Adolfo Taylhardat
Lo que tenemos en Venezuela no merece ser llamado justicia. Estoy de acuerdo con que no se puede generalizar. Debe haber uno que otro juez decente, apegado a su sagrado deber de impartir justicia de manera imparcial y objetiva. Pero aun estos tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas, porque si la sentencia que dictan, por muy ajustada a derecho que sea, no le gusta al ilegítimo o a algún jerarca del régimen, pueden ser calificados de traidores a la patria y ser sentenciados a 30 años, como sucedió con la jueza Afiuni. Pero el manejo de la justicia por algunos jueces es tan escandalosamente rastrero que inevitablemente desprestigia todo el sistema judicial.
Las denuncias contra algún personaje del gobierno no prosperan, los recursos contra los atropellos del régimen son desestimados, las apelaciones contra decisiones injustas de los tribunales se estrellan contra un muro de arbitrariedades en las instancias de alzada y del más alto órgano del sistema judicial.
La manipulación de las audiencias –el caso del juicio a Ledezma es un ejemplo (ante la inminencia de la llegada del expresidente español Felipe González, la audiencia contemplada para el lunes pasado, fecha en que debía llegar el ilustre personaje, fue cancelada sin ton ni son)–, las ausencias deliberadas de jueces o de empleados de los juzgados, los recesos caprichosos de los tribunales, la radicación de los juicios en sedes tribunalicias escogidas arbitrariamente, el ventajismo en la presentación de testigos, los retardos judiciales, el uso arbitrario de centros militares para la reclusión de imputados, el hostigamiento a los detenidos, el encarcelamiento mediante acusaciones o imputaciones sin fundamento y desprovistas de pruebas, la violación flagrante de normas expresas y taxativas de procedimiento, las interpretaciones caprichosas de disposiciones legales y hasta de las constitucionales, son solamente algunos ejemplos de las arbitrariedades en que incurren los órganos de justicia para complacer a sus titiriteros. En muchos casos los procedimientos judiciales son simples y odiosos medios de tortura psicológica
Los informes de organizaciones internacionales denunciando los vicios, arbitrariedades, abusos y atropellos de toda índole que rodean el funcionamiento de la justicia en Venezuela son olímpicamente ignorados y son empleados como justificación para vituperar contra el órgano que levantó el informe. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes del Consejo de Derechos Humanos, el informe del Subcomité Contra la Tortura y los Tratos Crueles e Inhumanos son groseramente desdeñados.
Todo esto es ampliamente conocido no solo en Venezuela sino en todo el mundo. El régimen que desgobierna a Venezuela es conocido internacionalmente por su ruindad, su perversidad. Venezuela figura en el lugar más bajo en todas las clasificaciones que vigilan el desempeño de los gobiernos y el régimen del ilegítimo se ha hecho merecedor de los calificativos más despreciativos.
La insolente decisión de prohibir salir del país a una serie de distinguidas personalidades del periodismo ha colocado al régimen en los titulares de todos los diarios del mundo y ha generado un movimiento internacional de solidaridad con los periódicos y los directivos afectados por la medida. Si alguien dudaba todavía de la naturaleza dictatorial del régimen madurista, esta decisión despeja toda duda acerca del grado de sumisión en que se encuentra el sistema judicial en Venezuela.
El carácter arbitrario, inicuo y contrario al derecho de esa decisión ha sido ampliamente señalado tanto por las personas afectadas como por distinguidos juristas venezolanos y extranjeros. Es una decisión que carece absolutamente de sustento legal. El alegato de difamación es simplemente un subterfugio para afincar la arbitrariedad. Si lo que buscaba el iniciador del proceso que condujo a esa medida era desmentir las autorizadas revelaciones acerca de su involucramiento en las actividades del tráfico de drogas, de corrupción y su papel al frente del llamado Cártel de los Soles, lo que ha logrado ha sido todo lo contrario. El resultado es que la opinión pública internacional ha visto cómo la libertad de prensa es violada en Venezuela solo para satisfacer a un capitoste que pretende negar lo que es vox populi. Los editores del diario El País han anunciado que presentarán ante un tribunal en España las evidencias que tienen acerca de la conducta delictual de ese personaje.
Con esa medida la jueza María Eugenia Núñez ha instituido una nueva modalidad de impartir injusticia y crea una nueva forma de agredir a la disidencia. De “golpe y porrazo”, de manera indiscriminada impone prohibición de salida del país a 22 personas sin indicar cuál es su grado de participación –si es que tuvieron alguna– en el supuesto delito que se les imputa. El solo hecho de formar parte de la directiva de un periódico los ha convertido en delincuentes, en autores de un delito que no existe porque reproducir una información periodística no es crimen en ningún lugar del mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que un periódico no puede, y mucho menos su directivos, ser responsabilizados por publicar fielmente informaciones que han sido divulgadas por otros medios.
La medida es una muestra más de cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como instrumento de represión por el poder político.
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