Gustavo Coronel
ALMAGRO DA UN PASO TRASCENDENTAL
CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, LUIS ALMAGRO, EN LA CUAL SE PIDE LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE
NICOLÁS MADURO DEL SISTEMA INTERAMERICANO
En
una detallada carta de 75 páginas el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, pide la suspensión inmediata de
Venezuela del Sistema Interamericano. Este excepcional documento es
aplastante y demuestra claramente la inmensa magnitud de la tragedia
venezolana. En sus conclusiones Almagro dice:
“los
valores
de la Organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa
del Consejo Permanente ni de otros órganos de la OEA con un gobierno que
rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus
nacionales, que mantiene presos políticos
sólo por el hecho de disentir, que tortura, que roba, que corrompe, que
trafica drogas y que mantiene a su población sometida a la falta de
alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir. Al
proponer la suspensión del Gobierno de Venezuela de las actividades de la Organización lo
hago con la convicción de que lo será por un breve lapso.
Venezuela siempre será parte de la OEA y su presencia es fundamental
para todos los países y para la Secretaría General. Para ello sólo será
necesario que su próximo Gobierno vuelva a compartir los valores en
común que son condición imprescindible para pertenecer
a la Organización. Al proponer al Consejo Permanente que considere la
decisión de la suspensión lo hago poniendo por delante los principios y
el valor superior de las víctimas, encarnadas en el pueblo venezolano.
Se trata de uno de esos momentos en que los
países y las personas debemos poner por delante nuestros valores por
sobre los intereses nacionales o personales. Aprobar la suspensión del
desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que
podemos hacer en este momento por la gente
del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la
justicia”.
Este es un paso trascendental.
A continuación unos extractos de la carta que hemos considerado de especial importancia. El texto completo sería demasiado
largo para publicarlo aquí.
EXTRACTOS DE LA CARTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA LUIS ALMAGRO
“Los hechos no dejan lugar a dudas. Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano conforme a lo que establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”
En
la redacción de este informe hay tres certezas: - la objetividad de los
hechos recogidos en estas páginas; - la
importancia de los principios interamericanos, y - la convicción de
que, tarde o temprano, la democracia volverá a ser el sistema de
gobierno en Venezuela.
el
diálogo ha fracasado. No podemos permitir que la premisa del diálogo
siga siendo utilizada como cortina de humo
para perpetuar y legitimar el poder autoritario de lo que se ha
convertido en un régimen en Venezuela. Diferentes sectores políticos
venezolanos, especialmente aquellos más afines al Gobierno, incluidos
algunos sectores opositores, así como parte de la comunidad
internacional han intentado presentar un mecanismo de diálogo como la
solución a la crisis humanitaria, social, económica, financiera y
política al pueblo venezolano. Ese mecanismo de dialogo fue
decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno de sostenerse
en el poder a partir de reiteradas y continuadas violaciones a la
Constitución. Esas violaciones a la Constitución tuvieron efectos
devastadores sobre los derechos del pueblo y de los representantes
electos por la gente. El pueblo de Venezuela se enfrenta
a un Gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha
dejado de tener sentido.
El
estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por
un poder judicial completamente controlado
por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la
Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los
derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en
Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer
valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si
desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez;
si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado
completamente a merced de un régimen autoritario
que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido
instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que
vio por esta razón socavada su credibilidad .
Es
hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con
resultados concretos, que el llamado al retorno
a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado
en intereses coyunturales. En los meses transcurridos desde nuestro
último debate, el Sistema Interamericano y la comunidad internacional
han recurrido a todos los instrumentos disponibles
para contribuir al restablecimiento del orden constitucional y las
instituciones democráticas de Venezuela.
El
artículo 1 establece que "Los pueblos de América tiene derecho a la
democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla". El Capítulo IV de la Carta esboza las
opciones de recurso. Los artículos 17, 18 y 19 atribuyen al Consejo
Permanente el primer paso respecto de esa responsabilidad de ejecución.
