Por Prodavinci/5 de noviembre de 2014
1. El aumento del salario mínimo
decretado por el presidente Nicolás Maduro recuperará el poder
adquisitivo de los venezolanos? ¿Por qué?
El incremento del salario mínimo ha sido
una de las medidas utilizadas por el Gobierno para mitigar el
incremento del costo de vida de los trabajadores, producto del
incumplimiento en las metas de inflación y de la necesidad de realizar
ajustes importantes de los precios de bienes básicos (como los
alimentos). No obstante, los incrementos considerables en el valor del
salario mínimo legal han significado mayores costos para los
productores, quienes exigen nuevos ajustes, resultando esto en un
círculo vicioso donde los salarios suben por la escalera, mientras que
los precios suben por el ascensor. El Gobierno también se ha visto
afectado por la medida. Sin ir muy lejos, el año pasado se tuvo que
sancionar una Ley de Endeudamiento Complementario para hacer frente al
incremento de sueldos decretado por el Ejecutivo.
En Ecoanalítica prevemos que los
salarios nominales de la economía se incrementen en promedio 53,2% este
año, lo que significará una contracción en términos reales de 10,9%.
El salario mínimo promedio ha mostrado
un crecimiento real anual de 2,5% entre 1998 y 2013, unos 1,8 pp por
encima del incremento del valor de la canasta alimentaria medida por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Aunque ello es positivo a
primera vista, en términos relativos el salario mínimo solo ha alcanzado
para cubrir 97,1% del costo de los alimentos básicos para poder
subsistir y deja poco, o casi nada, para el consumo de otro tipo de
bienes.Como si el incremento del precio de alimentos fuera poco, grupos
de bienes y servicios, que también pudieran considerarse básicos, han
mostrado incrementos interanuales importantes en los últimos 15 años,
como es el caso de los servicios de educación (19,8%), los servicios de
salud (23,4%) y el servicio de transporte (26,1%).
Otro aspecto destacable es que, aunque
voceros del Gobierno defiendan el incremento del sueldo mínimo, alegando
que este se ha encontrado por encima de la inflación, las
remuneraciones de casi todos los sectores económicos han crecido en
promedio menos que los precios de la economía, lo que se traduce en una
pérdida importante del poder adquisitivo. De acuerdo con datos
publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su informe anual
sobre la evolución de los precios y el mercado laboral, entre 2002 y
2012 solo las remuneraciones del sector construcción lograron crecer por
encima de la inflación (y por lo tanto en términos reales), mientras
que los sueldos del resto de los sectores no petroleros terminaron por
contraerse en términos reales.
El incremento del salario mínimo no solo
ha tenido un efecto limitado para lograr que las remuneraciones
crezcan, sino que ha llevado a que los sueldos del personal más
calificado converjan con las del personal no calificado. De acuerdo con
cifras del BCV, mientras que los salarios del personal no calificado y
de aquellos calificados como operarios crecieron 22,4% y 23,5% al año
entre 2002 y 2012, los sueldos de los profesionales y técnicos medios lo
hicieron a un ritmo de apenas 18,8% y 18,0%, respectivamente.
Lamentablemente, no hay data más reciente.
El incremento de los salarios tampoco ha
significado una mayor retribución a los empleados y obreros. De acuerdo
con datos del BCV, del total del valor agregado generado en la economía
en 2012 sólo el 32,3% llegó a manos de los empleados a manera de
remuneración, mientras que el 52,0% se mantuvo en manos de los
propietarios de las empresas a manera de remuneraciones al capital.
A pesar de 15 años de intentos por
implementar un modelo de “reparto de la renta” y de profesar la
transición desde el capitalismo hacia el socialismo, la participación de
los trabajadores sobre la tajada del valor generado sigue siendo menor
que en muchas economías calificadas como capitalistas, como por ejemplo
la de EE.UU. en donde el 52,7% del valor agregado se reparte en forma de
remuneraciones.
En Ecoanalítica consideramos que el
incremento —por ley— de los salarios no ha sido ni será una opción
viable para proteger el poder de compra de los trabajadores,
especialmente mientras continúan los problemas de inflación, en los
rubros básicos, en particular.
La dependencia de la renta petrolera
para la generación de empleo público poco productivo y la implementación
de programas sociales que ayuden a “maquillar” las cifras de inflación
tampoco son sostenibles, simplemente termina por hacer más volátil al
empleo frente a variaciones en los precios del petróleo.
Por último, la convergencia entre
salarios, derivada de aumentos que intentan no dejar atrás a los menos
favorecidos, pero que no toman en cuenta al resto, desincentiva la
profesionalización y capacitación y fomenta la fuga de capital humano.
Además de la conquista de un salario
mínimo que vaya más allá de la sola subsistencia, la inflación, la
generación de empleo productivo y la construcción de una estructura
salarial que incentive la capacitación son tareas pendientes para los
hacedores de política.
