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En apenas unas palabras Alberto Arteaga, respetadísimo jurista por su conocimiento y talante, sintetiza el significado de la designación del nuevo Fiscal General de la República. “Después de la experiencia de CAP, ejemplo de respeto institucional, ningún gobierno ha corrido el riesgo de promover un fiscal independiente”.
Se refiere el doctor Arteaga al proceso que condujo a la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 durante su segundo gobierno. El entonces Fiscal General, Ramón Escovar Salom, fue quien introdujo la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República. Un caso único en la historia republicana.
Al conocerse el pasado 9 de abril las designaciones del Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, y de la Defensoría del Pueblo, Eglée González Lobato, se extiende la sensación de que no hay una sincera disposición a reconstruir la vida institucional del país, asfixiada por el poder abusivo del Ejecutivo que ha convertido a los órganos del poder público en simples apéndices. Venezuela, por si hubiera duda alguna, ocupa el lugar 170 (de 179 países) en el Índice de Democracia Liberal (IDL) elaborado por el programa Variedades de la Democracia (V-Dem), el más robusto estudio global sobre la salud de las democracias en el mundo.
“Me parece que se ha perdido una oportunidad para mostrar intención de cambio. En cuanto a las personas, los hechos dirán si se atreven a reconciliar esos órganos con la Constitución, al servicio de todos los venezolanos”, escribió en la red X Ramón Guillermo Aveledo, un dirigente opositor sí, también una voz firme y mesurada.
El país esperaba otra cosa que, quizás, no se podía esperar. ¿Cuáles son las señales de que en verdad hay un cambio en la dirección del país? La ley de amnistía es selectiva y las excarcelaciones lucen paralizadas. Cuando menos aún hay 500 presos políticos en las cárceles, de ellos cerca de 200 son militares. Hay, ciertamente, un reacomodo en el poder para adaptarse a una situación imprevista no para reconocer la profundidad de la crisis del país y el anhelo de cambio de la mayoría de los venezolanos.
Larry Devoe Márquez, abogado y político, de 46 años de edad, es señalado como una persona de estrecha confianza de Delcy Rodríguez. Ha ocupado diversos cargos en defensa del régimen venezolano, en particular en el sensible asunto de los derechos humanos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señala que la actuación de Devoe como representante del Estado ante “instancias internacionales se ha centrado en desestimar denuncias, relativizar patrones de represión y persecución, así como justificar jurídicamente la actuación de los cuerpos de seguridad.”
Eglée González Lobato, abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela, especializada en derecho administrativo, ha desarrollado su carrera como profesora e investigadora en derecho público, “con énfasis en asuntos electorales y de institucionalidad democrática”. El cargo para el que se postuló, y resultó designada, exige según el artículo 280 de la Constitución “manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos”. Hay dudas, igualmente, sobre su imparcialidad política.
La ya citada Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recuerda que la Defensoría del Pueblo está concebida “como la primera línea de defensa de los ciudadanos frente al abuso estatal”. Teme que quede reducida a una instancia formal sin capacidad real de incomodar al poder o de documentar con rigor las violaciones de derechos humanos. Es decir, que siga siendo lo que ha sido: defensoría del poder, no del pueblo. No de la gente. No de las personas que llevan 90 días reclamando la libertad de sus familiares frente al Rodeo I.
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