EN: https://www.elnacional.com/editoriales/2026/07/y-los-presos-siguen-presos/
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabiliza la existencia de 518 presos políticos, 64 mujeres entre ellos. Bastantes más que el registro de Foro Penal, cuya cifra es de 372 (25 mujeres). El Estado perdió la cuenta de cuántos opositores políticos metió en las cárceles después de desatar su “furia bolivariana” para acompañar el fraude electoral de 2024. La cantidad, en cualquier caso, es inaceptable y prueba que el régimen sigue administrando a su antojo a quien concede la libertad. La reconciliación y la convivencia fueron tan solo consignas oportunistas.
Justicia, Encuentro y Perdón no se cansa de advertir, tras los terremotos del 24J, que la vulnerabilidad tras las rejas es total. La población carcelaria está aislada comunicacionalmente y se desconoce la existencia de protocolos de evacuación segura ante emergencias. Las muertes ocurridas bajo custodia del Estado -más de una veintena, según diversos registros- ni siquiera estremecen a las autoridades. JEP alerta que hay al menos 38 presos que padecen enfermedades graves que requieren asistencia médica especializada y otros 20 adultos de la tercera edad “sufren un encierro incompatible con su condición”.
El 95% de los fallecimientos en las cárceles es, precisamente, por la carencia de atención sanitaria oportuna, según se lee en el sitio web del Observatorio Venezolano de Prisiones, organización civil que desde 2002 hace seguimiento de la situación de los derechos humanos en las cárceles venezolanas, tanto de presos comunes como políticos.
La población carcelaria es de 58.714, de acuerdo a datos ofrecidos por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de los cuales 12.455 llevan más de dos años detenidos sin sentencia, y más de 8.000 permanecen encarcelados en centros de detención preventiva en los cuales no deberían estar por más de 48 horas.
El fiscal Larry Devoe, citado por el Observatorio de Prisiones, indicó que 75% de los presos condenados admitió los hechos de los que se les acusa. El dato esconde la realidad carcelaria: “Cuando una persona enfrenta años de prisión preventiva, hacinamiento, condiciones indignas de reclusión, falta de atención médica, alimentación insuficiente, escasez de agua potable y la incertidumbre de no saber cuándo será juzgada, la admisión de los hechos deja de ser una simple decisión jurídica y puede convertirse en una estrategia de supervivencia”, apunta el OVP.
Seis meses después del 3 de enero, el interinato de Delcy Rodríguez sigue sin resolver de manera definitiva sobre la liberación de los prisioneros políticos; tampoco el Fiscal y la Defensora del Pueblo, de reciente y polémica designación, se han ocupado de investigar las muertes de detenidos que se encontraban bajo protección del Estado, ni han tomado medidas para mejorar las condiciones carcelarias que padecen más de 50.000 personas, la amplia mayoría por delitos comunes.
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