En el artículo 20 se esbozan las diversas medidas para
un posible recurso, y se faculta al Consejo Permanente para "disponer
la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los
buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad
democrática". Cuando "las gestiones diplomáticas
resultaren infructuosas", “el Consejo Permanente convocará de inmediato
un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”. El
artículo 21 estipula el procedimiento para una posible suspensión cuando
"las gestiones diplomáticas han sido infructuosas".
El artículo 22 esboza el proceso de votación para el levantamiento de
la suspensión, una vez superada la situación que motivó la suspensión.
La Carta Democrática ha sido invocada por los Estados Miembros en siete
ocasiones y el artículo 21 activado una vez,
en el caso de un golpe de estado. La solidaridad regional no puede
existir a costa de los abusos contra los derechos humanos y la
destrucción de las instituciones democráticas. De hecho, ocurre
exactamente lo contrario. En cada uno de esos casos, todos los
Estados Miembros cooperaron para apoyar al Estado afectado sosteniendo
que la Carta Democrática da mayor firmeza al principio de solidaridad
regional.
DIÁLOGO
La
democracia requiere diálogo, pero es preciso reiterar que para obtener
resultados satisfactorios, el diálogo debe
ir acompañado de acciones. Estos esfuerzos diplomáticos se hicieron
desde mayo de 2016 a febrero de 2017 y las propuestas de mediación
surgieron en muchas partes. En la sesión del Consejo Permanente del 5 de
mayo, se ofrecieron los buenos oficios del CP de
la OEA, los cuales fueron rechazados [por el régimen] en términos
groseros y descalificadores.
La
participación de la Santa Sede se ha convertido en una excusa para que
los Estados Miembros de la OEA se retiren,
esperando un progreso que no se va a materializar nunca. Es hora de que
se reconozca el fracaso del diálogo como proceso para restaurar la
democracia y la prosperidad de la población. El diálogo fue en realidad
una herramienta para consolidar las peores variables
autoritarias del régimen en la dimensión nacional y para no asumir
compromisos de denuncia y presión internacional en el ámbito externo.
REVOCATORIO
Un
estudio de 153 países y 213 elecciones, publicado por la Universidad de
Harvard en septiembre del año 2016, encontró
que la percepción de integridad electoral en Venezuela es “baja o muy
baja”. Asimismo, en el reporte Freedom in the World 2017 de la
organización sin fines de lucro Freedom House, Venezuela obtiene una
calificación de seis en lo que se refiere a los derechos
políticos, lo cual significa que el país es considerado como ‘no libre’
en esta categoría, que incluye el análisis de procesos electorales.
Freedom House aduce que el Presidente Maduro, a través de la cooptación
del Poder Judicial, bloqueó el referendo revocatorio
“y en la práctica cortó en seco la única vía conducente a un cambio
ordenado de líderes”. Otras organizaciones internacionales sin fines de
lucro apoyan la hipótesis de la manipulación e intervención del Gobierno
para prevenir la realización del referendo
revocatorio. Por ejemplo, el International Crisis Group (ICG)
argumenta, "Al utilizar su control del Poder Judicial y de la Autoridad
Electoral (CNE) para bloquear un referendo revocatorio presidencial en
2016, el Gobierno se ha asegurado de que no hay medios
constitucionales para sacarlo del poder antes de las elecciones
presidenciales programadas para diciembre de 2018".
PRESOS POLÍTICOS
Un
preso político es una persona que ha sido encarcelada por sus creencias
o acciones políticas, porque se ha opuesto
o ha criticado al Gobierno. Los principios democráticos simplemente no
permiten el arresto ni la detención de una persona por sus ideas. La
criminalización de las protestas, el hostigamiento y el encarcelamiento
de los opositores son prácticas típicas de un
Estado opresor y las personas detenidas por el Gobierno venezolano por
estas razones son presos de conciencia. El Gobierno venezolano ha
demostrado un comportamiento sistemático de abuso contra quienes se
atreven a expresar una opinión contraria a la del Gobierno.
