EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/05/la-carceles-apestan/
Los reclusos del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) piden la destitución del ministro del poder popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, y del recién nombrado director de esa prisión, Elvis Macuare Guerrero. ¿Cómo es posible que García Zerpa siga en el cargo después de la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, que fue ocultada durante diez meses? Situaciones gravísimas ocurren a diario en Venezuela pero siguen sin tener consecuencias. Nadie se hace responsable, razón de sobra para reiterar que están inhabilitados para gobernar.
Hay nuevo fiscal general (Larry Devoe) y nueva defensora del pueblo (Eglée Gonzalez Lobato). Es un alivio saber que el fiscal de la represión fue reemplazado pero la actuación de su sucesor y de la persona designada en la defensoría no se corresponde con la de un país en urgencias.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reproduce en su cuenta de X las denuncias de los presos del INJUBA que los llevaron a protestar y a tomar el recinto carcelario porque estarían siendo sometidos a "requisas violentas” en las que les destruyen sus pertenencias; también por haber sido víctimas de “golpizas y torturas”. Más de 120 presos permanecen castigados en celdas de aislamiento.
El OVP publicó en sus redes sociales las imágenes de los presos sobre las torres del penal como parte de su protesta, además de otras en las que se observan a reclusos con heridas en sus cuerpos. “Esta situación pudo haberse evitado si la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público hubiesen cumplido con el rol que les corresponde”. La ONG exige a esos funcionarios que salgan de sus oficinas y que se dirijan inmediatamente a la sede del Internado Judicial de Barinas.
El INJUBA fue inaugurado en 1963 con una capacidad para albergar 450 reclusos, que está más que duplicada. Dispone también de un anexo femenino. Mujeres y hombres padecen las mismas condiciones de degradación tanto en el trato como en la atención sanitaria. Un panorama que se repite en el sistema carcelario del país como ilustra de manera suficiente el Observatorio de Prisiones en su sitio web.
El Estado venezolano ha dado suficientes muestras de que está imposibilitado para cumplir los mandatos de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población en general, mucho menos de quienes están bajo su custodia en las prisiones del país, sea por razones políticas o por delitos comunes. La indolencia, la ineptitud y la irresponsabilidad solo conducen a más desesperación y a más dolor en miles de familias venezolanas que tienen algún ser querido tras las rejas y que temen con toda razón por sus vidas. El fiscal Devoe y la defensora González Lobato tienen que actuar sin demora. Sus atribuciones constitucionales se los permite y se lo reclama
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