En un
artículo publicado en The New York Times el presidente de la Asamblea Nacional
se refiere all anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba
y Estados Unidos y se pregunta si las sanciones a funcionarios del gobierno son
una compensación a los congresistas que rechazan la medida de Obama
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, firma un artículo
publicado en el diario estadounidense The New York Times en el
que explica los principales temas en los que trabaja el gobierno en materia
económica y analiza brevemente la reanudación de relaciones diplomáticas entre
Estados Unidos y Cuba.
Entre otros puntos, Cabello recuerda que el presidente Nicolás Maduro
nombró a un representante del país para que fuera embajador en Estados Unidos y
no ha recibido el placet para ello. Además, explica que desde Washington no ha
habido contactos con la comisión de alto nivel que encabeza para normalizar las
relaciones bilaterales.
A continuación, el artículo de Cabello:
Intimidando a Venezuela con los derechos
humanos
“Pareció una coincidencia desafortunada que justo cuando personas que
protestan contra la brutalidad policíaca fueron arrestadas en las calles de
Nueva York y otras ciudades, el Congreso de Estados Unidos aprobara una
resolución para sancionar a funcionarios del gobierno de mi país por presuntas
volaciones a los deredchos humanos durante las protestas que se produjeron
anteriormente este año.
Mientras el Congreso acusó al gobierno de Venezuela de tomar acciones
severas contra dirigentes de oposición, comunidades de negros en todo Estados
Unidos expresaron de forma enérgica su rechazo a los asesinatos de personas
negras por parte de policías. Mientras legisladores en el Capitolio criticaron
a oficiales venezolanos por violaciones de los derechos humanos, un reporte del
Senado estadounidense reveló el extenso uso de torturas por parte de la Agencia
Central de Inteligencia.
Las protestas antigubernamentales en nuestro país que comenzaron en
febrero provocaron la muerte de más de 40 personas, muchas de las cuales eran
afectas al oficialismo o inocentes sin ninguna tendencia política. De esas
muertes, un número significativo fue causado por manifestantes contrarios al
gobierno, que usaron la violencia para intentar sacar del poder a nuestras
autoridades electas democráticamente. En lugar de emplear métodos legales y
demostraciones pacíficas, tales manifestantes usaron barricadas y quemaron
objetos para bloquear calles. También fueron responsables de muertes de
numerosos motorizados con cables en las calles, que causaron decapitaciones.
Nuestro gobierno respondió de manera limitada, lo que permitió que esas
demostraciones de violencia se extendieran por meses. Se hicieron todos los
esfuerzos para asegurar que sólo los manifestantes que violaron expresamente
las leyes o causaron peligro en lugares donde otros habitan fueran detenidos.
Por ejemplo, los que quemaron unidades de transporte público con bombas molotov
o los que incendiaron las instalaciones de una universidad pública, fueron
arrestados e imputados (como lo fueron 17 funcionarios de seguridad del Estado
por uso excesivo de la fuerza contra personas desarmadas, que esperan juicio).
Eventualmente, nuestros ciudadanos se cansaron de las protestas y
tácticas incoherentes que sólo causaron caos e inseguridad en las calles. La
oposición perdió credibilidad. El líder de la coalición opositora Mesa de la
Unidad Democrática renunció posteriormente, por desacuerdos en esa
organización.
Después de la muerte de mi buen amigo y nuestro presidente, Hugo Chávez,
hace casi dos años, nuestro país ha afrontado serias dificultades, incluidos
problemas económicos. Como presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente
de l Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por Chávez, he trabajado
con el presidente Nicolás Maduro para hallar soluciones viables.
En respuesta a la caída de los precios del crudo, algo que perjudica
nuestra economía, estamos cortando en 20% el gasto público. Pero no cortaremos
ni reduciremos los fondos destinados a nuestros programas sociales clave, que
proveen asistencia médica esencial, educación y bienestar a nuestros
ciudadanos. También estamos tomando medidas para luchar contra la alta
inflación que afecta al país desde hace cerca de dos años, y estamos batallando
para eliminar el mercado negro del dólar que constituye un sabotaje a nuestro
sistema cambiario.
Algunos meses atrás, el presidente Maduro tuvo un gesto con la
administración Obama al nombrar a un posible embajador en Estados Unidos, e
invitó a Washington a nombrar un embajador en Venezuela. Maduro también designó
una comisión de alto nivel que encabezo, para retomar las relaciones con el
gobierno de Estados Unidos. A día de hoy, el presidente Obama no ha aceptado a
nuestro embajador ni ha ofrecido a alguien para que asuma ese cargo como
representabnte diplomático estadounidense en Venezuela. Y no ha habido señales
desde Washington de intentos para establecer acuerdos con la comisión que
lidero.
Imponer sanciones contra una nación que no ha causado daños a Estados
Unidos no es la forma de establecer una relación constructiva. Las medidas
unilaterales contra otros países usualmente han fallado y han sido rechazadas
por la mayor parte de la comunidad internacional.
En Cuba, un embargo comercial de décadas dio como resultado grandes
dificultades para el país caribeño, pero fracasó en el objetivo estadounidense
de poner fin a la revolución. Las Naciones Unidas votaron en numerosas
ocasiones a favor del levantamiento de ese embargo, lo que demostró cuán
aislado ha estado Estados Unidos en esa política. Sería lamentable y digno de
reproche que las sanciones contra Venezuela, a las que en principio se opuso la
Casa Blanca, se conviertan en una vía para que la administración Obama intente
apaciguar a quienes en el Congreso se oponen a la histórica reanudación de las
relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.
La mayoría de los venezolanos, sin importar sus preferencias políticas,
rechazan tales sanciones y las ven como una agresión sin sentido. No nos
intimidarán los esfuerzos para debilitar o desacreditar a nuestro gobierno.
Hemos
tratado de actuar para mejorar las relaciones con la administración Obama, pero
nos han rechazado. No nos queda más que imaginar si la agenda de las sanciones
constituye un intento de distraer a la opinión pública de la revelación de
violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad y
defensa de Estados Unidos”.
Vía El Nacional
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