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Saludos,
La guachafita con la designación del nuevo Fiscal y Defensor tiene un guión clarito. Vamos a explicárselos sin anestesia:
Designarán a un Defensor del Pueblo “potable”, presuntamente de la oposición, para que administre una nómina y haga unos informes anuales que nunca se equipararán a los que hacen Provea, Cofavic o Encuentro, Justicia y Perdón, por citar solo 3 organizaciones de las muchas competentes y serias en materia de derechos humanos.
Es Defensor del Pueblo así designado defenderá a los suyos, porque al pueblo solo lo podrá defender quien de verdad haga valer la soberanía popular expresada en unas elecciones.
Además, con ese Defensor del Pueblo en manos de alguien que haya tenido militancia política en partidos políticos de la oposición (por ejemplo, Marialbert Barrios) no solo se violará la constitución, sino que además se edulcorará la designación que de verdad tiene peso en este momento: la de Larry Davoe en la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo será como el antiácido para que el país se trague al Fiscal que terminarán designando y esto lo venderán como un logro.
Esperemos que en Washington no estén confundiendo dos cosas muy distintas: que el Presidente de Estados Unidos designe a su Fiscal General (mecanismo que ha convivido con la democracia americana durante siglos) no es comparable a que el régimen venezolano designe al suyo para seguir teniendo la llave maestra de las cárceles y la represión. En Venezuela el Fiscal lo designa la Asamblea Nacional, teniendo como antesala un proceso que supone participación de la sociedad civil.
Si al final las cosas ocurren de esta manera y no designan como Fiscal a quien reúna las condiciones que la constitución exige, no significará que los cambios que todos esperamos hayan quedado definitivamente descarrilados, pero sí que será una señal negativa a la que habrá que prestarle atención.
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