Alejandro Tarre
Durante la campaña presidencial, Trump prometió deportar
a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Cuando
ganó moderó un poco el discurso, diciendo que deportaría a los
criminales. Como presidente ha seguido repitiendo lo mismo, asegurando
que las autoridades están expulsando solo a los badhombres que amenazan la seguridad del país.
Pero Trump miente. Una de sus primeras acciones cuando
asumió el poder fue expandir la lista de prioridades para la deportación
para incorporar a millones de personas que antes no eran consideradas
peligrosas. También despojó a muchos indocumentados de su derecho al
debido proceso para agilizar las deportaciones. Trump, pues, está
atacando con su política migratoria dos cualidades que muchos admiran de
EE UU: su apertura a los inmigrantes y su respeto al Estado de derecho.
Hasta cierto punto, un ataque es el resultado del otro.
Hace tres años Obama estableció que las prioridades para la deportación
serían los criminales, las amenazas a la seguridad nacional y las
personas que han entrado ilegalmente a partir de 2014. Apenas asumió el
mando, Trump acabó con esta política. Ahora las prioridades no solo son
los indocumentados condenados por un delito, también los que han
cometidos actos que califican como potenciales delitos por los cuales
pueden ser condenados. Los que han cometido fraude o tergiversación
deliberada sobre asuntos oficiales también son un blanco. Tan amplio es
el nuevo criterio que abarca a indocumentados cuya única falta ha sido
trabajar sin permiso o cruzar ilegalmente la frontera. Es decir: a casi
todos.
Es verdad que Obama deportó a más inmigrantes que todos
sus predecesores, incluyendo a muchos que no habían cometido delitos o
que habían cometido delitos menores. Pero Trump quiere deportar a
muchísimos más. A diferencia de Obama, no está haciendo nada para que
las autoridades migratorias se enfoquen en la gente realmente peligrosa.
Ahora bien, una cosa es querer hacer algo y otra cosa es
poder hacerlo. ¿Puede Trump aumentar masivamente las deportaciones? Hay
razones para dudarlo. En primer lugar, necesita más agentes migratorios
y centros de detención. Incluso si consigue los recursos, los
procedimientos burocráticos pueden ser engorrosos. Contratar a un agente
fronterizo, por ejemplo, conlleva normalmente más de nueve meses.
Trump enfrenta además otro problema. Las cortes de
inmigración, que deben aprobar muchas de las deportaciones, están
agobiadas. Tienen ahora más de medio millón de casos acumulados con
esperas que pueden extenderse hasta cinco años. La nueva política
migratoria podría colapsar el sistema.
Lo bueno es EE UU tiene un sistema judicial independiente que ya ha dado muestras de su capacidad para frenar a Trump
Hasta ahora Trump no ha especificado cómo va a
confrontar cada reto. Pero sí anunció que lidiará con la sobrecarga en
las cortes incrementando las deportaciones expeditas. Bajo este tipo de
deportación, una autoridad puede expulsar a un indocumentado
inmediatamente después de detenerlo, sin presentar el caso ante un juez.
Hasta hace poco, las deportaciones expeditas eran utilizadas cuando se
capturaba a un indocumentado a menos de 160 kilómetros de la frontera —y
sólo si el capturado llevaba menos de 14 días en EE UU—. Trump decidió
ampliar el plazo a dos años y eliminar el requisito de distancia: ahora
estas expulsiones pueden llevarse a cabo en todo el país.
Las deportaciones expeditas se convirtieron entonces en
un vulgar eufemismo: un término elegante para referirse a la cruel
manera como se está despojando a millones de indocumentados de su
derecho al debido proceso para eludir el embotellamiento en las cortes y
aumentar las deportaciones.
Lo peor es que estas medidas afectarán sobre todo a una
población extremamente vulnerable: las decenas de miles de
centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras que llegan a la
frontera cada año solicitando asilo. Muchos de estos migrantes son
mujeres y niños que huyen de sus países para escapar la brutal violencia
de las pandillas y la pobreza extrema. Esta crisis es tan grave que más
de 200.000 menores no acompañados han sido capturados en la frontera
desde 2013.
Durante el Gobierno de Obama muchos migrantes
centroamericanos fueron injustamente deportados porque no contaban con
asesoría legal y porque la burocracia estadounidense no tiene la
capacidad ni la voluntad para distinguir entre los migrantes comunes y
las personas que bajo la ley tienen derecho a obtener asilo. Un aumento
de las deportaciones expeditas no solucionará sino agravará este
problema.
Lo bueno es que EE UU no es una república bananera y
cuenta con un sistema judicial independiente que ya ha dado muestras de
su capacidad para frenar a Trump. La expansión de las deportaciones
expeditas será seguramente desafiada en las cortes como el veto a los
países musulmanes.
Pero mientras tanto, los medios y la sociedad civil
también deben hacer su parte y denunciar los abusos que se están
cometiendo contra inmigrantes que no representan amenaza alguna contra
la sociedad estadounidense.
Alejandro Tarre es escritor y periodista.
Twitter: @alejandrotarre
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