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Editorial El Nacional
Desde luego que sería una tontería culpar en solitario a Maduro por esta gran pifia política que hoy lo tiene de espaldas contra la pared y, para mayor desgracia, hundido en un destino incierto y oscuro del cual le va a ser difícil salir a flote sin perderlo todo. Y cuando se recomienda no culparlo en solitario es porque quienes lo han llevado a esta situación no pueden ocultar su participación en esta conjura contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde hace tiempo venimos alertando desde estos espacios sobre la tendencia cada día más creciente entre la cúpula militar y civil que dice llamarse chavista de la boca para afuera, de ir atenuando lo que algunos llaman el “pensamiento revolucionario bolivariano” para justificar las violaciones a la Constitución sin apelar a razones medianamente serias.
No hace falta recordar que del seno de la institución militar no han nacido, por estos tiempos, pensadores serios y sistemáticos de nuestra realidad sino aventureros y asaltantes del poder. Pedirles a estos personajes que entiendan y respeten la Constitución Nacional es tarea inútil porque desprecian la inteligencia, las leyes y, por supuesto, las instituciones en general.
Si revisamos el entorno presidencial y la representación castrense que le “aconseja”, nos encontramos con gente tan rudimentaria y de pensamientos tan rurales que parecieran extraídas de finales del siglo XIX, de sus montoneras y sus generales de grandes bigotes y revólver al cinto. ¿Son estos los hijos de Bolívar o la caricatura de ellos?
Cuando el país se entera a medianoche de que los señores magistrados del Tribunal Supremo han tomado una decisión dirigida a castigar a la Asamblea Nacional olvidando el respeto entre los poderes, los venezolanos entienden que no se trata de un pleito entre dos poderes sino de la culminación de una estrategia iniciada mucho antes del triunfo electoral del 6 de diciembre de 2016.
El nombramiento apresurado e ilegal de los integrantes de Tribunal Supremo y la jubilación anticipada de ciertos magistrados era la parte inicial de un movimiento destinado a inutilizar a la Asamblea Nacional. Pero la derrota en la reunión de la OEA y la batalla perdida con Almagro los encegueció de tal manera que se fueron de bruces y no cuantificaron las pérdidas.
Como era de esperar, desde el propio seno de las instituciones nació una voz civil que reclamó respeto a la Constitución nacional, que les recordó que esa carta magna había sido votada por el pueblo y que algunos “maduristas” ambiciosos y escasos de neuronas estaban pisoteando algo que era sagrado para el propio chavismo.
Saltó así a escena la voz de la fiscal general de la República para colocar las cosas en su lugar: “En recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento”. Señores del TSJ, recojan los vidrios.
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