La corrección parcial de las sentencias 155 y 156 no subsana la ruptura del orden democrático y el desacato que el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado a la Asamblea Nacional. En esto coinciden los abogados Gerardo Fernández y Alberto Arteaga Sánchez.
“La aclaratoria no resuelve la ruptura del orden constitucional porque el régimen a través del TSJ sigue usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, lo cual ha consolidado a través de casi 60 sentencias. El orden constitucional sigue alterado, el régimen impide a la AN ejercer su función política, legislativa, de control y administrativa. Aún con la aclaratoria, permanece vigente la imposibilidad de controlar contratos de interés público”, señaló el constitucionalista Gerardo Fernández.
Añadió que el TSJ nuevamente acata ordenes del Poder Ejecutivo, mediante el exhorto hecho la madrugada de ayer por el Consejo de Defensa de la nación que preside Nicolás Maduro: “Esto no es más que otro signo inequívoco de la inexistencia de la separación de poderes en el país”.
Fernández puntualizó que las sentencias 157 y 158 con las que la Sala Constitucional enmendó algunos aspectos de los fallos de esta semana violan la Ley Orgánica del TSJ y el Código de Procedimiento Civil: “Una aclaratoria como herramienta procesal solo es admisible para corregir errores materiales, por ejemplo de una fecha, no para cambiar el fondo de la decisión”.
Alberto Arteaga Sánchez, ex decano de derecho, dijo que “nunca una aclaratoria pudo confundir más y expresar el estado de anomia del país. Queda claro ante el mundo que desapareció todo vestigio de poder judicial autónomo e independiente. Más grave que las decisiones 155 y 156 del TSJ es la rectificación inmediata por ‘acatamiento’ al Ejecutivo”.
Repudió que persista el desacato del Legislativo y que se desconozca bajo cuáles procedimientos administrativos o penales se ha fijado. Indicó que la situación no se corrige aunque se hayan eliminado las líneas que le concedían las atribuciones de la AN a la Sala Constitucional. “Los magistrados deben responder por su actuación. Es una exigencia de la carta magna”.
Funciones condicionadas
“Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, tampoco lo han disuelto o anulado. Reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional”, aseguró el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno en rueda de prensa ayer.
En el comunicado leído por Moreno, se puntualizó: “Es sólo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio, legal y legítimo, de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”.
Negó que existan conflictos con otros poderes. “Garantizamos la constitucionalidad y velamos porque se cumpla el Estado democrático. No necesitamos factores extranjeros para dirimir las diferencias de los venezolanos. Contamos con instituciones democráticamente constituidas capaces de solucionar las diferencias que se produzcan en la nación”, señaló el presidente del Poder Judicial.
Sobre los señalamientos de la ruptura del orden constitucional hechos por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, Maikel Moreno sostuvo: “Lo dicho por la Fiscal es respetable y así demostramos el talante democrático que existe en el país”.
La directiva del TSJ se reunió con el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y representantes del cuerpo diplomático. El magistrado Moreno dijo que la presencia del funcionario “no significa que no haya separación de poderes”.
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