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En la madrugada del jueves, unas cuantas horas antes de que se instalara la mesa de diálogo político, se supo de la muerte en soledad y bajo arresto domiciliario de José Ricardo “Pepe” Breijo Fedorchenko, un ciudadano uruguayo que llegó a nuestro país en 1979 y se hizo venezolano. Una víctima más del Estado. ¿Se habrá guardado un minuto de silencio en su memoria al inicio del diálogo entre el interinato y un sector de la oposición? La pregunta es pertinente porque entre los principios que suscribieron las delegaciones está la “protección de los derechos humanos”.
A Breijo, en vida, nunca se le respetaron y protegieron sus derechos humanos. De poco o muy poco o casi nada valieron las garantías establecidas en la Constitución, que por peso pesa más que el comunicado de ayer noche emitido desde el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar en La Carlota. Un búnker a prueba de periodistas y otros intrusos, según esta reseña.
Mientras se promete “buena fe”, sigue muriendo gente en las cárceles o prisionera en sus casas. La historia de José Breijo desnuda la podredumbre de la justicia en Venezuela. Fue detenido en 2023 y acusado de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Pasó más de dos años tras las rejas, la mayor parte en la cárcel de Tocuyito -oficialmente Internado Judicial de Carabobo- donde ocupó una celda diseñada para 60 personas pero había 216. “Para sentarme, otro se tenía que parar. Para acostarme, se tenían que mover dos. Si me paraba contra la pared, molestaba. Era una tortura”, le relató al diario El País de Montevideo
Breijo fue excarcelado el 24 de mayo pasado con su salud muy agravada, a causa de un edema pulmonar y úlceras en las piernas. Una comisión policial lo trasladó hasta el edificio donde vivía en Bello Monte y con ayuda de vecinos, le era difícil caminar, pudo entrar y al llegar a su apartamento lo encontró ocupado. “El policía que me metió preso puso acá a una familia”, contó al medio uruguayo. Pasó varios días durmiendo en el pasillo sobre un colchón prestado, hasta que le devolvieron su vivienda, sin ninguna de sus pertenencias adentro.
Tras recuperar el apartamento, Breijo presentó un severo cuadro respiratorio y fue trasladado a un centro asistencial por intermedio de la Defensoría del Pueblo y un tribunal de terrorismo: “Llamaron a una ambulancia y me mandaron a una clínica privada pagada por el Estado. Hubo un momento en el que yo no hablaba y casi no comía. Caí en un sopor y me debilité mucho. Estaba entre algodones, creo que iba camino a esa luz blanca al final del túnel. Pero en la clínica me rescataron, me revivieron”, le dijo a El País de Montevideo.
Fue dado de alta casi tres semanas después y volvió a su casa a cumplir su arresto domiciliario. Y a morir sin nunca recobrar su libertad plena.
Tenía 71 años, había llegado al país con 24 años harto de la dictadura de su país, que recobraría la democracia en 1985. No volvió nunca más, trabajó la mayor parte del tiempo en hotelería y fue un entusiasta de Chávez, no así de Maduro. “Si no me liberan, estaré cumpliendo la pena hasta que caiga el gobierno. Ahí soltarán a todos los presos, entre ellos yo”. La muerte llegó antes. El Estado que se niega a abrir las prisiones injustas, tampoco cuida las vidas bajo su custodia.
