Bajo cualquier estándar político o académico en Nicaragua los pocos
vestigios de ser un país democrático desaparecieron una vez que los
magistrados de la Corte de Justicia aprobaran, violando la Constitución,
la reelección de Daniel Ortega en 2011, y desde entonces crearon
garantías para su reelección otra vez (y de manera indefinida) en
Noviembre 2016, cunado anularon al partido de oposición de Eduardo
Montealegre, y legitimaron a un partido decorativo. El resultado de este
cálculo político fue garantizar un fraude, y eliminar todo posible
liderazgo opositor que pudiese reclamar la ilegitimidad del proceso
político.
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