Tuesday, November 10, 2026

Editorial El Nacional: Condenas cumplidas pero las rejas siguen cerradas

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¿De cuántas formas habrá que reclamar que liberen a los presos políticos? Mientras se desmonta el Campamento Dignidad que se mantuvo durante 304 en brva lucha a las afueras de El Rodeo I, veintiún (21) presos militares iniciaron una huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde. Detenidos el 21 de enero de 2019, habían sido condenados a 7 años y 9 meses de prisión. La pena se cumplió el 24 de octubre. No hay boleta para la libertad.

Los 21 sargentos, ahora en huelga de hambre, figuran en el expediente de la Causa Cotiza. Hace referencia a un levantamiento militar en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Cotiza, al noreste de la ciudad capital, en las faldas del Parque Nacional El Ávila. Participaron cerca de una treintena de funcionarios, que finalmente son capturados y trasladados a la prisión de Ramo Verde, salvo dos de ellos que fueron enviados a la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. Hubo denuncias de torturas contra los líderes de la revuelta.

El abogado defensor, Miguelangel Forero Terán, cuestionó los retrasos en los procesos judiciales y el silencio ante las denuncias de tortura. Los familiares de los militares califican la situación, con acierto, como un “secuestro técnico”: las penas están cumplidas, pero las autoridades no ejecutan las órdenescorrespondientes para la excarcelación. 

Cuando los hicieron presos era un tiempo de protestas contra Nicolás Maduro quien se declaró vencedor de unas elecciones cuestionadas en 2018. Cuando les niegan la libertad que merecen se pregona acerca de la convivencia y la reconciliación. A las cabezas del régimen les cuesta ponerse a derecho.

Kely Rico, hermana de Jorge Rico Arrieta, uno de los sargentos en huelga de hambre, advierte, como lo recoge El Nacional, que con las penas cumplidas ahora se les quiere imputar el cargo de terrorismo. Una maniobra judicial para impedir la excarcelación.

Los presos y sus familiares reclaman la intervención del Programa para la Convivencia y la Paz Democrática, creado a principios de este año 2026 y al que se suelen referir los voceros oficiales cuando anuncian decisiones sobre presos políticos o sobre el desbloqueo de los medios. El Programa nació en Miraflores y parece que se activa desde allí.

Tan fácil que ha resultado encarcelar a cualquier venezolano, sin prestar el mínimo respeto a la letra constitucional, y tan caro que resulta abrir una reja. ¿Quién tiene la llave? ¿Hay varias llaves? Es el momento de crear un ministerio del poder popular con gente al frente experta en abrir cerraduras.

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