El pasado 13 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia suprimió la competencia especial en materia de terrorismo de cuatro tribunales de Caracas (30.º, 49.º, 52.º y 13.º) y dispuso las causas correspondientes entre los tribunales ordinarios de control del país. El máximo tribunal justifica su decisión en la necesidad de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio del juez natural. Y advierte sobre el peligro, harto padecido, de que las causas avancen hacia la fase del juicio sin una correcta calificación jurídica de los hechos y de los tipos penales aplicables.
El abogado Javier Elechiguera, quien fue Fiscal General entre 1999 y 2000, se hace una serie de preguntas relevantes en torno al dictamen del TSJ. La primera es ¿por qué ahora? Si las garantías que el TSJ invoca son exigencias constitucionales que deben respetarse siempre, ¿qué explica que su protección requiera una modificación de la estructura judicial después de tantos años de funcionamiento de estos tribunales?
Elechiguerra sostiene que la discusión es más profunda que una simple reorganización administrativa. Se trata de abordar el funcionamiento de la justicia penal, los límites del poder punitivo y -un asunto que queda relegado- la responsabilidad institucional por las actuaciones que pudieran haber desconocido derechos fundamentales
La resolución del TSJ no elimina los delitos previstos en la legislación antiterrorista. Tampoco dispone la nulidad automática de los procesos en curso, la liberación de las personas detenidas ni la revisión de las sentencias dictadas. Su alcance inmediato es más limitado, aunque relevante, pero no resuelve las dudas sobre la legalidad de las imputaciones, la suficiencia de elementos de convicción, la regularidad de los procedimientos o la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
El ex Fiscal General tiene más preguntas al respecto: si ahora el TSJ considera necesario corregir la estructura y reforzar el control sobre la calificación judírica de los delitos, ¿cuándo identificó las deficiencias que motivan la decisión? ¿Qué actuaciones realizó antes para corregirlas? ¿Quiénes debieron ejercer ese control y por qué no resultó suficiente? “No basta, añade, con invocar una garantía cuando se modifica la estructura judicial. Es necesario explicar por qué esa misma garantía no recibió una protección efectiva en los procesos anteriores, si se comprueba que fue vulnerada”.
La cuestión decisiva, para el ex jefe del Ministerio Público, es si la modificación aprobada por el TSJ irá acompañada de una aplicación efectiva de las garantías que el propio tribunal invoca. “¿Por qué fue necesario esperar hasta ahora para adoptar una medida que se justifica en el juez natural y en la correcta calificación jurídica de los delitos? ¿Qué ocurrirá con los procesos en los que existan fundamentos para cuestionar la legalidad de las actuaciones? ¿Se investigarán los hechos denunciados y se determinarán las responsabilidades que correspondan?
No se trata de promover una revisión indiscriminada de todas las causas ni de sustituir las garantías de los procesados por una presunción general de culpabilidad de los funcionarios. “Se trata, enfatiza Elechiguerra, de exigir que la ley se aplique también a quienes ejercen el poder público”.
Y una pregunta final: ¿Estamos ante el comienzo de una rectificación institucional que alcanzará también a los procesos cuestionados y a las responsabilidades individuales que deban investigarse, o asistiremos a una modificación administrativa que cambia la distribución de los expedientes sin examinar las consecuencias de lo ocurrido?
Las respuestas tendrían que provenir de instituciones que recuperen su rol constitucional, mediante decisiones fundadas, investigaciones independientes y decisiones jurídicas que no dejen a las víctimas esperando indefinidamente por justicia.
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