Los opositores políticos y los críticos del Gobierno continúan
enfrentándose a penas de cárcel y el número total de presos políticos,
en cualquier momento dado, ha ido en aumento ya que el Gobierno arresta,
detiene y pone en libertad a sus opositores como
le place. Los arrestos arbitrarios, la detención de personas sin que
tengan acceso a su familia o a asesoramiento jurídico, las detenciones
secretas, las condiciones carcelarias inadecuadas, los juicios injustos y
la tortura son violaciones extremas del artículo
1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que
garantiza que "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona"
El
preso político más emblemático sigue siendo Leopoldo López Mendoza,
fundador y director general del partido político
Voluntad Popular, quien está preso en el Centro de Procesados Militares
en Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda, desde el 18 de febrero del
2014, luego de ser injustamente acusado de instigación pública,
asociación para delinquir, daños a la propiedad e
incendio. El Ministerio Público basó su acusación en el discurso
político de López y sus supuestos mensajes subliminales. Fue condenado a
13 años, 9 meses y 12 horas de prisión. El 16 de febrero de 2017 el
Tribunal Supremo de Justicia ratificó dicha sentencia
como firme, denegando de esta manera cualquier posibilidad de
apelación. La celda en la que se encuentra Leopoldo López, mide 2,60 m
por 2,70 m. En este espacio permanece desde que fue sentenciado. No
tiene contacto con otros presos, no le permiten caminar
por los pasillos o el patio, y solo cuando no está “castigado” lo sacan
una hora al día. Los guardias tienen prohibido hablar con él y sólo se
limitan a pasarle la comida por la rendija de la puerta de su celda.
Leopoldo López no escucha a nadie durante el
día, sino solo los sonidos propios de una cárcel. Le han quitado los
libros y solo puede leer un libro semanal y la Biblia
El
pasado 9 de enero, Nicolás Maduro creó una estructura de represión a la
que ha denominado “Comando Antigolpe”,
integrada por el Vicepresidente Tareck el Aissami, la ex Ministra de la
Defensa Carmen Meléndez, el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino
López, el General Néstor Reverol, el diputado Diosdado Cabello, el
General Gustavo González López, Iván Rafael Hernández
y Vega González, todos señalados en la denuncia interpuesta en la
Corte, como cabezas de mando e incluso señalados directamente como
autores intelectuales de torturas de víctimas que reposan en el citado
organismo. Esta nueva estructura es ahora la encargada
de vigilar la “seguridad ciudadana y la paz social”, y en tan solo 72
horas de su conformación, detuvo a cinco dirigentes políticos de los
partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, incluyendo al Diputado de
la Asamblea Nacional Gilber Caro.
DETERIORO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
El
deterioro del sistema democrático en Venezuela es la causa directa de
la crisis económica y humanitaria. Toda ruptura
del orden constitucional, del imperio de la ley y del orden democrático
debilita el sistema de gobierno y crea condiciones de crisis y
vulnerabilidad. La crisis política ha llevado a una disfuncionalidad
estructural. Venezuela debería ser uno de los países
más ricos del Hemisferio. En cambio, la inflación sigue aumentando y
alcanza niveles inauditos; el PIB va en caída libre; los niveles de
pobreza sin precedentes son cada vez más extensos; los niveles de
malnutrición se extienden a escala nacional; vuelven
a surgir enfermedades anteriormente como la difteria, y el país sufre
de uno de los índices más altos de crímenes violentos en el mundo.
PDVSA
Venezuela
cuenta con uno de los recursos geológicos más abundantes del planeta.
PDVSA representa más del 90 por ciento
de las exportaciones totales de Venezuela y el 12 por ciento de su PIB,
por lo que comprender la situación de la petrolera nacional es
fundamental para comprender lo que ocurre en Venezuela. Las reservas
probadas de crudo del país se encuentran entre las más
considerables del planeta, incluso atendiendo a cálculos conservadores.
