.
El populismo y el clientelismo del
socialismo petrolero, con su secuela de despilfarro, corruptelas e
ineficiencias, se contrapone frontalmente a las posibilidades de
superación de la actual crisis, más cuando se perfilan precios del
barril de petróleo de 60 dólares o menos. Es más que evidente, entonces,
que todo lo planteado en estas líneas tiene profundas implicaciones
políticas. Pero no se trata sólo de vencer el aprisionamiento ideológico
en dogmas atrasados a que nos quieren someter la oligarquía
militar-civil en el poder. Más importante aún es derrotar los intereses
que se han escudado detrás de estas doctrinas primitivas, incluyendo un
bolivarianismo fraudulento, simplista y maniqueo, para espoliar al país y
“justificar” la represión de la protesta y la negación de los derechos
humanos y civiles de los venezolanos. Y la posibilidad de estos logros
remite a la contienda política. Venezuela se debate hoy entre la
instrumentación de un ajuste doloroso que, no obstante, le abra a sus
ciudadanos las posibilidades de una sostenida prosperidad futura, o
continuar cavando la fosa de su perdición como país viable, aderezado
con niveles aun mayores de penurias y de represión. Si en algo debemos
coincidir los venezolanos racionales ante la caída de los precios del
petróleo es que el rentismo populista ya no tiene vida.
***
[1] Como su nombre lo indica, la cuenta de errores y omisiones
es una cuenta residual, para “cuadrar” las cuentas externas. Ahí se
ocultan transacciones no registradas como la sobrefacturación de
importaciones, la subfacturación de exportaciones, el tráfico de drogas,
así como referentes a otras actividades ilícitas.
[2] Se refiere a la pérdida del valor
de la moneda local expresada en divisas, por lo que cuando su poder
adquisitivo es prácticamente cero se aproxima al 100%. Otra cosa es el encarecimiento de la divisa que, en el caso mencionado ha sido de casi cuatro veces (294%).
[3]
El 2 de enero de 2009 el BCV registra reservas internacionales de $43
millardos; para esa misma fecha del 2015 habían caído a $22 millardos.
[4] Ya lo dijo Aristóbulo Istúriz: “”El
control de cambio en Venezuela no es una medida económica, el control
de cambio en Venezuela es una medida política porque si nosotros
quitamos el control de cambio ustedes sacan los dólares y nos tumban.
Mientras gobernemos, tenemos que tener control de cambio“, El Universal, 14/07/2014
[5]Se
refiere al valor actual de la corriente de ingresos netos futuros a
generarse, descontados por una tasa que, en la contabilidad financiera,
suele ser la tasa de interés de mercado.
[6] Según la noción de Paridad del Poder Adquisitivo
(PPA), el tipo de cambio de equilibrio es aquel que equipara el poder
de compra interno del bolívar con su poder de compra externo. Según mi
estimación, un dólar afuera compraría la misma cantidad que 27 a 30
bolívares en el mercado doméstico.
[7]
No se trata sólo de reducir el déficit público, sino también la
magnitud del gasto, pues éste es el mecanismo mediante el cual se
monetiza la renta externa captada por la exportación de crudo.
[8]
Suponiendo una devaluación del dólar petrolero (Bs. 6,3/$) a SICAD I
(Bs. 12/$), un barril s $50 reducirá el aporte fiscal de PdVSA a la
mitad, en términos de % del PIB, mientras que una devaluación de 6,30 a
30 Bs/$ conservaría este aporte en el rango de 9-11% del PIB, similar al
de los últimos años.
[9]Personas
naturales. La compra de acciones por parte de venezolanos residenciados
en el extranjero, si bien no recoge liquidez, oferta dólares. Habría
que definir el tipo de cambio para estas compras, el cual debería ser
muy inferior al cambio paralelo, todavía sin liberar.
[10]
El servicio de la deuda externa pública ha promediado anualmente unos
$15 millardos desde 2011. Para este año vencen pagos por $11,2
millardos.
[11]La
valoración social de un bien o servicio la determina, en principio, la
disposición de los consumidores a pagar por el. El menosprecio por la
calidad y cobertura de los servicios públicos lleva a una porción
creciente de la población a buscar proveedores privados de servicios
educativos, de salud, de vigilancia, etc. No obstante, el Estado sigue
asignándoles recursos (aunque en magnitudes insuficientes).
[12] Propuesta del Área de Desarrollo Económico del CENDES. Ver, Nueva Economía, # 33, abril, 2011.
[13] Ver, García, H., “La paradoja cambiaria en Venezuela”, en, Revista Venezolana de Análisis de la Coyuntura, Instituto de Investigaciones Económicas, FACES, UCV, Volumen VIII / N° 2, julio – diciembre, 2002.
[14]La
remonetización de la economía implica un incremento de las
transacciones de todo tipo de manera que la mayor masa monetaria no se
traduzca en incrementos de precios (PT = MV, por lo que P = MV/T; si el
denominador aumenta al igual que el numerador, no hay efectos en P).
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