*
2. ¿Las decisiones que está
tomando el gobierno de Nicolás Maduro son las adecuadas en
circunstancias económicas como las que vive Venezuela?
Desde hace varias semanas la cesta
petrolera venezolana (CPV) viene cerrando en su nivel más bajo desde
diciembre de 2010, despertando temores entre los inversionistas
tenedores de deuda pública externa y entre empresarios y consumidores
nacionales, para quienes la disponibilidad de divisas de la nación es un
aspecto primordial.
Una caída prolongada de los precios del
crudo, afectados actualmente por un mercado inundado por la oferta OPEP y
no OPEP, no solo reduciría la capacidad de pago de la deuda externa del
Gobierno y de PDVSA (quienes en el próximo año afrontan compromisos por
US$12.016 millones), sino también significaría un importante golpe para
el actual esquema cambiario (que aún cuenta con mecanismos para la
asignación de dólares baratos) y pondría en riesgo la mayoría
parlamentaria que actualmente posee el chavismo, al limitar su
disponibilidad de fondos de cara a una campaña electoral de la cual
partiría con un nivel de popularidad que no supera actualmente el 30,2%.
El peso de la actividad petrolera, en
términos de exportaciones y contribución a los ingresos fiscales y valor
agregado, hace que una disminución de un dólar en el precio de
exportación de la CPV pueda tener consecuencias negativas importantes
para la Nación.
En primer lugar, una caída de un dólar
en el precio promedio de exportación del crudo, tomando en cuenta unos
volúmenes de venta cercanos a 2,07 millones de barriles diarios —mb/d—
(sin incluir derivados), implica una reducción de US$755,5 millones en
el valor de las exportaciones en un año. Si se consideran solo las
exportaciones generadoras de caja, que actualmente alcanzan 1,6 mb/d,
los ingresos que deja de percibir PDVSA por cada dólar que cae el precio
promedio de la CPV son de US$581,3 millones.
En relación con la generación de
ingresos fiscales, en Ecoanalítica estimamos que por cada dólar que
desciende el precio promedio del crudo, los impuestos y regalías que
paga la industria petrolera merman en US$250,3 millones.
Para 2015 el panorama no es nada
favorable. En Ecoanalítica prevemos que la caída de los precios del
petróleo continúe hasta un nivel cercano a US$70,0/bl para finales de
este año, y que luego sea levemente corregido a medida que el exceso de
oferta disminuya por el cierre de proyectos menos rentables, por lo que
el precio de la CPV promediaría US$80,0/bl para el año que viene.
A un precio promedio de US$80,0/bl el
flujo de ingresos en divisas de la economía sería de apenas US$54.903
millones en 2015, una caída de 16,0% respecto a lo estimado para 2014,
que se suavizaría en parte por la reducción de 19,0% en los envíos de
crudo a Cuba y Petrocaribe. En este escenario, el Gobierno se vería
obligado a “ajustar” las necesidades de divisas de la economía,
específicamente las que tienen que ver con la importación de bienes no
petroleros, que estimamos disminuirá en 20,0%.
Nosotros hemos venido insistiendo en que
la sostenibilidad fiscal y externa de la economía se puede conseguir
siempre que se lleve a cabo un conjunto de reformas que implicarían un
cambio importante en el modelo económico actual, siendo las principales:
1. La adopción de un
tipo de cambio cercano al de equilibrio, lo que permitiría ajustar las
importaciones y constituiría un incentivo a las exportaciones, al tiempo
que garantizaría un mayor ingreso fiscal al Estado y reduciría la
demanda especulativa de divisas.
2. La revisión de
los convenios petroleros, eliminándose los esquemas que afectan la caja
de PDVSA y que tienen un impacto anual de US$7.478,6 millones sobre los
ingresos en divisas de la nación.
3. La eliminación
del subsidio a la gasolina, el cual tiene un costo de oportunidad de US$
12.307 millones al año, el equivalente a más del 100,0% del servicio de
la deuda externa para el próximo año.
4. La moderación del
gasto público, lo que ayudaría a reducir su déficit y su monetización,
reduciéndose las presiones inflacionarias de origen monetario.
Creemos que a pesar de que el Gobierno,
quien encara un nuevo proceso electoral pronto, conoce los problemas por
los que atraviesa la economía y sus posibles soluciones, evadirá los
ajustes necesarios por su alto costo político y solo aplicará medidas
incompletas: devaluaciones a tipos de cambio más bajos que el de
equilibrio, desplazamiento de importaciones a mecanismos alternativos y
menor liquidez en la liquidación de divisas. 2014 fue una oportunidad de
oro pero ya casi termina sin mayores ajustes, solo queda prepararse
para un 2015 donde las turbulencias serán el pan de cada día.
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