Durante la última década, el país desperdició una extraordinaria
oportunidad para aumentar la inversión y la producción. En vista de los
elevados precios del petróleo que imperaban en
ese período, las enormes reservas de petróleo del país podrían haber
sido monetizadas mediante el rápido aumento de la producción con un
amplio margen de rentabilidad. En cambio, la producción disminuyó
constantemente debido a la falta de inversión en los
nuevos proyectos petrolíferos no convencionales y a la incapacidad para
compensar la disminución de los antiguos campos convencionales. Es una
historia trágica de un gran potencial acompañado de una pésima
actuación. Entre 2010 y 2015, la producción de petróleo
experimentó una disminución diaria de 253.000 barriles, lo que
representa un ocho por ciento. En particular, la producción cayó un 24,3
y un 15,8 por ciento en las regiones oriental y occidental
tradicionales (crudo liviano y de grado medio) y sólo aumentó
un 12,0 por ciento en la Faja Petrolífera del Orinoco (crudo pesado y
extra pesado). La producción en los campos operados exclusivamente por
PDVSA disminuyó un 27,5 por ciento, mientras que en los campos operados
por empresas conjuntas se registró un aumento
del 42,3 por ciento. El servicio de la deuda de PDVSA casi se decuplicó
y alcanzó los 10.200 millones de dólares en el período de 2010 a 2015,
mientras que la deuda financiera total aumentó un 75 por ciento,
cifrándose en unos 45.000 millones de dólares. Se
observó que PDVSA experimenta continuamente grandes dificultades para
aumentar las inversiones de capital con el fin de detener la disminución
de la producción, y no hablemos ya de cumplir los objetivos de
producción. A ello deben agregarse también los numerosos
desafíos operacionales que enfrenta PDVSA, entre los que destacan la
escasez de insumos; la ineficiencia de las perforaciones; las
inadecuadas instalaciones de gas y energía; la insuficiencia de
infraestructuras de elaboración secundaria (refinerías, unidades
de mejora, etc.); riesgos en materia de seguridad, medio ambiente y
criminalidad, así como la gestión corporativa de la entidad, y la
política industrial.
LA CRISIS HUMANITARIA
El
22 de Julio de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) emitió un comunicado en el que lamentaba
“la apremiante situación de agudo desabastecimiento y escasez de
medicamentos, insumos médicos y alimentos en Venezuela. Esta situación
ha conducido a un deterioro muy significativo de las condiciones de vida
en el país y a un incremento de la violencia, lo
que resulta en daños para la salud, la integridad personal y la vida de
las personas, en detrimento de los derechos protegidos por los
instrumentos interamericanos y universales de derechos humanos”. Desde
la publicación del primer informe del Secretario General
y del Comunicado de la CIDH, la situación que vive Venezuela en cuanto a
la salud y la alimentación ha empeorado significativamente y solo puede
describirse como alarmante y en necesidad de una urgente acción por
parte de las autoridades y otros actores nacionales
e internacionales. En enero de 2017, el precio de la Canasta
Alimentaria Familiar se ubicó en 621.106,98 bolívares, un aumento del 14
por ciento respecto del mes anterior y 481,8 por ciento más respecto
del mes de enero de 2016. Se requieren 15,3 salarios
mínimos (40.638,15 bolívares) para poder adquirir la canasta.71 Según
el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana
de Maestros, leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de
maíz, queso blanco duro, queso amarillo,
arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas
alimenticias a precio regulado, harina de maíz, café, mayonesa, jabón
de baño, detergente, lavaplatos, compotas, Nenerina, papel higiénico,
pañales, toallas sanitarias, toallitas, servilletas,
leche condensada, leche líquida de un litro, suavizante, desodorante,
afeitadora desechable, crema dental, champú, jabón, e insecticidas
presentan problemas de escasez
SALUD
En
una entrevista para Venevisión el 7 de diciembre de 2016, el presidente
de la Federación Médica Venezolana, Douglas
León Natera, aseguró que la red pública de hospitales tiene problemas
estructurales y financieros muy graves, debido a la escasez de insumos,
medicinas y recursos económicos. “Toda la red pública está en
bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria
y asistencial”, indicó Natera. El presidente de la Federación señaló
que los centros asistenciales tienen solo tres por ciento de los insumos
médicos; debido a eso, los pacientes y familiares deben comprar la
mayoría de los materiales para ser atendidos en
un hospital. “Los pacientes deben llevar gasas, sueros e incluso comida
[…]. Hay una privatización disfrazada del sistema de salud en
Venezuela”, agregó.76 En otra conferencia de prensa celebrada el 4 de
enero de 2017, el presidente de la Federación aseguró
que la escasez de insumos médicos quirúrgicos en los hospitales
venezolanos ronda el 98 por ciento. El Doctor Natera aclaró que “el
holocausto de la salud es instalado por el Gobierno. Se nos mueren los
pacientes de mengua en los hospitales por falta de insumo
SEGURIDAD
la
situación de inseguridad que vivió el país siguió deteriorándose. La
Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela
2016 revela que 94 por ciento de los encuestados piensan que la
violencia ha aumentado; 21 por ciento de los entrevistados dicen haber
sido víctima de un delito en los últimos 12 meses; 60 por ciento de
ellos temen ser atacados o robados en su vivienda; 66
por ciento, en las calles durante el día y 80 por ciento, en los medios
de transporte.
Venezuela
cerró el año pasado con más de 28.000 muertes por violencia en el país,
padeciendo de una tasa de homicidios
de 91 por 100,000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de
Violencia.85 Ya en el año 2014, la ciudad de Caracas se había convertido
en la ciudad más violenta del planeta, según el índice de las 50
ciudades más violentas del mundo publicado por la ONG
mexicana, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal (CCSPJP). En 2015, la tasa de homicidios en la capital alcanzó 120
por 100,000 según InSight Crime.
DROGAS
El
13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
señaló al Vicepresidente de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah,
como un "traficante de narcóticos especialmente designado con arreglo a
la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico
Internacional, por tener un importante papel en
el narcotráfico internacional". De acuerdo con un comunicado de prensa
de ese Departamento, "El principal testaferro de El Aissami, el nacional
venezolano Samark José López Bello, también fue designado por proveer
asistencia material, apoyo financiero o bienes
o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico
y actuar por, o en nombre de El Aissami". El Departamento del Tesoro
designó o identificó como propiedad bloqueada 13 compañías que eran
propiedad o estaban controladas por López Bello
u otras partes designadas, las que constituyen una red internacional
que abarca las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, los
Estados Unidos y Venezuela. La congelación de activos impide al
Vicepresidente tener acceso a una fortuna estimada en
3.000 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro, el
vicepresidente "facilitó el transporte de narcóticos desde Venezuela,
incluido el control de aviones que salen de una base aérea venezolana,
así como el control de las rutas de tráfico de drogas
a través de puertos venezolanos". En sus cargos anteriores, supervisó o
fue propietario de parte de cargamentos de narcóticos de más de 1.000
kilos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidos cargamentos
cuyos destinos finales eran México y Estados Unidos.
También facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que
operan en Venezuela. Específicamente, El Aissami recibió pagos por la
facilitación de cargamentos de drogas pertenecientes al narcotraficante
venezolano Walid Makled García. El Aissami también
está vinculado a la coordinación de cargamentos de drogas destinados a
Los Zetas, un violento cartel de drogas mexicano, además de brindar
protección al narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y al
narcotraficante venezolano Hermagoras González Polanco".
El Aissami es simplemente el último funcionario de alto rango del
Gobierno venezolano acusado de narcotráfico. El 1 de agosto de 2016,
fiscales estadounidenses presentaron una acusación contra dos ex altos
funcionarios de la agencia antidrogas de Venezuela.
