Es abrumador el silencio de los gobiernos latinoamericanos en torno al despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
Primero, el régimen de esa nación centroamericana reformó de manera exprés la Constitución para poder suspender «a perpetuidad» todos los derechos ciudadanos de los 222 presos políticos liberados, desterrados y enviados a Estados Unidos. Luego extendió la medida a 94 nicaragüenses más: entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro (cuyo padre fue asesinado en la lucha antisomocista), el sacerdote Edwin Román, sobrino de Augusto César Sandino, en fin…
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