Gustavo Coronel
Prohibir la investigación de corrupción en PDVSA: nuevo atropello de los hampones del TSJ
La
reciente publicación de una investigación del Comité de Contraloría de
la Asamblea Nacional de Venezuela
sobre Petróleos de Venezuela ha revelado aspectos de la inmensa
corrupción promovida por Rafael Ramírez durante su estadía como
presidente de esa empresa, al mismo tiempo que ocupaba el cargo de
Ministro de Energía y Petróleo. En cualquier país civilizado
esta investigación hubiese sido recibida positivamente por un gobierno
interesado en mantener a la empresa libre de corrupción. Pero en el
narco-régimen dictatorial de Nicolás Maduro esta investigación ha sido
desautorizada y similares intentos futuros prohibidos
por el grupo de hampones que integran el Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela.
En efecto, este cuerpo ha dicho lo siguiente sobre la investigación, en sentencia 893, en la cual fue
ponente Gladys Gutiérrez Alvarado:
“se
suspenden los efectos de la investigación iniciada e impulsada desde
principios del presente año por la Comisión Permanente de Contraloría de
la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas
en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A.
durante el período comprendido entre los años 2004-2014, expediente
signado bajo el N° 1648, incluyendo las actuaciones que al respecto
desplegó en la misma los días 17 de febrero y 5 y 21 de abril de 2016;
así como también de todos los actos derivados de
esa o de cualquier otra investigación relacionada con los pretendidos
hechos que haya iniciado durante el presente año o que pretenda iniciar
la Asamblea Nacional, hasta que culmine el proceso iniciado en razón de
la presente demanda; ello sin menoscabo de
la nulidad por inconstitucionalidad de los respectivos actos de la
Asamblea Nacional, en razón del desacato que mantiene a la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declarada por esta Sala en
sentencia n.° 808/2016, reiterada en la sentencia n.°
810 del mismo año”.
Dice
Gladys que la investigación hecha por la Asamblea Nacional no es
procedente porque PDVSA está suficientemente examinada por los organismo
que, como toda Venezuela sabe, son
solo apéndices incondicionales de la dictadura. Dice así Gladys: ““…[l]a
gestión de PDVSA, se encuentra monitoreada permanentemente por todos
los órganos de control del Estado, por lo cual operan en tal sentido, la
Contraloría General de la República, el Ministerio del Poder Popular de
Petróleo, el SENIAT, entre otros, y en particular,
sus estados financieros, informes de gestión y otros reportes de
información financiera y operativa, son revisados y auditados
trimestral, semestral y anualmente por parte de firmas de contadores
públicos independientes, de reconocido prestigio nacional e
internacional, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y
con los más (sic) altos estándares de la profesión contable a nivel
mundial, cuyos informes son publicados en la página web de PDVSA…”.
Esto
que dice la Gladys es mentira y, aunque fuese cierto, no podría
desvirtuar una investigación independiente a la cual los venezolanos
tenemos perfecto derecho. Sobre todo porque es bien sabido que PDVSA es
un antro de corrupción.
Añade
Gladys:
“de
la revisión efectuada a los recaudos acompañados al presente expediente
y de la verificación por notoriedad judicial y comunicacional de
diversas actuaciones censurables de la actual Asamblea Nacional en
contra de la estabilidad de la institucionalidad y,
en definitiva, en perjuicio de la República (ver, entre otras, las
sentencias de esta Sala nros. 9, 259, 274 y 478 de 2016), la
Sala estima que existen elementos que sirven de convicción acerca de
las lesiones graves o de difícil reparación que se estarían
ocasionando a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
(PDVSA) e, incluso, contra la República directamente, además de la
posible vulneración en los derechos del accionante de autos, ciudadano
Rafael Darío Ramírez Carreño
Según
Gladys la Asamblea Nacional conspira contra la estabilidad de la
república haciendo esta investigación, atenta contra la empresa PDVSA y
“vulnera los derechos” de Ramírez. Según esta gentuza cualquiera
investigación sobre la corrupción del narco-régimen dictatorial
pone en peligro la estabilidad del país y de PDVSA, cuando son ellos
quienes han destruido al país y a PDVSA. El cinismo de esa pandilla no
tiene límites.
Las
cínicas consideraciones de Gladys incluyen las siguientes:
“…en el presente caso están dados los dos supuestos fundamentales para la procedencia de la suspensión, como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Por lo que atañe al fumus boni iuris, el solo hecho de que todos los informes de las gestiones anuales que realizara [su] representado en PDVSA, fueron debidamente aprobadas, constituyen una presunción de buen derecho. Además de eso (…) [su] representado tiene todas las pruebas para demostrar la falsedad de cada una de las imputaciones, ya que las mismas desconocen que hubo sentencias definitivas en el caso de PDVAL, juicio en caso del Fondo de pensiones, los informes de gestión demuestran la legitimidad de las actuaciones administrativos económica (sic) de [su] representado…”.
“…en el presente caso están dados los dos supuestos fundamentales para la procedencia de la suspensión, como lo son el fumus boni iuris y el periculum in mora. Por lo que atañe al fumus boni iuris, el solo hecho de que todos los informes de las gestiones anuales que realizara [su] representado en PDVSA, fueron debidamente aprobadas, constituyen una presunción de buen derecho. Además de eso (…) [su] representado tiene todas las pruebas para demostrar la falsedad de cada una de las imputaciones, ya que las mismas desconocen que hubo sentencias definitivas en el caso de PDVAL, juicio en caso del Fondo de pensiones, los informes de gestión demuestran la legitimidad de las actuaciones administrativos económica (sic) de [su] representado…”.
Que
“…[a]demás del fumus boni iuris está el perículum in mora, por cuanto
la eficacia del acto, puede afectar mediante la realización de múltiples
procedimientos incoados en contra de [su] representado, por quienes han
ignorado las razones más sencillas de la
responsabilidad jurídica y política, y que seguramente regresarán
con nuevos alegatos falsos, solo para perturbar la normalidad del
desempeño vital de [su] representado, y de sus actividades profesionales”. Lo
que dice, en medio de latinazos para impresionar, es que todos los
informes de gestión de PDVSA fueron aceptados ya, aunque no dice que
fueron aceptados por ellos mismos, cómplices de la gran corrupción.
Agrega Gladys que Ramírez tiene todas las pruebas para
demostrar la falsedad de las imputaciones, pruebas que nadie ha visto.
De lo que se trata es, precisamente, que la investigación se lleve a
cabo, que Ramírez presente sus pruebas, que los gerentes de PDVSA sean
interpelados, que los venezolanos destapemos
esa caja de gusanos malolientes.
Ramírez
se defiende mencionando que PDVSA firma miles de contratos y que él no
puede leerlos todos. Esto no lo exime de ser responsable de todos los
contratos que se firmen, en su condición de presidente de la empresa.
Además, se le exigía investigar contratos que
han sido mencionados como actos criminales, por centenares o hasta
miles de millones de dólares. Cualquier gerente honesto lo hubiera hecho
pero Ramírez no lo hizo. Grandes contratos en los cuales claramente
existen gravísimas irregularidades. Su inacción
conlleva presunciones de complicidad, por lo cual la investigación era y
es necesaria.
Mientras
el régimen actúa de esta manera un grupo de irresponsables continúa sentado en la mesa de diálogo con estos hampones.
El
país requiere un gran Frente Nacional por la Democracia y la Justicia. Esto va de podredumbre en podredumbre.
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