Uno de esos funcionarios, Néstor Reverol, había sido director general
del órgano de lucha contra los narcóticos y había sido el comandante de
la Guardia Nacional de Venezuela.95 Un día después de que se hiciera
pública la acusación, Reverol fue ascendido por
el presidente Maduro, que lo nombró nuevo ministro del Interior del
país
En
noviembre de 2015, dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín
Campos y Francisco Flores, fueron arrestados
en Haití por agentes de la Drug Enforcement Administration por
conspirar para pasar de contrabando hasta 1.700 libras de cocaína en los
Estados Unidos. Un año más tarde fueron declarados culpables por un
jurado en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan.
Cada uno de ellos se enfrenta a 10 años de prisión
PODER JUDICIAL
En
su Informe Mundial 2017, Human Rights Watch explica que “el poder
judicial ha dejado de actuar como una rama independiente
del Gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente
el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública
su compromiso con promover la agenda política del Gobierno.”104 La
invalidación de acciones de la AN por el TSJ a
través de resoluciones, que atenta contra la efectiva separación e
independencia de poderes, se menciona también en el informe anual de
Amnistía Internacional. En el informe 2016/2017 de esa organización
internacional no gubernamental de derechos humanos se
señala que “el Tribunal Supremo de Justicia limitó drásticamente
mediante resoluciones las facultades de la Asamblea Nacional, en la que
la Oposición cuenta con mayoría, lo que entorpecía la capacidad de
diputados y diputadas para representar a los pueblos
indígenas.”
Venezuela
también ocupó el último lugar en el Rule of Law Index 2016, publicado
por la organización internacional
World Justice Project. Con una calificación de 0,28, el país ocupó el
puesto 113 en la clasificación mundial de 113 países. Para determinar la
calificación por país, el WJP evalúa 44 indicadores organizados en las
siguientes ocho áreas: limitantes a los poderes
del Gobierno; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos
fundamentales; orden y seguridad; implementación regulatoria; justicia
civil, y justicia criminal
SALA CONSTITUCIONAL
En
el período de análisis se registraron al menos 18 ocasiones en los que
la Sala Constitucional del TSJ emitió decisiones
en contra de la AN y parlamentarios representantes de la Oposición, y/o
de los derechos de la ciudadanía. Dichas decisiones han sido a favor
del Gobierno.
SALA ELECTORAL
En
el período de análisis se registraron al menos dos ocasiones en las que
la Sala Electoral del TSJ emitió decisiones
en contra del Poder Legislativo y a favor del Gobierno. Las siguientes
sentencias son evidencia de la invalidación de la AN a través del uso de
sentencias judiciales. En este caso, sobre la incorporación a la AN de
los diputados del estado Amazonas y la Región
Indígena Sur.
TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
Se
identifican al menos dos casos en que tribunales de primera instancia
han emitido decisiones en contra de los
derechos de líderes de la Oposición y de la ciudadanía en general. 1.
El 20 de octubre de 2016, por decisión del tribunal de control de la
ciudad de Valencia, Carabobo, se prohibió la salida del territorio
venezolano a los líderes de la Oposición Henrique
Capriles Radonski, Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José Luis
Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre Heredia, Luis
Ernesto Aparicio Méndez, y Arnoldo Gabaldón Berti. Ello sería violatorio
del artículo 50 de la Constitución, relativo al
derecho al libre tránsito nacional e internacional, así como de la
inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Carta Magna.
2. El mismo 20 de octubre, tribunales penales de los estados de Aragua,
Carabobo, Bolívar, y Apure emitieron sentencias
que dejaban sin efecto la recolección de firmas para el Revocatorio de
Mandato por presunto “fraude” perpetrado por la MUD, y utilizando así la
vía judicial para suspender derechos políticos a la ciudadanía
venezolana. Esa acción fue defendida por el diputado
Diosdado Cabello (PSUV), así como por los gobernadores oficialistas
Tareck El Aissami (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo), Francisco
Rangel Gómez (Bolívar), y Ramón Carrizalez (Apure).
PODER ELECTORAL (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL)
Durante
el período de análisis se observó que en cuatro ocasiones el Poder
Electoral (Consejo Nacional Electoral)
tomó decisiones en contra de ciertos partidos políticos, los electores
de Amazonas y Región Indígena Sur, y los derechos políticos de la
ciudadanía en general.
