MARIANELLA
SALAZAR.
Han pasado diez días desde que
seis funcionarios de la Policía Municipal de Baruta y cuatro ciudadanos civiles
resultaron heridos en un puesto de control en la entrada de la urbanización Las
Mercedes, cuando un grupo de motorizados fuertemente armados les lanzaron dos
granadas desde la autopista Francisco Fajardo, y casi simultáneamente, en la
madrugada de ese mismo día, otra fue lanzada en la policía científica de El
Llanito, que solo causó daños materiales. Durante ese fin de semana fueron
atacadas con granadas cinco sedes policiales en diferentes estados del país.
Según el Comité de Desarme de la
ONU, Venezuela ocupa el lugar con más fallecidos en el mundo por estallido de
granadas y eso que, en teoría, no estamos en guerra. El gobierno ha guardado un
sospechoso silencio sobre las granadas y armas que son de uso exclusivo de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y están en poder de la delincuencia, que
mantiene a la población en estado de pánico. Estamos en permanente peligro de
atentado, conviviendo con la muerte por sorpresa. Sin embargo, los ministros
del Interior y el de Defensa hasta la fecha no han dicho ni pío.
Ese insólito mutismo da mucho qué
pensar. Las conjeturas proliferan, entre ellas, que una arremetida del hampa
organizada –lo que los expertos llaman terrorismo criminal– provoca un estado
de conmoción en la población que pudiera servir de comodín para ampliar el
estado de excepción y sabotear las elecciones parlamentarias que el gobierno
tiene perdidas de calle.
El domingo pasado, en un acto del
comando de campaña Bolívar-Chávez, el presidente Maduro dijo que las elecciones
del próximo 6 de diciembre pueden ser “las más difíciles que haya enfrentado la
revolución”, y para no bajar más los ánimos en el chavismo pidió que estén
alertas, porque cree que los comicios serán parejos. Maduro y la élite del
poder tienen la necesidad imperiosa de legitimarse, se acostumbraron a mandar,
a gozar de privilegios y vivir muy bien, por eso están decididos a lo que sea
para evitar la derrota.
Maduro lo ha intentado todo,
desde las inhabilitaciones inconstitucionales, pasando por los estados de
excepción en zonas con mayoría opositora hasta el fraude que se pretende
fraguar con el CNE y el acompañamiento de sus amigos observadores de Unasur. Es
tal la desmoralización en el oficialismo que no resulta descabellado pensar que
el gobierno, a falta de los “colectivos” que se les voltearon, tenga en el
hampa empoderada un recurso de intimidación contra la población que clama por
un cambio, a no ser que Maduro salga personalmente al frente de una montonera,
como lo anunció en meses pasados, para impedir la derrota.
La desesperación es mala
consejera, el gobierno quiere incrementar al máximo el miedo para evitar la
presencia masiva de electores en las votaciones. En ese escenario, un sujeto
vinculado al ataque con granadas a puestos policiales, apodado “el Picure”,
para quien matar es un fin en sí mismo, puede servir, aunque no sea su
propósito, para seguirle el juego el gobierno.
El más buscado
El Picure sigue haciendo de las
suyas y no han podido ponerle la mano. Según el diputado Freddy Bernal, que lo
vincula con los ataques a instituciones policiales, resultó herido en
enfrentamientos con funcionarios policiales en el estado Guárico; sin embargo,
goza de buena salud, pues el viernes pasado cerró el tráfico en la carretera
Chaguaramas-El Sombrero.
El Picure perteneció a la unidad
de Operaciones Especiales de la Armada hasta que pidió la baja, luego apareció
en el staff de escoltas del gobernador del Guárico, Ramón Rodríguez Chacín,
hasta que organizó su propia banda.
Vía El Nacional
Que pasa Margarita
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