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El proceso de renovación de los poderes públicos ha comenzado con la búsqueda de unos nuevos jefes para el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Decenas de aspirantes consignan sus currículos y son entrevistados por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional que, en teoría, debería impulsar la selección de los mejores para estos cargos.
No cualquiera puede llegar a Fiscal General de la República o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por citar dos espacios emblemáticos. La Constitución establece entre los requisitos “tener título universitario de postgrado en materia jurídica”.
Esa obligación, que podría interpretarse como un filtro para reducir el número de elegibles, no es un problema para el oficialismo y sus derivados. El chavismo convirtió a las universidades Nueva Esparta (UNE) y Católica Santa Rosa (UCSAR) en verdaderas fábricas de doctores, todos dispuestos a ocupar puestos clave en la estructura del Estado.
Toga y birrete
Mientras su jefe político está en una jaula, ella sigue en el aula. Un post publicado el 8 de marzo en Instagram por la UCSAR muestra entre los doctorandos en Derecho Probatorio a la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez. Más atrás, compartiendo en el mismo salón, asoman los diputados José Gregorio Correa y José Brito, dirigentes de los partidos judicializados -o alacraneados- Acción Democrática y Primero Justicia, respectivamente.
El caso de la magistrada Rodríguez es revelador. Egresada de la Universidad Central de Venezuela con el título de abogada en 1993, su formación académica incluye un magíster en Derecho Penal Militar, doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público y un posdoctorado en los paradigmas geopolíticos ante las crisis emergentes de la Universidad Nueva Esparta.
Completa su hoja de vida con un doctorado en Derecho Procesal Constitucional y un doctorado en Derecho Probatorio de la Universidad Católica Santa Rosa. A esto se agrega estudios en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la Universidad Militar Bolivariana y la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones. Todos entes chavistas.
Puras estrellas
En aquel doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público de la UNE, Rodríguez tuvo como condiscípulos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el superintendente del Seniat, José David Cabello, el procurador general, Reinaldo Muñoz, los diputados de la AD judicializada, Luis Eduardo Martínez y José Gregorio Correa, y el mismísimo rector de la UCSAR, Carlos Alberto Boully Gómez.
Entre sus compañeros del doctorado en Derecho Procesal Constitucional de la Santa Rosa destacaban los legisladores Martínez y Correa, el para entonces ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos Ichaso, y la ex superintendente de la Actividad Aseguradora, Celeste Liendo, ficha de confianza de Amoroso.
Una nota de prensa publicada por el TSJ señala que “el padrino de la promoción fue el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros”. Los nombres que resaltan en la extensa lista de graduandos: La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, Elvis Amoroso, Tareck William Saab, el contralor general Gustavo Vizcaíno, el defensor público Daniel Ramírez y Katherine Harington, aquella vicefiscal que entró de contrabando en el edificio del Ministerio Público -dicen que escondida en la maleta de un carro- para tratar de arrebatarle la silla a Luisa Ortega Díaz.
Burro con diploma
Santa Rosa y Nueva Esparta integran la Asociación de Universidades Privadas junto con las universidades Gran Mariscal de Ayacucho, Tecnológica del Centro, Universidad Bicentenaria de Aragua, Arturo Michelena y Santa María.
A finales de febrero, la asociación nombró como su presidente al diputado Luis Eduardo Martínez, mejor conocido como “el burro Martínez”. Burro y alacrán.
La UCSAR no solo ha firmado convenios con distintas instituciones gubernamentales, desde el CICPC hasta la Contraloría General de la República, sino que tiene en la planta de profesores de su escuela de Comunicación Social a Freddy Ñáñez, quien en su rol de ministro de Información manejó el aparato de propaganda del chavismo.
En la puja por el Ministerio Público, tampoco se queda por fuera José Ernesto Ivkovic, decano de la Facultad de Derecho de la UCSAR, quien se postuló al cargo de Fiscal General de la República. En el supuesto de resultar ungido, el profesor se reunirá en la cúpula del poder con varios de sus alumnos y doctores exprés.
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