PODER EJECUTIVO
Al
menos dos hechos directos del Poder Ejecutivo en contra de la AN y
parlamentarios de Oposición. 1. El 15 de enero
de 2017 el Presidente Maduro presentó el Mensaje Anual del Gobierno
ante el TSJ, y no ante la AN. Esta acción de invalidación y
desconocimiento del Poder Legislativo, que vulnera la facultad de
control de la Presidencia de la AN, trasladando funciones al TSJ,
es contraria a lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela que dice: “Artículo 237. Dentro de
los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea
Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente
o Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la
Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos,
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año
inmediatamente anterior.”168 2. Al anular su pasaporte
por supuesta “denuncia de hurto”,169 el 27 de enero de 2017 y el 7 de
febrero las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación,
Migración y Extranjería (SAIME) vulneraron los derechos de los
parlamentarios de la MUD Luis Florido y William Dávila,
respectivamente. La acción entraría en violación de facto de la
inmunidad parlamentaria (artículo 200 de la Constitución), así como del
derecho al libre tránsito nacional e internacional (artículo 50 de la
Constitución) y del derecho civil de acceso a documento
de identidad
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El
Gobierno venezolano también amplió su decisión para incluir el bloqueo
de la señal Internet del sitio web de CNN
en Español, ampliando su control del espacio digital. Ello se derivó de
la sentencia del 8 de junio del Tribunal Supremo que prohibió a los
sitios web de noticias La Patilla y Caraota Digital la difusión de
videos de linchamientos a través de su página web
o las redes sociales. La decisión fue redactada de manera que pudiera
ser aplicable a otros medios en el país y estos derechos están siendo
coartados tanto dentro como fuera de la Internet. En septiembre de 2016,
se ordenó a tres periódicos venezolanos, El
Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia, que dejasen de publicar
informes en relación con las denuncias de corrupción contra el hermano
del ex presidente Hugo Chávez, el gobernador Adán Chávez. En enero,
altos funcionarios del Gobierno y CONATEL criticaron
la difusión de la serie de televisión "El Comandante", producción
extranjera inspirada en la vida del ex presidente Hugo Chávez. CONATEL y
el miembro de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dirigieron una
campaña en los medios sociales destinada a promover
la protección de la memoria del difunto presidente
El
11 de febrero de 2017, los periodistas brasileños Leandro Stoliar y
Gilzon Souza de Oliveira y los miembros de
la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y
María José Tua, fueron detenidos por agentes del SEBIN mientras tomaban
fotografías y filmaban videos del puente Nigale en la ciudad de
Maracaibo, como parte de una investigación sobre
el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht
MAGISTRADOS DEL TSJ
De
acuerdo a la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, del
total de magistrados titulares, 16 no cumplen
con la totalidad de requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos
constitucionales para ser magistrado del TSJ es ser un ciudadano de
reconocida honorabilidad. Según la organización venezolana, sobre nueve
de los magistrados “se cierne una duda razonable
sobre su honor y reputación”. Uno de ellos fue procesado penalmente por
homicidio en dos ocasiones, y también fue sancionado
disciplinariamente. Otros cuatro jueces fueron suspendidos o destituidos
de su cargo en algún momento de su trayectoria profesional,
y los cuatro restantes fueron señalados por actuaciones poco éticas en
el desempeño de sus funciones dentro del Poder Judicial. La lista
publicada de dichos nueve magistrados incluye al recién nombrado
Presidente del TSJ, Maikel Moreno Pérez, ya que “en dos
ocasiones fue vinculado a casos de homicidio.”
CORRUPCIÓN
Venezuela
es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza
petrolera está siendo expoliada sin piedad
sistemáticamente por el Gobierno y las fuerzas armadas mientras el
pueblo pasa hambre. En octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la
Asamblea Nacional, que en ese momento estimaba que el daño al
patrimonio de la Nación ascendía a 70.000 millones de
dólares, presentó un atisbo de la escala de la corrupción en el país.
El vicepresidente de la Comisión, Ismael García, advirtió que las
investigaciones en materia de corrupción habrán de continuar porque
existen otras cifras sobre desfalco a la Nación mucho
más elevadas, que podrían llegar a los 300.000 millones de dólares,
sustraídos empleando diversas tramas de corrupción.
Para
comprender el alcance de la corrupción gubernamental generalizada y
sistemática en el sector de la importación
de alimentos presentaremos dos ejemplos representativos. La
investigación de Associated Press ya mencionada describió cómo un
empresario sudamericano dijo que “pagó millones en sobornos a
funcionarios venezolanos a medida que empeoraba la crisis del hambre,
incluidos ocho millones de dólares a personas que trabajan para el
actual ministro para la alimentación, el General Rodolfo Marco Torres.
Documentos bancarios del país del empresario muestran que era un gran
proveedor, y que entre 2012 y 2015 había recibido
contratos por valor de 131 millones de dólares de los ministros
venezolanos para la alimentación. Explicó que vendedores como él pueden
sobornar a los militares porque el monto de lo que facturan al Estado
incluye grandes márgenes de beneficio. Por ejemplo,
se apañó un contrato de maíz amarillo por valor de 52 millones de
dólares a un precio superior al doble del precio de mercado en ese
momento, lo que quiere decir que solo por ese contrato hubo un sobrepago
de más de 20 millones de dólares. Los presupuestos
internos del ministerio obtenidos por AP demuestran que los sobrepagos
continúan. Por ejemplo, en julio el Gobierno presupuestó 118 millones de
dólares para la compra de maíz amarillo a un precio de 357 dólares la
tonelada, lo que equivale a un sobrepago de
más de 50 millones de dólares en relación con los precios imperantes
ese mes".
El
segundo ejemplo en el mismo sector fue organizado supuestamente por el
empresario venezolano Samark José López
Bello, quien presuntamente ganó millones con la importación a precios
inflados artificialmente de alimentos destinados a los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa gubernamental de
distribución casa por casa de los productos alimenticios
regulados de primera necesidad. La prensa informó que una empresa
controlada por López "supuestamente compró 4.509.157 cajas de alimentos
en México por un valor unitario de 8 dólares, mientras que el Gobierno
venezolano pagó a la compañía más del triple, a
razón de 35 dólares por caja". Esto quiere decir que para una inversión
de poco más de 36 millones de dólares, la empresa de López recibió del
Estado un pago de casi 158 millones de dólares.
RECOMENDACIONES:
•
Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de
observadores internacionales que cumplan
con todas las normas internacionales de observación de comicios
electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio -- la
última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden
democrático y la única solución democrática es que
el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino
Hasta
tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones
bilaterales por cualquiera de los países
a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno
involucradas en casos de corrupción o narcotráfico. Cuando el
Vicepresidente de cualquier país es objeto de medidas como las
implementadas por el Departamento del Tesoro, cuando se le congelan
fondos por más de 3.000 millones de dólares – monto que equivale a la
mitad del valor de las importaciones de alimentos de Venezuela hace
cinco años para que se comprenda adecuadamente la dimensión de la
tragedia que existe en Venezuela y el precio en dolor
que paga el pueblo venezolano – quedan plasmadas las variables de
desestabilización política, económica y social que vive el país por
tener autoridades como esas.
• La liberación inmediata de todos los presos políticos.
•
El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia
humanitaria (con énfasis en los alimentos y la
asistencia médica) al pueblo de Venezuela. • El retorno al orden
constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una
de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la
Constitución de Venezuela. Estas medidas deben
incluir: a. El restablecimiento de los poderes y competencias
constitucionales de la Asamblea Nacional; b. El nombramiento por
procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional
Electoral; y c. El nombramiento por procedimientos constitucionales
de los magistrados del TSJ
Bien por Luis Almagro. Veremos si la región responde.
Ver también mi carta a la OEA y a los Presidentes de la región, en:http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2017/03/carta-la-oea-y-presidentes-de-la-region.html
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